El país, luego del bloqueo de caminos más largo de nuestra historia, una crisis compleja –económica, política e institucional– que no deja de profundizarse y un sistema político que no representa su diversidad política y social, no tiene la capacidad política necesaria (partidos políticos y una Asamblea Legislativa Plurinacional, ALP) para encarar constructivamente este cruce de época.
Es un cruce de caminos. Quedan atrás dos décadas en las cuales el Estado fue el centro de la gestión de la economía y el desarrollo y, en paralelo, el tiempo que maduró un proceso de enorme inclusión social que poca gente niega. Al mismo tiempo, este tiempo inmediato se cruza con la memoria de otros 20 años, los de las décadas 80 y 90, cuando la línea de superación de la crisis –caída del precio del estaño, deuda externa impagable y una hiperinflación imparable– fue el neoliberalismo.
En este escenario, mezcla de tiempos y alternativas contrapuestas y un enfrentamiento largo que ha vuelto a partir el país, vivimos una crisis difícil y la gestiona un gobierno poco consistente, sin más ideas que sostenerse. Es un tiempo confuso de la política y una representación política deficiente, sobre todo en la ALP, que impide los consensos políticos necesarios para la conducción gubernamental a la altura de una crisis de Estado.
Problemas arrastrados
Para empezar, arrastramos dificultades y precariedades que ya debieron ser resueltas. La principal, la problemática del combustible por su pésima calidad y los graves como masivos daños que causa; al respecto, los análisis de laboratorio de la UMSA son lapidarios. Hemos vuelto a subsidiar su costo –gasolina y diésel– sin antes haber resuelto nada y ni acordarnos de los publicitados 10 millones de dólares que íbamos a ahorrar por día. Al mismo tiempo, nadie aclara la sombra de corrupción en las adendas con sobreprecios que extendieron los contratos del anterior gobierno. Ante un tema tan acuciante, el ministro del ramo no quiere responder la elemental pregunta de cuándo se regulariza la provisión del combustible, porque dice que no es adivino, etcétera.
En otro de los frentes calientes, está el narcotráfico, que ha alcanzado cotas industriales. Tal es la magnitud, que la descubrieron las aduanas y policías de Chile y Brasil, dado su valor, porque en el país se desplegaron sin el menor contratiempo o reporte. Nuestras aduana y policía antinarcotráfico se enteraron por la prensa, a pesar de que la madera impregnada de droga cruzó medio país. Para talar y tablonear 1.000 toneladas de madera –necesarias para mimetizar más de 100 t de droga– intervinieron unas 15 empresas forestales-madereras y, a pesar de semejantes volúmenes, solo hay pesquisas preliminares. Otro tema que está suspendido en el aire y del que solo flotan sospechas, porque el cerco mediático protege al gobierno y a los grupos de poder que están detrás de estos enormes negocios transnacionales.
Corrupción en el país
Finalmente, para citar solo las cuestiones mayores, la corrupción en la Aduana Nacional. Para decirlo en corto, aunque es un recorrido que empieza con la gestión de gobierno. La corrupción en la Aduana se inaugura con la autorización de las 30 y tantas famosas maletas, distintos embarques de droga, contratación de personal con sentencias penales en el exterior y que llega a la investigación sobre los alimentos que trajeron los aviones Hércules como ayuda durante los bloqueos. De por medio, aunque tampoco es una cuestión menor, se despide sumariamente al personal que resiste o denuncia la corrupción interna.
¿Estamos ante un esquema de corrupción gubernamental? Todo indica que sí. De otra manera no se entiende la protección e impunidad con la que entidades de tanta importancia estatal como YPFB, la Aduana Nacional o la FELCN y los respectivos ministerios bajo cuya tuición funcionan, sean parte de estos ilícitos y solo haya investigaciones marginales que no descubren lo central de estos gravísimos hechos.
Corrupción y política son caras de un hecho fundante del Estado, el poder. Y el poder para reproducirse debe hegemonizar la política con las acciones de gobierno o, colateralmente, utilizar la prebenda, el cargo público y el pago en efectivo para alcanzar su objetivo principal: gobernabilidad. Hasta acá, ningún misterio. El ejercicio del gobierno y del poder está asociado de una u otra manera a la corrupción en cualquiera de sus múltiples manifestaciones y enorme capacidad de adaptación. Esto es así a este lado del planeta o al otro y pasando por todo el medio, aunque en unos casos se fusila a corruptos y en otros, en los más, se convive generosamente, como es nuestro caso.
Crisis múltiple
El asunto nos debe interesar por la función de la corrupción al medio de una enorme crisis económica, política e institucional, como la que vivimos. Por ello conviene recordar 1985, cuando la crisis de entonces se afrontó desde un modelo neoliberal que hizo un corte radical respecto del estatismo del MNR y que tampoco se libró de enormes actos y esquemas de corrupción como el de las libras esterlinas, la Aduana que enriqueció a muchos, los cupos, el sobrestocamiento de COMIBOL, etcétera.
El ciclo neoliberal duró, exactamente, dos décadas. Y más allá del éxito en cortar de raíz la hiperinflación que nos ahogaba, pagamos un altísimo precio por el despido de más de 25 mil mineros de la COMIBOL que, fuera del costo social, eliminó la capacidad estatal de producción minera que ahora, por ejemplo, podría haber sido puntal de la economía con el auge aurífero. La corrupción, al más alto nivel, estuvo presente, como que hasta ahora varios ministros de entonces no retornan al país. Ese fue el caso de la transferencia a ENRON del financiamiento de PETROBRAS para la construcción del gasoducto al Brasil, en desmedro de YPFB –contrato firmado en Miami– o el tristísimo caso del LAB, línea aérea bandera que nunca más pudo levantar vuelo, solo para poner algunos ejemplos.
Rupturas y continuidades
El proceso de cambio tuvo lo suyo. A los tres años de gestión (febrero 2009), el presidente de YPFB fue encarcelado al medio de un asesinato y un millonario esquema de corrupción que nunca –por lo menos fuera de los estrados judiciales– tuvo una explicación oficial de los alcances de la trama. Luego vino el caso FONDIOC, que comprendía la administración de la alícuota del 5% de la recaudación millonaria del IDH, establecido por el DS 28571 del 2005, a ser administrado por las confederaciones campesinas e indígenas que, según el informe de la Contraloría, fue claramente delictivo.
En el último periodo gubernamental, la saga de ministros encarcelados por actos de corrupción cometidos desde sus despachos y, en especial, el caso de EMAPA. Una empresa pública, básicamente un supermercado popular, que compra la producción de la pequeña y mediana empresa local para abaratar los precios de los productos básicos. Un buen planteamiento y que alcanzó a institucionalizarse de forma prometedora, pero que el tradicional ingenio criollo acabó convirtiendo en una fábrica de negocios turbios y corruptos.
Bueno, ¿a qué viene este recuento penoso? En este cruce de caminos, es imperioso que visualicemos y comprendamos estas historias inmediatas y entendamos que enfrentar la profundidad de la crisis significa devolver al Estado su autoridad, dejar que la estabilidad macroeconómica esté liderada por las empresas públicas estratégicas y negociar con el emergente mundo multipolar de forma abierta e inteligente. Someternos, como lo estamos haciendo, es un pésimo negocio.
Levantar la mirada
Vivimos en una época polarizada, hasta la Iglesia Católica vive un cisma y enfrenta a ultraconservadores que quieren retornar hasta antes del Concilio Vaticano II (1962), cuando el cura daba la misa de espaldas a los feligreses. América Latina está viviendo esta polarización y toca comprenderla en su profundidad y enfrentar la tendencia al achicamiento de nuestra participación en la economía mundial, que en las últimas décadas se ha reducido a la mitad. Vale lo mismo para el tema de la inversión extranjera directa: casi el 70% se queda entre Brasil y México; nosotros, como país, el 2025 solo hemos recibido un 0,3%.
Muchos temas y aristas para revisar, revisar y replantear para enfrentar tamaña crisis. Sin embargo, no olvidar que la genuflexión o el sometimiento no es un modelo; los casos de Argentina, Perú o Ecuador deben hacernos pensar. En el primer caso, el presidente está imputado por la estafa Libra y, antes que recibir inversión extranjera, está exportando capitales por la situación política interna. El Perú cambia de presidentes casi anualmente, la fractura sociogeográfica es enorme y la presidenta ha ganado las elecciones con apenas 0,23%. Ecuador vende petróleo crudo barato y compra combustible refinado caro, a diferencia de México, que recuperó PEMEX y construyó refinerías para ahora disfrutar del precio internacional y negociar con el coloso vecino de igual a igual.
Acá lo dejemos.
