Se reabre una vez más el debate sobre la naturaleza de la profesión en el magisterio: si debe ser una profesión exclusiva, sustentada en formación especializada, o una profesión libre abierta a cualquier titulado. Es un debate que, a lo largo de la historia de la educación, se ha retomado con los gobiernos liberales en su intento de transformar la educación fiscal y gratuita para abrirla a procesos de privatización y descentralización. No es una discusión nueva, pero reaparece periódicamente bajo el mismo enfoque: cuestionar la naturaleza profesional del magisterio para justificar reformas estructurales que impactan en el sistema educativo público.
Las formas de posicionar el discurso siguen las mismas rutas de las que se emplean en el campo económico: presentar la catástrofe y la crisis del presente, trasladar la responsabilidad al pasado y justificar la inoperancia futura. La solución propuesta es la misma: cambiar la ley, reducir las políticas anteriores a fracasos supuestos o reales, englobar lo negativo e invisibilizar lo positivo. En este caso, el relato de que la educación está en su peor momento sirve para sostener que la única salida es modificar la Ley 070, descentralizar el sistema, incorporar “profesionales libres” al magisterio y otorgar al sector privado un rol protagónico en las transformaciones educativas.
El tema puesto sobre la mesa nos lleva a una primera afirmación: el magisterio boliviano es una profesión en sentido pleno. Los maestros no lo son únicamente por portar un título, sino porque su formación en las Escuelas Superiores de Formación de Maestros integra, durante cinco años, los conocimientos pedagógicos y didácticos que exige la complejidad del proceso educativo. La docencia no se limita a transmitir contenidos, implica construir experiencias de aprendizaje mediante la articulación de saberes que permiten enseñar, gestionar el aula, interpretar necesidades y transformar el conocimiento en algo comprensible y significativo para estudiantes de distintas edades y contextos.
Cada nivel y especialidad, desde inicial hasta secundaria, responde a un perfil profesional, sustentado en un currículo propio que desarrolla competencias que ningún otro campo profesional incorpora en su perfil de origen. Por ello, desconocer esta particularidad y suponer que otros profesionales con dominio de una especialidad puede ejercer la docencia no es mejorar la educación ni resolver sus problemas estructurales. La profesión docente no es un complemento al conocimiento de una disciplina; no se convierte en maestro a quien estudió matemáticas, física o biología añadiéndole un curso de didáctica. La docencia es un campo profesional con conocimientos específicos que no se improvisan.
Este debate sobre si cualquier profesional puede enseñar parte de una confusión conceptual: El dominio de un campo de conocimiento profesional no garantiza la capacidad de enseñarlo. Ingenieros, físicos o biólogos poseen una formación sólida y especializada en sus respectivas áreas, diseñada para resolver problemas propios de su campo profesional. Un ingeniero puede dominar cálculo; un físico comprende las leyes del movimiento; un biólogo domina las diferentes formas de vida. Sin embargo, su formación no está diseñada para comprender cómo se construye el pensamiento numérico en un adolescente, cuáles son los obstáculos en los procesos de aprendizaje del álgebra o cómo se desarrolla la abstracción en la adolescencia.
No se trata de que estos profesionales sean menos capaces, sino de reconocer que cada profesión tiene su propio espacio, su perfil y su lógica formativa. Suponer que basta dominar una especialidad para enseñar reduce la docencia a un oficio. Respetemos al ingeniero, al arquitecto, al biólogo, al físico o al químico como profesionales; y con la misma convicción respetemos a los maestros como profesionales con un campo formativo propio y una responsabilidad educativa irremplazable. Todo lo anterior no exime al Estado ni a la sociedad de la responsabilidad de profundizar, fortalecer y cualificar la formación docente.
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