Una visita que realizaron activistas y la Agencia de Noticias Ambientales (ANA) al tramo comprendido entre la represa de Incachaca y la tranca de Urujara, en el camino que conecta La Paz con los Yungas, constató la persistencia de varias instalaciones mineras que operan junto al río que desciende desde esa zona y que generan preocupación por el posible riesgo para sus aguas.
La visita surgió a partir de una denuncia. la agencia y los ambientalistas llegaron hasta el punto que marca el límite de la ciudad de La Paz, a la altura de Chuquiaguillo.
Según la ANA, la persona que presentó la denuncia, proporcionó previamente la ubicación mediante una plataforma virtual.
Sobre el camino que bordea el río, la comisión encontró cañerías que descargaban agua de aspecto contaminado. Unos metros más adelante, una retroexcavadora que removía tierra en plena faena. Más abajo vieron maquinaria similar a motobombas y una trituradora.
«La presencia de personas en el lugar elevó nuestra preocupación. Algunos trabajadores observaban nuestro desplazamiento mientras avanzábamos por el sector. Decidimos continuar con precaución, pues no incurríamos en ninguna conducta ilícita al recorrer el lugar y registrar imágenes», indica el reporte.
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Incachaca
Poco después –prosigue el relato– un hombre que se encontraba cerca de la trituradora se aproximó y los increpó por ingresar al sector sin pedir autorización y por tomar fotografías y videos. Sin embargo, aceptó conversar.
El hombre reconoció que en el lugar realizan trabajos mineros de carácter aurífero y aseguró que cuentan con autorizaciones otorgadas por la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), las cuales, según explicó, respaldan la legalidad de sus actividades.
Durante la conversación, también afirmó que existen otras instalaciones mineras desde la altura de la represa de Incachaca y que los trabajos continúan aguas abajo. Ratificó que las operaciones corresponden a actividades destinadas a la extracción de oro.
Tras la conversación, se retiraron apresuradamente del sector. Más arriba observaron varias volquetas estacionadas, vehículos habitualmente utilizados en labores mineras (v. “Instalaciones mineras a metros de la represa de Incachaca que alimenta de agua a La Paz”.
Requisitos
ANA asevera que la actividad de una cooperativa minera no adquiere automáticamente carácter legal con una autorización de la AJAM. Para regularizar sus operaciones debe cumplir al menos 15 requisitos, entre ellos certificaciones ambientales y otros procedimientos destinados a verificar que la actividad no genere afectaciones sobre áreas protegidas, comunidades, tierras o fuentes de agua.
Entre esos requisitos figura un certificado de No Afectación que determine que la actividad no perturba áreas protegidas. También debe realizar un estudio de impacto ambiental para obtener la licencia ambiental correspondiente.
La licencia debe acreditar que la obra, actividad o proyecto cumple la Ley del Medio Ambiente Nº 1333 y sus reglamentos y que aplicará medidas de prevención y control. El Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) interviene en los procedimientos relacionados con la afectación de áreas protegidas.
La normativa también contempla la consulta previa, libre e informada a las personas o comunidades que puedan resultar afectadas por la actividad extractiva. Para ese procedimiento, la AJAM debe convocar a la comunidad correspondiente.
Otro requisito consiste en contar con un certificado del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) que acredite que los terrenos donde se pretende desarrollar la actividad no presentan conflictos agrarios.
Operaciones
Sin embargo, fuentes allegadas a la AJAM señalaron a la agencia que algunas cooperativas mineras comienzan sus operaciones antes de completar los 15 requisitos exigidos para regularizar su actividad.
Según esas fuentes, esta práctica permite que los trabajos extractivos avancen mientras todavía permanecen pendientes trámites y verificaciones que deberían determinar las posibles afectaciones ambientales, sociales y territoriales.
Las mismas fuentes señalaron que la inspección o visita previa constituye una etapa clave. En ella, representantes de la AJAM y los involucrados recorren el terreno para verificar la existencia de ríos, cultivos, viviendas y otros elementos que podrían resultar afectados por la actividad minera.
