Bolivia acaba de cruzar una frontera que llevaba años evitando: dejó atrás el dólar fijo de Bs 6,96 y adoptó una flotación administrada, con un tipo de cambio oficial que arrancó en Bs 9,73. Mucho se ha dicho sobre lo que cambia hoy. Poco se ha dicho sobre lo que realmente importa: qué tiene que ocurrir para que este nuevo régimen se consolide de forma ordenada.
Hay un camino posible donde esto funciona. No es el único escenario imaginable, pero es el que conviene construir, porque distribuye el costo del ajuste en el tiempo, en lugar de concentrarlo en una crisis futura. Y ese camino no depende de una sola decisión ni de una sola institución, sino de que cada autoridad cumpla el rol que le corresponde.
Al Banco Central de Bolivia (BCB) le toca administrar la volatilidad del nuevo régimen, no fijar un precio. Es un rol técnico y exigente el de calcular el Tipo de Cambio Oficial (TCO) con transparencia, publicarlo cada noche y dejar que refleje las condiciones reales del mercado. Cuando ese precio se mueve, no es una falla del sistema; es la señal que el régimen necesita para funcionar. La credibilidad de una flotación administrada se construye precisamente así, dejando que el tipo de cambio se ajuste cuando el mercado lo pide, mientras el instituto emisor administra la velocidad de ese ajuste para evitar sobresaltos innecesarios.
Al Órgano Ejecutivo, en coordinación con el BCB tal como establece la propia normativa, le corresponde la disciplina fiscal. Un déficit financiado con expansión monetaria presiona la demanda de dólares y alimenta las expectativas de depreciación que el nuevo régimen busca evitar. Sostener las cuentas públicas es la condición que permite que el ajuste cambiario sea gradual y no abrupto.
Al equipo económico le toca también la negociación con el Fondo Monetario Internacional y otros organismos multilaterales. Cerrar un acuerdo en las próximas semanas puede traer desembolsos externos que no resuelven el problema de fondo (la economía boliviana lleva años generando menos divisas de las que necesita), pero sí compran tiempo. Ese tiempo es valioso si se usa para ordenar la transición.
La política monetaria tiene, además, una tarea de comunicación: evitar que el ajuste del tipo de cambio se traduzca en una espiral de indexación de precios. Eso exige mensajes claros y, sobre todo, consistencia entre lo que se anuncia y lo que ocurre semana a semana.
Pero ningún ajuste cambiario, por bien administrado que esté, sustituye lo que Bolivia más necesita, que es generar más dólares propios. Aquí entra el rol del sector productivo y de las políticas que lo acompañan. El tipo de cambio real del país lleva años en niveles bajos, señal de pérdida de competitividad frente al resto del mundo. Un ajuste gradual al alza en el tipo de cambio nominal puede devolver parte de los incentivos a exportar, sustituir importaciones y retener divisas en el sistema formal, pero solo si existen condiciones que permitan a la inversión productiva responder: reglas claras, financiamiento accesible y previsibilidad regulatoria.
El fin de más de 50 días de bloqueos ofrece, en ese sentido, una oportunidad. La normalización de la actividad puede traducirse en más producción y más exportación, no solo en más importación. Bolivia necesita que esa recuperación se incline también hacia la oferta de divisas.
El mejor camino exige que cada institución cumpla su parte: que el BCB administre la volatilidad con transparencia, que el Órgano Ejecutivo sostenga la disciplina fiscal, que se consolide el apoyo externo y que la política productiva genere condiciones para exportar más. Si esas piezas se alinean, Bolivia puede convertir el sinceramiento cambiario del 29 de junio en el inicio de una corrección ordenada.
