Tras la reciente decisión de la CPE, queda la sensación de que algunas discusiones empiezan a ser presentadas como parte de una misma ecuación: para gobernar hay que restringir; para salir de la crisis hay que reformar y para evitar el conflicto hay que limitarse (para curarse en sano). Y así, poco a poco, han empezado a presentarnos lo excepcional como lo inevitable.
Justamente, por eso la Constitución indica otros diferentes caminos para cualesquiera de esas circunstancias en el marco democrático deliberativo y participativo. Por ello, el Estado de Excepción es, precisamente, una excepcionalidad, pues tiene límites temporales, controles institucionales y condiciones que no pueden ser interpretadas como una autorización abierta para gobernar desde la emergencia o desde la hipótesis del derrocamiento.
Estos criterios que han estado sobre la mesa cuando se ha argumentado acerca de la histórica responsabilidad que asumió cada uno de los cien asambleístas que decidieron aprobar su extensión dan, sobre todo, cuenta de que no se puede someter a una sociedad durante tanto tiempo a una situación excepcional sin una argumentación suficiente que involucre intereses comunes y menos sin demostrar qué resultados concretos produjo la medida anterior (esperamos la documentación de proceso, resultados y razones de forma pública).
Debe ser dicho, cuando una democracia empieza a acostumbrarse a la excepción, lo que se debilita no es solamente una norma: se debilita la propia democracia. Y esa responsabilidad ya tiene nombres y apellidos de quiénes las y los bolivianos eligieron como sus representantes.
Lo paradójico es que, mientras se pretende justificar la excepcionalidad en nombre de la gobernabilidad, el propio Gobierno ha sido quien ha dicho, de cara al país y a los actores políticos, que no necesita pactar. Ha decidido concentrar poder y quedarse solo, a la vista y paciencia de todos. Entonces, ¿por qué debería ser el conjunto de la sociedad quien pague las consecuencias de esa manera de gobernar?
Simultáneamente, se ha instalado otra idea: que Bolivia necesita una reforma constitucional, sobre todo para modificar el modelo económico.
Y nuevamente aparece una relación que empieza a presentarse como sentido común: si no hay excepción, habrá conflicto en clave de bloqueo; si vuelve el bloqueo, no habrá gobernabilidad; sin gobernabilidad no habrá reforma; y sin reforma no habrá salida de la crisis. Se trata de la mirada única que se intenta imponer como salida a algo que, aún sin todo ello, igual no está apuntando a funcionar.
Lo ocurrido en otros países debería servirnos de advertencia. El Salvador lleva años bajo un régimen de excepción que dejó de ser extraordinario para convertirse en una forma recurrente de gobierno. Ecuador también ha recurrido de manera reiterada a estas herramientas frente a la crisis de seguridad. El problema no es únicamente cuánto dura una excepción, sino qué empecemos a considerarla normal.
Quizá por eso Bolivia debería recuperar aquello que hoy parece haberse extraviado: la política. No la política entendida como cálculo electoral, sino como la capacidad democrática de gestionar diferencias, construir consensos y encontrar salidas allí donde parece que solamente quedan amenazas.
El riesgo es capital, se trata de que en la idea de que para evitar aquello que decimos temer, terminemos renunciando a aquello que queremos preservar. Finalmente pues, si el Gobierno ha renunciado a la política (dentro y fuera de la institucionalidad), que no nos arrastre a todas/os con él.
