Las comunidades reprochan a Sanidad la ausencia de medidas en el Interterritorial tras una nueva semana de huelga

Redacción
En un Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (Cisns) previsto para el reparto de fondos de salud mental, las comunidades autónomas han echado en cara a Mónica García la ausencia de medidas en torno al Estatuto Marco y la huelga médica. Los consejeros de Sanidad han lamentado la falta de avances justo en el momento en que se cumple la cuarta semana de paros desde que comenzó 2026.

Los titulares autonómicos de sanidad han mostrado su descontento con el estancamiento de la situación. Alejandro Vázquez, consejero de Sanidad de Castilla y León, ha manifestado que no volverá a participar en un Consejo Interterritorial de Salud hasta que la ministra Mónica García, a la que ha considerado como la ministra de Sanidad «más incompetente de la historia de España» aborde de forma «seria y profunda» la huelga de médicos y técnicos sanitarios.

Alejandro Vázquez ha manifestado que no volverá a participar en un Consejo Interterritorial hasta que se aborde la huelga de forma «seria y profunda»

Un descontento personalizado en Mónica García que también ha compartido el consejero de Sanidad gallego, Antonio Gómez Caamaño, quien ha señalado que si la ministra «no está capacitada para llevar este problema e intentar solucionarlo, lo que tiene que hacer es dejar paso a otra persona«.

Por su parte, el portavoz de Sanidad del Partido Popular (PP) en Aragón, Fernando Ledesma, ha denunciado «el boicot del Gobierno de España, a través del Ministerio de Sanidad, a la sanidad pública» argumentando que «su negativa a negociar el Estatuto Marco con los médicos está provocando el conflicto actual y sus consecuencias asistenciales«.

Antonio Gómez Caamaño ha señalado que si la ministra «no está capacitada para llevar este problema e intentar solucionarlo, lo que tiene que hacer es dejar paso a otra persona»

En esta línea, se ha expresado también María Martín, consejera de Sanidad de La Rioja, que ha expresado su malestar con el Ministerio de Sanidad, al que acusa de «mirar hacia otro lado» al no incluir la huelga de profesionales sanitarios entre los temas tratados en el Consejo Interterritorial.

Reparto de la financiación para salud mental

Como estaba previsto, el Consejo Interterritorial ha aprobado este viernes los criterios para destinar 39 millones de euros al Plan de Acción de Salud Mental y 17,83% millones de euros al Plan de Acción para la Prevención del Suicidio. Las comunidades autónomas y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) deberán ahora presentar las memorias técnicas y económicas de los proyectos para acceder a la financiación. Estos deben incorporar obligatoriamente criterios relacionados con la orientación comunitaria, la garantía de derechos humanos y la equidad.

El Ministerio ha explicado que la orientación comunitaria supone situar a la persona «en su entorno social, familiar y comunitario», en base a factores biológicos, psicológicos, sociales, culturales y económicos. En este marco, los proyectos podrán incluir intervenciones individuales y familiares, actuaciones grupales o iniciativas coordinadas con recursos comunitarios.

La cuantía de los fondos también ha servido para acrecentar el enfado de las comunidades. Vázquez ha detallado que «el Ministerio de Sanidad dedica exclusivamente 0,8 céntimos de euro para el plan de salud mental y 60.000 euros para el plan de cuidados de enfermería» para cada ciudadano de Castilla y León. Y ha incidido en que esta aprobación llega «a las puertas de nuevos conflictos laborales y en medio de una nueva semana de huelga del colectivo médico». Por su parte, Juan José Pedreño, consejero de Salud, ha expresado su «descontento» ante una «insuficiente financiación» para estos planes por parte del Ministerio de Sanidad.

Criterios para la financiación

Entre las actuaciones que se van a financiar se encuentran el fortalecimiento de centros de día, equipos móviles de atención comunitaria, programas de hospitalización domiciliaria y proyectos de intervención en barrios y entornos comunitarios. Por el contrario, no se financiarán iniciativas centradas exclusivamente en el aumento de camas o en reformas estructurales de hospitales de media y larga estancia.

En relación con los derechos humanos, los proyectos deberán garantizar la dignidad, la autonomía personal y el consentimiento informado de las personas usuarias, en línea con los estándares internacionales como el instrumento QualityRights de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Las iniciativas deberán orientarse a reducir desigualdades sociales en salud mental y priorizar colectivos vulnerables

Asimismo, podrán impulsarse actuaciones dirigidas a reducir las contenciones mecánicas, desarrollar modelos de «puertas abiertas» en dispositivos de hospitalización e incorporar mecanismos de evaluación participativa por parte de usuarios y familias. El acuerdo excluye la financiación de actuaciones que promuevan prácticas coercitivas o restrictivas de derechos.

La equidad es otro de los criterios obligatorios para aprobar los proyectos. Las iniciativas deberán orientarse a reducir desigualdades sociales en salud mental y priorizar colectivos vulnerables, como personas en situación de sinhogarismo, menores en el sistema de protección o mujeres víctimas de violencia de género.

Respecto a la prevención del suicidio, las actuaciones han de estar dirigidas a poblaciones de alto riesgo e incorporar mecanismos de evaluación que permitan analizar los resultados desde una perspectiva de equidad.

A su vez, este acuerdo incorpora criterios de excelencia para la identificación de buenas prácticas dentro del Sistema Nacional de Salud. Es el caso de la participación activa de usuarios y familiares en la toma de decisiones, el trabajo intersectorial sobre determinantes sociales de la salud y la incorporación de expertos por experiencia en el diseño, implementación y evaluación de proyectos.

También se valorarán actuaciones que establezcan mecanismos estables de coordinación entre ámbitos como sanidad, servicios sociales, vivienda, empleo o educación. Los fondos se enmarcan en la Estrategia de Salud Mental 2022-2026 y en los planes de acción aprobados para salud mental y prevención del suicidio.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *