Pasada la crisis de los bloqueos —los cincuenta y pico días que dejaron al país exhausto, con un estado de excepción vigente y una economía golpeada en extremo—, Bolivia vive lo que uno de los entrevistados de la presente entrega llama «una tensa calma». Es, también, una ventana de oportunidad. El Gobierno de Rodrigo Paz anunció hace tiempo un paquete de leyes estructurales para hidrocarburos, minería, inversiones y minerales críticos, con el litio entre ellos. El camino inicial, el Decreto 5503, se cayó; ahora el Ejecutivo habla de enviar las normas por separado a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Dos preguntas cortan el aire en la actual circunstancia. ¿Pueden construirse esas leyes de modo tal que convenzan a los inversionistas de que traer sus capitales al país es una buena idea? Y, sobre todo, ¿puede hacerse sin que el intento desate un nuevo ciclo de conflictos?
Para pensar ambas preguntas, Animal Político, de La Razón, conversó con dos juristas que conocen el problema desde orillas complementarias. Carlos Alarcón es abogado constitucionalista y diputado por la alianza Unidad, con años de trabajo legislativo a cuestas. Ernesto Rossell Arteaga es especialista en Derecho de Inversiones y arbitraje internacional, también con experiencia en la gestión pública. Coinciden en el diagnóstico de fondo: sin reglas nuevas y claras, el capital no vendrá. Discrepan, en cambio, en el punto decisivo: si esas reglas pueden escribirse dentro de la Constitución vigente o si hay que reformarla primero.
El inversionista que sigue de largo
Conviene empezar por la silla vacía de la mesa. Mientras los bolivianos discuten —¿o acaso lo hacen?— sobre qué leyes quieren, el actor que decidirá si el esfuerzo sirve de algo observa desde afuera y compara. Rossell va al grano. «El financiamiento externo no es caridad. El organismo financiador quiere lucrar con sus préstamos. La empresa que quiere invertir en un país en vías de desarrollo no piensa en ayudarlo. Piensa hacer, en el mejor de los casos, negocios de buena fe y tener las reglas bien claras. Y si un país no se las presenta, se va al país de al lado».
Eso, sostiene, es exactamente lo que ha venido ocurriendo en la región. «La minería argentina, la chilena o la peruana, por ejemplo, tienen mejores condiciones de base que la nuestra. Esto es porque la inversión ha visto que había mejores principios de autoridad, mejor seguridad jurídica y mejores posibilidades en los países vecinos».
El jurista ordena la mirada del capital extranjero en cuatro requisitos que funcionan como una lista de verificación. El primero es la seguridad jurídica: normativa adecuada y «elementos de solución de controversias a través de una instancia imparcial, como el arbitraje internacional». El segundo, la estabilidad económica, donde su evaluación es escéptica. «Tal vez la medida de flexibilización del dólar todavía no se está ajustando a lo que requiere el Gobierno. A mi entender, la estabilidad económica todavía no se ha presentado», sostiene. El tercero es la estabilidad política, que hoy está «en tela de juicio. No se sabe si hay un pacto políticamente sólido que permita avanzar». Y el cuarto, la estabilidad social. «Lo hemos visto: 50 días bloqueados, 50 días en que no entraba producto, en que no se podía importar ni exportar». Cuatro casillas, ninguna marcada con certeza.
Preeminencia de la Constitución
Alarcón llega al mismo lugar por la vía del texto constitucional. Recuerda que la Constitución somete a toda empresa extranjera, por ejemplo, las de la cadena hidrocarburífera, a la jurisdicción nacional. Sin arbitraje internacional ni reclamación diplomática posible.
El artículo 356 de la CPE declara las actividades sobre recursos naturales no renovables de «necesidad estatal y utilidad pública». Su lectura es que «la propia Constitución ya ha declarado la causal expropiatoria de estas actividades». Grafica la idea con un ejercicio hipotético. «Imagínese que venga un Evo II y le diga a una empresa extranjera que se la va a expropiar, nacionalizar, estatizar o como se llame, porque la Constitución ya ha declarado que esto tiene causa de utilidad pública. ¿Qué empresa seria del mundo se va a prestar a esto? ¿Qué inversionista va a arriesgar millones y millones de dólares bajo esas condiciones?».
Rossell describe la escena resultante desde el otro lado del mostrador. El inversionista revisa la oferta boliviana y responde «está buenísima tu ley, pero no satisface mis expectativas de inversión. Chile tiene una mejor oferta, un mejor paquete de recepción de inversiones que tú. Lo mismo Perú, Argentina y también África». Y remata diciendo que «nosotros aquí en Bolivia nos estamos mirando el ombligo. Estamos queriendo satisfacer a todos, pero sin cubrir realmente las expectativas y necesidades de las instancias que van a generar esa inversión».
El nudo: ¿leyes o Constitución?
Hasta aquí, las dos voces caminan juntas. La bifurcación aparece cuando se pregunta si el problema se resuelve con leyes o si está incrustado más arriba, en la propia Constitución.
Para Alarcón, la respuesta es tajante. «Ninguna ley estructural va a dar el resultado que está esperando el país si previamente no modificamos parcialmente la Constitución Política del Estado», afirma. El diputado ha identificado 19 artículos «que establecen candados y camisas de fuerza. Lo hacen bajo amenaza de sanción de 30 años de cárcel sin derecho a indulto por traición a la patria. Eso es para que no se pueda cambiar el modelo económico totalmente estatista y de ideología de izquierda plasmado por Evo Morales en esta Constitución».
El mecanismo que describe es una traba jurídica de dos piezas. El artículo 124 tipifica como traición a la patria la violación del régimen constitucional de los recursos naturales. Es precisamente en ese régimen donde anidan los candados. El parágrafo II del artículo 359 señala que cualquier contrato que vulnere lo allí establecido es nulo de pleno derecho. Más aún, quienes lo hayan acordado, firmado, aprobado o ejecutado cometen traición a la patria. Consecuentemente, en palabras del legislador, «¿qué diputado o senador se va a animar a votar a favor de estas leyes estructurales, que conllevarían un verdadero cambio de modelo económico, para exponerse a 30 años de cárcel sin derecho a indulto y a ser catalogado como traidor a la patria? Obviamente que ninguno».
Transformación o parches
De ahí su advertencia sobre el paquete anunciado: si las leyes esquivan los candados, no cambiarán nada de fondo. Serían «parches paliativos» que constituirían «un engaño a la población, un engaño a la sociedad boliviana. Haciéndole creer, como en el gatopardismo, que se quiere cambiar el modelo económico cuando en realidad no se quiere cambiar nada». Por eso reclama que la reforma parcial de la Constitución sea «la prioridad número uno», acompañada de una transformación del sistema judicial. «Los bolivianos ya no queremos gastar plata en elecciones para elegir jueces; queremos cambiar los mecanismos de designación de los altos magistrados», asevera.
Rossell es un tanto más cauto. No niega que el debate constitucional pueda abrirse. “En el marco de la inversión extranjera, alguna modificación constitucional podría darse», admite. Con todo, sigue la misma lógica de las leyes hermosas que no convencen a nadie afuera. En ese sentido, no considera la reforma como una condición previa ineludible. «Pienso que se pueden salvar algunos elementos. Pienso que la Constitución, así como está, puede todavía funcionar para atraer inversión, siempre y cuando se respeten sus parámetros y paradigmas (de la propia CPE). Pero se necesita mucho trabajo, mucha inteligencia, mucha voluntad y una intención de servir a la patria».
La distancia entre ambos no es menor: define la agenda legislativa para los próximos meses. Si Alarcón tiene razón, el paquete de leyes sin reforma previa nace muerto o nace tramposo. Si Rossell tiene razón, hay un margen de ingeniería normativa aprovechable ya, sin esperar el proceso —largo, incierto y políticamente costoso— de una reforma a la Carta Magna. Lo que ninguno de los dos discute es que el país no puede seguir sin definirse.
Lo urgente versus lo importante
Y sin embargo, la discusión sobre esas definiciones no aparece. Ambos entrevistados describen un debate público ausente, absorbido por la coyuntura. «Lo urgente le está ganando por mucho a lo importante», resume Rossell. El ciudadano común, dice, perdió la visión de estos elementos sistémicos. “Hemos vuelto a elementos básicos como la canasta familiar. El tema de las divisas y el tema del combustible han sido, más bien, el elemento de debate hasta la fecha».
Su radiografía de la conversación nacional es un inventario de silencios. «No estoy viendo a los organismos vivos del país discutir cuál es la prioridad. ¿Vamos a incentivar la exploración hidrocarburífera de nuevo? ¿Hay una ley que realmente represente las condiciones de estos días para este sector? No lo sé». El litio, añade, se apagó como tema. «En su momento hubo un ministerio de energías que priorizaba a YLB y a ENDE como las empresas nacionales que se iban a poner al hombro el futuro del país. Nadie habla ahora de ENDE ni de YLB como esas empresas».
El rol del Gobierno
Alarcón atribuye ese vacío a una decisión del propio Ejecutivo. «El gran responsable de que hoy no estemos en un debate productivo y avanzado es el propio Gobierno», señala. Y describe a un gobierno replegado: «cercado, amenazado, intimidado, amedrentado por amenazas de bloqueos». Dedicado a «una administración del Estado rutinaria, de temas menores», mientras el contexto internacional se ensombrece. Diversos pronósticos apuntan a un barril de petróleo por encima de los $us 100 y una recesión mundial. «¿Es sensato que Bolivia se cruce de brazos ante esta realidad?», pregunta. «Eso me parece una actitud totalmente irresponsable. La actitud responsable es tomar el toro por las astas».
De esa constatación deriva su exigencia central: el sinceramiento. El Gobierno debe decir con claridad si busca el cambio de modelo, lo que, en su lectura, «sí o sí pasa por una reforma parcial de la Constitución». O si va a continuar el modelo heredado «con pequeños parches y ajustes». En el segundo caso, sentencia, «este es un gobierno con otro ropaje, con otro disfraz, pero en esencia es un MAS soft o un MAS light». La metáfora conclusiva es, literalmente, clínica. «Si usted no tiene claridad sobre qué enfermedad tiene el paciente, ¿cómo le va a empezar a dar remedios, si por ahí tiene cáncer?».
Cambiar sin incendiar
Queda la segunda mitad de la pregunta inicial: el cómo. Si todo intento de reforma seria despierta el fantasma de los bloqueos, ¿cuál es la ruta para legislar sin incendiar el país? Aquí cada entrevistado tiene en mente un camino y ambos se complementan más de lo que compiten.
La vía de Alarcón es normativa y punitiva: la ley antibloqueos que presentó el 15 de diciembre pasado. Su premisa es un deslinde tajante entre protesta y bloqueo. «El bloqueo no es protesta: el bloqueo es delito y la protesta es derecho. El derecho no puede ser delito y el delito no puede ser derecho». Marchas, cabildos, paros y huelgas son mecanismos constitucionales; el bloqueo, en cambio, «es una violencia criminal que viola derechos de terceros inocentes». Desde la libertad de tránsito hasta la alimentación, el trabajo, la salud y la educación. Sin ese parteaguas, advierte, la amenaza es existencial. «Si ante un bloqueo no hay policía que me defienda, ni gobierno, ni juez, ni fiscal, entonces ejerzo la justicia por mano propia. Y eso es el retorno al estado de naturaleza, el enfrentamiento de todos contra todos. Un caos que termina destruyendo el Estado, la Constitución y la democracia».
La alternativa de Rossell es institucional y metodológica: recuperar el «principio de autoridad. Un principio de autoridad que diga: el modelo requiere cambios». A partir de ahí construir legitimidad mediante trabajo técnico masivo y verificable. «Para generar paquetes de leyes legítimos y representativos, mucha gente se tiene que sentar a trabajar en mesas técnicas. La Asamblea tiene que trabajar 24/7, convocando a mesas del sector hidrocarburífero, del sector minero, del sector del litio, donde intervengan las empresas públicas, municipios, gobernaciones, actores privados». Y con foco, no una lluvia de normas. «Un paquete de tres leyes grandes que nos permitan avanzar y que le permitan al inversionista ver que realmente el modelo ha cambiado».
Tiempo de definiciones
Hay, además, un obstáculo cultural que Rossell nombra sin ambages: la lógica del goce tempranero. «Los sectores quieren un beneficio inmediato. ¿Quieres el apoyo de ese sector? ¿Qué le vas a dar al sector? Y muchas veces ese elemento es el que condiciona y detiene la posibilidad de inversión. Porque un gobierno no puede inventarse un beneficio si todavía no existen la inversión, el dinero y los resultados». Su conclusión apunta al largo plazo. «Tenemos que priorizar los elementos importantes que van a definir los próximos diez y veinte años de este país, y no simplemente ver qué hay para mí el día de mañana».
Al final, las dos voces convergen en un mismo punto de partida: nada de esto arranca sin que el Gobierno diga qué quiere. Sinceramiento, lo llama Alarcón; principio de autoridad, lo llama Rossell. La tensa calma que dejó el fin de los bloqueos no durará para siempre. El país tiene ante sí dos maneras de emplear esta frágil tregua: administrando lo urgente o encarando, de una vez, la conversación importante. En rigor, no tiene sentido aferrarse a la baranda de un modelo que está haciendo aguas. La falsa sensación de seguridad es el espejismo más peligroso que Bolivia necesita desmontar.
