El presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Diputados, Juan Del Granado, anticipó que rechazará la ampliación del Estado de excepción solicitada por el Gobierno.
Advirtió que la Asamblea no puede aprobar la continuidad de la medida sin conocer primero los resultados de los 90 días de vigencia y las razones que justificarían su prórroga.
Recordó que este régimen implica restricciones a derechos y garantías constitucionales y, por ello, sostuvo que su continuidad requiere una justificación concreta y verificable.
“Yo les anticipo mi criterio. No estaría de acuerdo con una ampliación del Estado de excepción. No me parece conveniente”, afirmó.
El legislador expuso su posición día antes de que la Asamblea Legislativa trate el decreto aprobado por el gabinete de Rodrigo Paz para ampliar por otros 90 días el Estado de excepción, cuya vigencia concluye el viernes 18 de septiembre.
Del Granado sostuvo que el Ejecutivo debe rendir cuentas ante el Legislativo sobre la aplicación del régimen excepcional antes de que los diputados y senadores adopten una decisión sobre su continuidad.
“Vamos a estar pendientes de ese informe. No puede ampliarse el Estado de excepción si no es a partir de un informe del tiempo transcurrido bajo el Estado de excepción para ver si hay razones fundamentadas que ameriten su ampliación”, afirmó.
La posición del presidente de la Comisión de Constitución coloca una de las primeras resistencias formales al pedido del Ejecutivo, en momentos en que las bancadas todavía evalúan el informe y las explicaciones que deberán presentar las autoridades gubernamentales.
Del Granado sostuvo que la crisis económica y social que atraviesa Bolivia no constituye, por sí misma, una razón suficiente para mantener indefinidamente un régimen excepcional. A su juicio, los conflictos deben ser atendidos mediante los mecanismos ordinarios de la democracia, el diálogo y la concertación política.
La discusión adquiere mayor relevancia porque el Gobierno defiende la continuidad de la medida ante el riesgo de nuevas movilizaciones. El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, afirmó que el país se ha tranquilizado durante la vigencia del Estado de excepción y advirtió sobre amenazas de nuevos bloqueos.
El presidente Rodrigo Paz también pidió a la Asamblea aprobar la ampliación y argumentó que la medida busca impedir bloqueos y acciones que afecten los derechos de otros ciudadanos, no prohibir la protesta.
Frente a esa posición, Del Granado incorpora otro elemento al debate: la reforma parcial de la Constitución. El legislador considera urgente abrir esa discusión y advierte que mantener vigente el Estado de excepción puede postergar el tratamiento de esa agenda.
La Constitución establece que mientras se encuentre vigente un Estado de excepción no puede iniciarse una reforma constitucional. Por ello, una eventual ampliación tendría un efecto político adicional: prolongaría la vigencia de la medida excepcional y, al mismo tiempo, retrasaría el debate sobre los cambios a la Carta Magna.
