La pandemia de COVID-19 aceleró transformaciones económicas, tecnológicas y geopolíticas que ya se encontraban en desarrollo. Antes que consolidar un «nuevo orden mundial» uniforme, profundizó la transición hacia un sistema multipolar, caracterizado por la competencia entre potencias, la reorganización de las cadenas productivas y la disputa por recursos estratégicos.
La crisis sanitaria evidenció la vulnerabilidad de las cadenas globales de suministro. La escasez de medicamentos, alimentos, componentes electrónicos y otros bienes esenciales llevó a numerosos Estados a priorizar la seguridad económica. En consecuencia, se fortalecieron procesos como la relocalización industrial, el nearshoring y la integración regional. La globalización no desapareció, pero comenzó a organizarse mediante bloques económicos y zonas de influencia.
Estados Unidos conserva una posición central en el sistema internacional, aunque enfrenta la competencia económica y tecnológica de China, el poder militar de Rusia, el crecimiento de India y la mayor presencia política de los BRICS+. No existe todavía una nueva hegemonía claramente establecida. Lo que se observa es una transición en la distribución mundial del poder.
Bolivia, posición vulnerable
Bolivia participa en este proceso desde una posición vulnerable. Su economía continúa dependiendo de la exportación de materias primas y de la importación de combustibles, tecnología, maquinaria, medicamentos y bienes de consumo. Por esta razón, las variaciones del comercio internacional, los conflictos geopolíticos y la disponibilidad de divisas producen consecuencias directas en el mercado interno.
La política exterior boliviana también experimentó cambios importantes. Durante los gobiernos del Movimiento al Socialismo se fortalecieron los vínculos con China, Rusia, Irán y los gobiernos de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. Paralelamente, la relación con Estados Unidos sufrió un prolongado deterioro.
En 2008, el Gobierno de Evo Morales expulsó al embajador estadounidense Philip Goldberg y suspendió las operaciones de la DEA. En 2013, también determinó la salida de USAID. Aunque las relaciones diplomáticas no fueron formalmente interrumpidas, quedaron reducidas al nivel de encargados de negocios, sin intercambio de embajadores y con una cooperación bilateral limitada.
Pragmatismo hacia Washington
Con el Gobierno de Rodrigo Paz, iniciado en noviembre de 2025, se produjo un acercamiento pragmático hacia Washington. La recuperación de canales diplomáticos, la búsqueda de apoyo financiero y la reanudación de la cooperación contra el narcotráfico expresan una modificación sustancial de la orientación anterior.
Esta aproximación puede generar beneficios en materia de financiamiento, seguridad, comercio y transferencia tecnológica. Sin embargo, requiere límites institucionales precisos. La cooperación con agencias extranjeras debe desarrollarse con transparencia, control estatal y respeto a la soberanía. La experiencia histórica boliviana demuestra que la asistencia internacional pierde legitimidad cuando se convierte en condicionamiento político o intervención en asuntos internos.
Bolivia no debería sustituir su anterior distanciamiento de Estados Unidos por un alineamiento automático. Tampoco tendría sentido abandonar las relaciones establecidas con China, Rusia, India, la Unión Europea y otros países del Sur Global. Una política exterior multipolar debe diversificar las alianzas y reducir las dependencias, no cambiar un centro de subordinación por otro.
El desafío del litio
El litio constituye otro componente fundamental de esta reconfiguración. La transición energética elevó la importancia de los minerales utilizados en baterías, vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento. Bolivia, como parte del denominado triángulo del litio, posee una posición potencialmente estratégica. Sin embargo, la existencia del recurso no garantiza su aprovechamiento económico.
La historia nacional demuestra que la explotación de la plata, el estaño y el gas no logró superar el modelo primario exportador. El riesgo consiste en repetir esa experiencia con el litio. La industrialización requiere investigación científica, transferencia tecnológica, inversión, seguridad jurídica, protección ambiental y transparencia contractual. El debate no debe limitarse a determinar qué empresa o potencia explotará el recurso, sino qué conocimiento, valor agregado y beneficios permanecerán en el país.
Fragilidad económica interna
La reconfiguración global también repercute en la economía boliviana. La escasez de divisas, las dificultades de importación, el déficit fiscal y las presiones inflacionarias muestran la fragilidad del modelo económico. Los factores internacionales influyen, pero sus efectos se intensifican por problemas internos: reducción de reservas, limitada diversificación productiva, dependencia de combustibles importados y debilidad institucional.
En el ámbito laboral, la pospandemia consolidó la informalidad como mecanismo de subsistencia. Una parte significativa de la población desarrolla actividades sin estabilidad, protección social ni acceso pleno a derechos laborales. Este fenómeno no representa solamente una característica cultural del país, sino una expresión de la incapacidad del sistema productivo para generar empleo formal suficiente.
La aceleración tecnológica plantea un desafío adicional. La inteligencia artificial, el comercio electrónico y la automatización están modificando los sistemas educativos, las profesiones y los procesos productivos. Sin inversión en conectividad, formación digital e investigación, Bolivia corre el riesgo de profundizar su dependencia. En la economía contemporánea, el poder no reside únicamente en controlar recursos naturales, sino también en producir conocimiento, desarrollar tecnología y administrar datos.
Una política de Estado
Por tanto, no estamos ante un orden mundial centralizado, sino frente a una transición hegemónica e institucional. Diversas potencias compiten por mercados, minerales, tecnología e influencia política. Para Bolivia, este escenario representa simultáneamente una oportunidad y un riesgo.
El país necesita una política exterior de Estado, no una diplomacia determinada por afinidades ideológicas circunstanciales. Debe relacionarse con Estados Unidos, China, Rusia, India, la Unión Europea y los países latinoamericanos desde una posición pragmática y soberana.
La soberanía no consiste en rechazar a una potencia para depender de otra. Consiste en desarrollar capacidades económicas, científicas e institucionales que permitan negociar con todas ellas. En el nuevo escenario internacional, la relevancia de Bolivia dependerá menos de la cantidad de recursos que posee, que de su capacidad para transformarlos en conocimiento, industria y desarrollo nacional.
