El nuevo comandante general de la Policía Boliviana, coronel Adrián Álvarez, afirmó que la institución hará cumplir las disposiciones establecidas por el Estado de excepción, vigente desde junio, aunque aseguró que el diálogo será la primera vía para evitar nuevas medidas de presión.
“Vivimos actualmente en un Estado de Excepción. La normativa es clara y la Policía Boliviana va a hacer cumplir lo que dispone la ley vigente”, señaló Álvarez tras asumir el mando de la institución.
La nueva autoridad policial fue posesionada este lunes, luego de la renuncia del general Mirko Sokol a la Comandancia General. La salida del jefe policial derivó además en el retiro de la cúpula de generales, por lo que la nueva estructura de mando estará integrada por coroneles.
Álvarez asumió el cargo en medio de un escenario de creciente tensión por el incremento del precio del diésel para los grandes consumidores y los anuncios de movilizaciones realizados por distintos sectores.
El comandante remarcó que, pese a la obligación de hacer cumplir las normas, la Policía buscará agotar previamente los mecanismos de concertación para evitar enfrentamientos.
“Siempre vamos a priorizar el diálogo”, afirmó, al explicar que se buscará persuadir a los sectores movilizados para que depongan eventuales medidas de presión.
El Estado de Excepción fue establecido mediante el Decreto Supremo 5636 y contempla restricciones a determinados derechos y actividades. Entre sus disposiciones figura la prohibición de promover o ejecutar acciones de violencia, intimidación, amenazas o presiones destinadas a obligar a personas o sectores a participar en bloqueos y otras medidas de hecho.
La advertencia del nuevo comandante se produce cuando persiste el rechazo de organizaciones productivas y sociales al incremento del precio del diésel. En Santa Cruz, el conflicto incluso derivó en la convocatoria a una Asamblea de la Cruceñidad para analizar una posición institucional frente a la medida.
En los últimos días, el Gobierno y sectores movilizados también protagonizaron un conflicto por el bloqueo de la carretera Santa Cruz-Beni, que se extendió durante más de tres días. Policías y militares intervinieron el punto de bloqueo, aunque la medida de presión fue retomada posteriormente.
El Ejecutivo sostiene que los pequeños productores no fueron afectados por el retiro parcial de la subvención, debido a que mantienen acceso al combustible a un precio subvencionado de Bs 9,80 por litro.
El decreto vigente también permite la participación de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía en determinadas tareas destinadas a garantizar el cumplimiento de las medidas de excepción.
Mientras tanto, el Gobierno enfrenta nuevos anuncios de movilización por parte de organizaciones que cuestionan el precio de los carburantes y otras medidas económicas.
El Estado de Excepción tiene una vigencia de 90 días y concluirá en septiembre. Cualquier decisión de ampliar su aplicación deberá contar con la autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
