La crisis del sistema judicial ha ingresado en una nueva fase. Ya no se expresa únicamente a través de la corrupción estructural, la retardación de justicia o la captura de decisiones por redes de poder dentro de una lógica plutocrática. Se manifiesta además en una confrontación abierta entre el Órgano Judicial y el poder político. La postura de incrementar en un 5% el presupuesto destinado al Órgano Judicial y el rechazo del presidente del Tribunal Supremo de Justicia a la iniciativa legislativa de designar directamente a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y del Tribunal Constitucional Plurinacional revelan un conflicto institucional que trasciende el debate presupuestario y coloca en discusión en una especie de Game of Thrones.
La precariedad financiera del sistema judicial es un problema histórico sin duda. Resulta contradictorio exigir eficiencia, transparencia y celeridad a una institución cuyo presupuesto representa una fracción mínima del gasto público. Sin recursos suficientes no existe posibilidad real de fortalecer la infraestructura judicial, modernizar los despachos, incorporar tecnología, ampliar la cobertura territorial ni mejorar las condiciones laborales de jueces y funcionarios. La justicia termina funcionando bajo una lógica de supervivencia institucional que inevitablemente afecta la calidad del servicio prestado a la ciudadanía.
Escenario propicio para actos de corrupción y generación de consorcios ligados al poder político y poder judicial. Sin embargo, tampoco puede sostenerse que un incremento presupuestario constituya, por sí mismo, la solución a la profunda crisis judicial. Nuestra sociedad difícilmente respaldará mayores asignaciones económicas si éstas no vienen acompañadas de mecanismos efectivos de transparencia, control institucional y rendición de cuentas. Financiar un sistema sin transformar sus estructuras de funcionamiento únicamente incrementaría el costo de una crisis que permanece intacta. Una especie de premio o dádiva a un sistema carente de credibilidad y de confianza.
Son evidentes las tensiones para administrar el poder. Se encuentra en tensión la delimitación efectiva entre los órganos del poder y el alcance del principio de separación e independencia de funciones previsto por nuestra CPE en su artículo 12. Cuando el poder político pretende sustituir mecanismos constitucionales por soluciones circunstanciales, el riesgo de cooptación política partidaria del sistema judicial aumenta considerablemente, más aún en el actual contexto de una Asamblea Legislativa Plurinacional en confrontaciones focalizadas entre las bancadas que responden a Samuel Doria Medina, Jorge Quiroga Ramírez y Manfred Reyes Villa en apariencia de “oposición” y las bancadas oficialistas confrontadas, una que responde al presidente Paz y otra al vicepresidente Lara.
No obstante, esta disputa por el poder de los actores coyunturales, la defensa de la independencia judicial tampoco puede confundirse con la defensa del estado actual del sistema. La autonomía institucional no constituye un privilegio corporativo ni una patente de inmunidad frente a las críticas sociales. Un órgano judicial independiente debe demostrar simultáneamente integridad, eficiencia, transparencia y capacidad de auto reforma. De lo contrario, la reivindicación de independencia pierde legitimidad ante una ciudadanía que percibe a la justicia como uno de los espacios con mayor desconfianza pública.
La discusión de fondo no consiste únicamente en quién designa magistrados o cuánto presupuesto recibe el Órgano Judicial. El verdadero debate debe orientarse hacia la construcción de un modelo de justicia capaz de romper definitivamente los vínculos entre corrupción, dependencia política e ineficiencia administrativa. Ello implica profesionalizar la carrera judicial mediante concursos públicos transparentes y periódicos, fortalecer los mecanismos disciplinarios, implementar sistemas digitales con trazabilidad integral de los procesos, establecer auditorías permanentes sobre el patrimonio y desempeño de operadores de justicia y consolidar verdaderos mecanismos de control ciudadano que no estén ligados a los denominados “controles sociales” que en los hechos lo único que hacen es coaccionar y amenazar a los servidores públicos del órgano judicial para obtener determinaciones judiciales espurias, “gestiones” por las cuales cobraron anticipadamente; degenerando la naturaleza del control social estafando y aprovechándose de la ciudadanía en general.
Se precisa comprender que no existe democracia sólida sin una justicia independiente, pero tampoco existe independencia judicial sin legitimidad social. Ambas condiciones son inseparables. Un Poder Judicial financieramente debilitado y políticamente presionado difícilmente podrá garantizar derechos fundamentales. Del mismo modo, un sistema judicial que administre mayores recursos sin corregir sus deficiencias estructurales únicamente profundizará el descrédito institucional.
Por lo que la actual confrontación entre el Órgano Judicial y el poder político debería constituirse en una oportunidad para impulsar una reforma integral y no para profundizar disputas de poder. La justicia no puede seguir siendo el escenario donde se dirimen intereses partidarios ni el botín institucional de las coyunturas políticas.
Si el país aspira a consolidar un verdadero Estado Social, Democrático y Constitucional de Derecho, la discusión debe abandonar las soluciones improvisadas y orientarse hacia transformaciones estructurales que garanticen independencia, transparencia, eficiencia y acceso igualitario a la justicia para todos los bolivianos.
