La Policía Boliviana participó por primera vez en la operación internacional Green Shield 2026, destinada a combatir delitos ambientales en la Amazonía.
El operativo se desarrolló entre el 15 y el 31 de julio, con participación de fuerzas policiales de cinco países.
El comandante general de la Policía, Mirko Sokol, destacó que la operación permitió fortalecer las capacidades nacionales contra delitos ambientales.
“La participación de Bolivia en la Operación Green Shield 2026 nos permitió fortalecer nuestras capacidades operativas”, afirmó Sokol, según una nota publicada por El Deber.
Reunión
La operación reunió a organismos policiales de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú, con apoyo de Emiratos Árabes Unidos.
La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) también participó en la coordinación internacional.
Desde un centro multinacional instalado en Bogotá se coordinaron investigaciones de inteligencia, operaciones transfronterizas e intercambio de información.
Las acciones estuvieron dirigidas contra la minería y tala ilegales, tráfico de fauna, contrabando de combustibles y ocupación ilegal de tierras.
Policía
Más de 3.600 policías participaron en 1.045 acciones operativas, que permitieron detener a 835 personas, según el reporte multinacional.
Los operativos también permitieron incautar 280.450 metros cúbicos de madera ilegal y 195 toneladas de minerales.
Además, fueron decomisados productos relacionados con unos 800 incidentes de pesca ilegal y más de 32.000 equipos usados en minería ilegal.
Las fuerzas participantes rescataron más de 3.000 animales vivos y recuperaron al menos 430 ejemplares muertos vinculados al tráfico de fauna.
Informe
El valor acumulado de las incautaciones superó los $us 280 millones, aunque el informe no detalla los resultados por país.
La operación se enmarca en una cooperación regional impulsada por la Declaración de Belém, suscrita en 2023 por los países de la OTCA.
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, anunció la construcción de dos unidades policiales de élite en la frontera amazónica con Brasil.
Una unidad estará entre San Ignacio de Velasco y San Matías, en Santa Cruz, y la segunda será instalada en Santa Ana, Beni.
Ambas formarán parte del Plan Fronteras Seguras y contarán con efectivos especializados y entrenamiento de instructores extranjeros.
Refuerzo en la frontera
Oviedo también confirmó la presencia de la DEA y destacó los mecanismos de cooperación e intercambio de inteligencia con países vecinos.
Entre ellos mencionó a Brasil, Chile y Argentina, además de organismos policiales europeos.
La autoridad afirmó que la Policía enfrenta a organizaciones con mayor capacidad económica y potencia de fuego en zonas fronterizas.
El enfrentamiento entre el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho elevó la tensión en la frontera con Brasil.
Al menos 11 personas fueron ejecutadas en los últimos 20 días en San Matías, San Ignacio de Velasco y Santa Cruz.
La Policía atribuye los asesinatos a una disputa por corredores utilizados para trasladar droga desde Bolivia hacia Brasil.
Violencia
Entre las víctimas está el teniente Yerson Salazar, quien murió durante una emboscada registrada en San Matías.
Cuatro sospechosos del crimen, entre ellos José Mariano Paz, alias “Piña”, murieron posteriormente durante un enfrentamiento con el BOPE brasileño.
El viernes 14 de agosto, Pablo Roberto Saavedra Souza fue acribillado dentro de una peluquería en San Matías.
Saavedra era familiar del clan “Los Tiones”, vinculado por las investigaciones con el PCC. El peluquero del establecimiento resultó herido.
Acciones
Ante la escalada de violencia, más de 300 policías fueron desplazados hacia San Matías, San Ignacio y otros puntos fronterizos.
Los refuerzos tácticos llegaron desde La Paz, Cochabamba y Oruro, como parte del Plan Fronteras Seguras.
El Gobierno anunció que mantendrá operaciones permanentes en las zonas consideradas críticas y activó coordinación con la Policía Federal de Brasil.
El objetivo es contener la violencia vinculada al narcotráfico y fortalecer el control sobre las rutas fronterizas utilizadas por organizaciones criminales.
