El Gobierno nacional y los gobernadores de los nueve departamentos firmaron, en Sucre, el documento que define la Agenda 50-50, con el que se inicia una hoja de ruta para fortalecer las autonomías y revisar la distribución de los recursos fiscales.
El documento establece que, tras más de 17 años de vigencia del régimen autonómico, la autonomía en Bolivia sigue siendo un proceso inconcluso y que aún existe una agenda pendiente para alcanzar su pleno ejercicio.
Asimismo, señala que los resultados del Censo 2024 evidencian la necesidad de reducir la desigualdad y la pobreza mediante un sistema autonómico plenamente funcional.
Coparticipación
Uno de los principales acuerdos dispone la conformación de una mesa técnica especializada para elaborar una propuesta de Ley Especial de Coparticipación y Distribución de Recursos Fiscales.
El objetivo es construir consensos para presentar la norma durante la actual gestión legislativa y viabilizar su aplicación desde la gestión fiscal 2027, como parte de la implementación progresiva de la Agenda 50-50.
Autonomía tributaria y recursos propios
El acuerdo también prevé fortalecer la autonomía fiscal de los gobiernos autónomos departamentales mediante mecanismos que amplíen su capacidad para generar y administrar ingresos propios.
Entre las medidas se contempla evaluar incentivos al esfuerzo fiscal, ampliar el dominio tributario departamental, crear nuevos tributos dentro del marco constitucional y analizar la aplicación de sobretasas.
Asimismo, se acordó iniciar la modificación de la Ley N.º 154 de Clasificación y Definición de Impuestos y de Regulación para la Creación o Modificación de Impuestos de Dominio de los Gobiernos Autónomos. El proyecto deberá elaborarse en un plazo máximo de 90 días.
Otro de los puntos contempla la revisión de las normas nacionales que condicionan el destino del gasto de los gobiernos autónomos departamentales.
El documento propone derogar de forma progresiva y coordinada las condicionalidades de gasto destinadas a financiar obligaciones propias del nivel central. Además, las partes acordaron ampliar al máximo posible la autonomía de las gobernaciones en la gestión de sus presupuestos.
También se plantea reservar al nivel central el control de los agregados fiscales y permitir que los gobiernos autónomos departamentales definan la composición de sus presupuestos.
De igual manera, se propone reemplazar las autorizaciones previas del nivel central por obligaciones de información y racionalizar los reportes bajo el principio de “una sola vez, un solo canal, un solo formato”.
Competencias
El documento contempla revisar la legislación nacional que haya modificado, absorbido, restringido o condicionado el ejercicio de las competencias reconocidas constitucionalmente a los gobiernos autónomos departamentales.
Asimismo, se buscará identificar competencias que puedan fortalecerse, reasignarse o ejercerse mediante mecanismos de coordinación, concurrencia o delegación.
Distribución fiscal
El acuerdo también plantea revisar los criterios de distribución fiscal que generaron asimetrías entre departamentos. Para ello, se evaluará la incorporación de criterios que premien la eficiencia, la contribución al desempeño económico departamental y otros factores orientados a impulsar el dinamismo económico y la equidad territorial.
Alivio fiscal y compensación
Las partes reconocieron la necesidad de atender con prioridad la situación financiera de las gobernaciones.
En ese marco, acordaron establecer un cronograma de trabajo conjunto para evaluar e implementar medidas de alivio financiero, incluyendo mecanismos de reprogramación o diferimiento de obligaciones financieras.
También analizarán la creación de fondos de compensación destinados a fortalecer la sostenibilidad financiera de los gobiernos autónomos departamentales.
El acuerdo incorpora además el desarrollo de una propuesta normativa nacional que viabilice alianzas público-privadas desde las gobernaciones.
Asimismo, plantea modificar la Ley 699 de Relacionamiento Internacional y la normativa conexa para ampliar la capacidad de gestión de los gobiernos departamentales en materias compartidas de relaciones internacionales.
El Gobierno nacional se comprometió a sostener encuentros con los gobiernos municipales, las autonomías indígena originario campesinas y el Gobierno Regional del Chaco para alcanzar acuerdos similares al firmado en Sucre.
Una vez logrados los consensos con todos los niveles de gobierno, se convocará al Consejo de Coordinación Técnica de la Agenda 50-50 con el propósito de articular el Gran Acuerdo Nacional para las Autonomías.
