La falta de información técnica, ambiental y territorial frenó el proyecto Carangas, según diputados que exigieron mayores garantías antes de autorizar su avance.
La propuesta minera había despertado expectativa en Oruro por una inversión estimada de $us 364 millones, empleos, regalías y actividad económica.
Sin embargo, el pleno de la Cámara de Diputados postergó su tratamiento y devolvió el proyecto a comisión para completar la documentación.
Los diputados del Partido Demócrata Cristiano Sandra Rivera y Diego Copa aseguraron que la decisión no representa un rechazo a la inversión.
Ambos afirmaron que el proyecto puede volver al pleno cuando sus impulsores respondan las observaciones técnicas y presenten información verificable.
Los legisladores explicaron su posición durante una entrevista en Piedra, Papel y Tinta, de La Razón.
Información incompleta
Rivera sostuvo que el proyecto no identifica con suficiente precisión a las comunidades asentadas en el área de influencia minera.
La documentación tampoco establece si existen comunidades indígenas, cuáles fueron consultadas ni qué poblaciones recibirían los beneficios previstos.
La diputada pidió conocer los espacios geográficos involucrados y las actividades económicas que podrían ser afectadas durante la exploración.
Carangas se encuentra en una región próxima a la frontera con Chile, factor que, según Rivera, exige una revisión más rigurosa.
“No hemos rechazado el proyecto, lo hemos postergado porque necesitamos más información”, aseguró.
La legisladora señaló que la urgencia económica de Oruro no debe impedir la evaluación de las condiciones sociales, territoriales y ambientales.
También remarcó que el proyecto se encuentra todavía en una etapa vinculada con la exploración y no con la explotación inmediata.
Inversión bajo observación
Otro cuestionamiento se concentró en el monto proyectado para desarrollar el proyecto minero, $us 364 millones.
Rivera afirmó que la propuesta no aclara suficientemente si los recursos serán públicos, privados, nacionales o extranjeros.
Tampoco presenta información detallada sobre la empresa interesada, su trayectoria, experiencia, solvencia ni antecedentes en otros proyectos.
La legisladora pidió identificar el origen de los recursos y las garantías disponibles para asegurar el cumplimiento de la inversión anunciada.
El proyecto incluye estimaciones sobre empleo, ingresos y una posible operación superior a 16 años.
Rivera advirtió que esas proyecciones no garantizan, por sí solas, la continuidad ni el éxito de la iniciativa. También preguntó qué ocurriría si la empresa quiebra, abandona la zona o incumple los compromisos asumidos.
La diputada exigió precisar cuánto correspondería al inversionista, al Estado boliviano y al departamento de Oruro.
“Hay que especificar los 364 millones. ¿Cuál es la empresa? ¿Cuánto tiempo de experiencia tiene?”, cuestionó.
Vacíos ambientales y de seguridad
Diego Copa respaldó las observaciones económicas y territoriales, pero concentró su intervención en el medioambiente y la seguridad.
El diputado sostuvo que faltaron informes sobre el impacto ambiental que podría producir la exploración minera en la región.
También pidió conocer las medidas previstas para proteger a trabajadores, pobladores y actividades económicas existentes.
Copa consideró apresurado declarar de necesidad estatal un proyecto que todavía no cuenta con todos los respaldos técnicos requeridos.
El legislador relacionó su preocupación con recientes hechos violentos protagonizados por los denominados jucus en zonas mineras. Recordó la muerte de dos militares y preguntó cómo se evitarían nuevos ataques alrededor de una inversión de gran magnitud.
“Si vamos a hacer una inversión económica, por lo menos brindemos seguridad”, afirmó.
Para Copa, la propuesta necesita medidas de control territorial y protección antes de movilizar personal, maquinaria y recursos.
Comunidades y actividades productivas
Los diputados también expresaron preocupación por posibles conflictos entre minería, agricultura, ganadería y otras formas de subsistencia.
Copa señaló que las poblaciones locales ejercen presencia territorial mediante sus actividades productivas y su vida comunitaria.
Una intervención minera sin planificación podría generar disputas entre agricultores, ganaderos, comunidades campesinas y operadores mineros.
Rivera pidió identificar los usos y costumbres de las poblaciones asentadas en el área. También solicitó información sobre ganado, camélidos, agricultura y otras actividades que podrían convivir con la exploración.
Los legisladores consideran necesario establecer cómo cambiará la dinámica local con la llegada de trabajadores externos y nuevas operaciones.
Carangas vuelve a comisión
La postergación obliga a que el proyecto regrese a la comisión correspondiente para una nueva revisión.
Rivera explicó que los proyectistas deben recabar la información faltante y entregar una propuesta más sólida al pleno. El documento deberá «precisar las condiciones de la inversión, la identidad de la empresa y la distribución de los beneficios».
También tendrá que incorporar informes ambientales, datos territoriales y medidas de seguridad para la región fronteriza.
Los diputados plantearon que diferentes ministerios participen en la elaboración de esos respaldos. El Ministerio de Minería debería proporcionar información técnica, económica y empresarial sobre la iniciativa.
El Ministerio de Defensa podría explicar las medidas de protección y control previstas para una zona cercana a la frontera.
Desarrollo Productivo podría aportar datos sobre comunidades, ganadería, agricultura y posibles efectos sobre la economía local.
Rivera afirmó que esa coordinación permitiría corregir la propuesta y devolverla al pleno en el menor tiempo posible.
Proyectistas durante el debate
Copa cuestionó que los impulsores del proyecto no aprovecharan la sesión para responder las observaciones formuladas.
Según su relato, los proyectistas no explicaron los aspectos relacionados con seguridad, impacto ambiental y protección de las comunidades.
Su principal argumento fue que otros departamentos recibieron apoyo legislativo, mientras Oruro continuaba esperando.
Copa insistió en que la postergación no surgió de una pugna territorial ni de una posición contraria al desarrollo orureño.
“No se ha sabido justificar técnicamente”, resumió el diputado.
A su juicio, declarar un proyecto de necesidad estatal exige demostrar su viabilidad, eficacia y beneficio para la población.
Ver también: Gobierno ratifica ejecución de proyecto minero Carangas en Oruro
Seguridad fronteriza amplía las exigencias
Rivera sostuvo que la ubicación de Carangas obliga a incorporar la soberanía dentro del análisis legislativo. La diputada considera que la Comisión de Defensa y Fuerzas Armadas debe participar en la revisión.
También propuso convocar al Ministerio de Defensa para explicar cómo se protegerá el territorio y a quienes trabajen en la zona. Rivera advirtió sobre la circulación de grupos irregulares y actividades ilícitas en corredores fronterizos entre Bolivia, Perú y Chile.
La legisladora afirmó que el desarrollo de recursos naturales debe avanzar acompañado por políticas de seguridad y presencia estatal.
El debate, señaló, trasciende a Carangas y puede repetirse con proyectos de litio, minería o aprovechamiento ambiental en otras regiones.
El freno no cierra el proyecto, pero obliga a sus promotores a convertir las proyecciones económicas en compromisos verificables.
