Bolivia es un país con una extraordinaria riqueza en biodiversidad, extensas áreas boscosas y un enorme potencial para contribuir de manera significativa a iniciativas que generen impactos ambientales positivos. Para impulsar este tipo de proyectos existen diversos mecanismos internacionales que han demostrado su efectividad durante las últimas décadas. Sin embargo, el país ha desaprovechado muchas de estas oportunidades debido, en gran medida, a decisiones y enfoques de carácter ideológico que han limitado su implementación y aprovechamiento.
Esta semana, CAINCO fue sede de parte de la socialización de la Ley Marco de Financiamiento Climático y Biodiversidad, un proyecto que el Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal decidió discutir en Santa Cruz antes de convertirlo en norma. El gesto importa: una ley construida con quienes van a vivir bajo sus reglas suele ser mejor ley. Pero importa también el mensaje de fondo que dejó el encuentro, que esto no es solamente una ley ambiental, sino, ante todo, de una ley económica.
El capital climático global ya se mueve hacia la región, y es exigente. Pide trazabilidad, medición verificable, gobernanza sólida y garantías de que las reglas de hoy sigan vigentes dentro de veinte o treinta años. Ese estándar ya no distingue entre corporaciones y pequeñas empresas: la mitad de los clientes B2B en el mundo prioriza hoy proveedores sostenibles, y para el 56% de las pymes la sostenibilidad no nace de una convicción propia, sino de la exigencia directa de quien les compra.
Bolivia ya siente esa presión en carne propia. El reglamento europeo contra la deforestación exige trazabilidad geolocalizada para soya, madera, café y cuero, productos que representan cerca de mil millones de dólares en exportaciones al bloque europeo. La empresa que asuma que estos estándares no le corresponden puede descubrir, sin aviso previo, que quedó fuera de una licitación, una cadena de exportación o una línea de crédito. La trazabilidad dejó de ser una auditoría de valores para convertirse en una condición comercial.
Aquí conviene una distinción que el sector formal cruceño planteó con claridad en la socialización de esta semana: existe una diferencia sustancial entre producir alimentos en suelos con vocación productiva, bajo plan y bajo norma, y la deforestación ilegal en tierras de vocación forestal. Hoy la conducta de unos pocos que operan al margen de la ley termina cobrándose la reputación de todo un sector que produce cumpliendo. Una ley que separe con precisión esos dos mundos protege el bosque y su biodiversidad y protege al productor formal al mismo tiempo.
Desde el sector privado cruceño se plantean tres condiciones para que este marco funcione. Primero, certeza sobre la titularidad de los activos y el reparto de beneficios con comunidades y territorios. Segundo, una arquitectura institucional con un registro serio que evite la doble contabilidad y sostenga la credibilidad del país ante cada verificador internacional. Tercero, estabilidad: el financiamiento climático se calcula en décadas, y ninguna inversión de ese plazo se decide sobre reglas de corto plazo.
Santa Cruz produce y Santa Cruz conserva. Esa realidad demuestra que el desarrollo económico y la protección del patrimonio natural no son objetivos contrapuestos, sino complementarios cuando existe una visión de largo plazo y un trabajo articulado entre empresas, comunidades, instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil. Por ello, esta ley debe constituirse en el paraguas normativo e institucional que permita recoger y potenciar las experiencias construidas en el territorio, generando las condiciones para impulsar nuevas iniciativas de producción sostenible y prácticas regenerativas.
Resulta fundamental escuchar a los actores que han convivido durante años con el desafío de producir y conservar al mismo tiempo, ya que su conocimiento práctico y su capacidad de construir alianzas ofrecen insumos valiosos para el diseño de una normativa moderna, efectiva y alineada con las oportunidades de desarrollo sostenible del país.
