Bolivia enfrenta una creciente vulnerabilidad energética. Durante años se destacó su capacidad de generación eléctrica superior a la demanda; sin embargo, esa fortaleza contrasta con la elevada dependencia del gas natural y la declinación sostenida de los hidrocarburos.
El desafío es garantizar los recursos para sostener esa capacidad y evitar una crisis de seguridad energética por el suministro de hidrocarburos.
La crisis no comenzó cuando faltó diésel en los surtidores. Comenzó años antes, cuando la producción de los grandes campos hidrocarburíferos empezó a declinar y no se incorporaron nuevas reservas a la velocidad necesaria. Esto se traduce en menos gas para exportar, menos dólares para el país y una creciente necesidad de importar gasolina y diésel, mientras aumenta la demanda interna.
Para el sector empresarial, el costo y la disponibilidad de energía determinan la competitividad de la producción, el transporte, la industria, la minería y el comercio.
Las cifras muestran la magnitud del problema. La producción fiscalizada de gas natural pasó de 45,12 MMmcd en 2021 a 31,79 MMmcd en 2024 y 27,34 MMmcd en 2025. Para 2026, YPFB proyecta un promedio de 26,66 MMmcd y una producción de hidrocarburos líquidos de alrededor de 21,86 mil barriles diarios.
Esta tendencia confirma una reducción de la capacidad hidrocarburífera cuando aumenta la necesidad de importar combustibles. Bolivia pasó de ser un importante exportador regional de gas a disponer de menores volúmenes para los mercados externos. En 2026, las exportaciones hacia Brasil y Argentina llegaron a alrededor de 8,1 MMmcd a agosto, frente a 41,9 MMmcd en 2017.
El problema también alcanza a la generación eléctrica: aproximadamente tres cuartas partes dependen del gas natural, según datos sectoriales recientes, aumentando la vulnerabilidad ante una reducción de su disponibilidad.
Bolivia necesita avanzar hacia una matriz energética diversificada. No se trata de abandonar los hidrocarburos, necesarios durante la transición, sino de reducir la dependencia de una sola fuente y garantizar seguridad energética.
El país puede desarrollar hidroelectricidad, energía solar en Oruro y Potosí, energía eólica, geotermia en el occidente y aprovechamiento de residuos.
El desafío exige una política de largo plazo que combine exploración hidrocarburífera, inversión privada y pública, seguridad jurídica, nuevas tecnologías y diversificación de la matriz. Sin nuevas inversiones y desarrollo de recursos contingentes y prospectivos, Bolivia enfrentará restricciones de abastecimiento en los próximos años.
Modificar el marco normativo para mejorar la rentabilidad de proyectos exploratorios y ofrecer mayor previsibilidad puede contribuir a reactivar inversiones. El Gobierno ya planteó modificaciones a la Ley 767 con este objetivo.
Bolivia tiene una gran oportunidad: atraer inversión para explorar gas y petróleo, impulsar las energías solar y eólica, aprovechar la hidroelectricidad y promover la participación privada para construir una matriz diversificada, segura y competitiva. Debemos pasar de una política de “combustibles” a una política de “energía”.
La transición energética requiere inversiones, infraestructura, tecnología, profesionales especializados y reglas claras.
Necesitamos seguridad jurídica y una alianza efectiva entre el Estado y el sector privado para atraer tecnología y capitales. Garantizar energía suficiente, competitiva y sostenible permitirá atender a los hogares, recuperar la competitividad empresarial e impulsar nuevas inversiones y crecimiento económico.
