La expresión “entre gallos y media noche” puede aplicarse de forma literal al anuncio que dio el presidente Rodrigo Paz el pasado viernes, cuando a poco más de una hora de que terminará la jornada, anunciará la supresión total de la subvención al diésel. Sin embargo, esta acción más que una decisión propia, parece una exigencia externa vinculada a los compromisos asumidos con el FMI, las presiones de los sectores agroindustriales de Santa Cruz y los posibles preacuerdos en la Asamblea con otras bancadas a cambio de respaldo legislativo.
El sector productivo será duramente golpeado. Llenar un tanque de 150 litros para un camión pequeño, que antes costaba Bs 1.500, ahora costará Bs 2.700. El recorrido de La Paz a Santa Cruz para una empresa de transporte interdepartamental, que antes pagaba Bs 4.000, ahora tendrá que afrontarlo a un costo de Bs 7.000. Pero estos sectores no asumirán la cuenta de la subida del precio de los combustibles porque ya la están traspasando a los pasajeros, cuyos montos han subido casi un 100%. Lo mismo ocurrirá con el transporte de carga de alimentos y otros rubros. En suma, todos los sectores económicos se verán afectados de forma directa o indirecta.
La estrategia de levantar la subvención llega en un mal momento, no solo porque estamos a la mitad de un ciclo agrícola que demanda combustible para concluir el período de siembra, sino porque actualmente el precio del petróleo se encuentra por encima de los USD 100 y las tensiones geopolíticas amenazan con mantenerse en esos niveles por buen tiempo. A ello hay que agregar que las tasas de interés de las principales plazas financieras han subido, lo que encarece el costo del crédito. Es decir, importar combustibles y hacerlo mediante crédito se convierte en un cóctel explosivo para cualquier país que quiera intentarlo, como parece ser la estrategia que ha adoptado el actual gobierno. En consecuencia, este es el peor momento para endeudarse e importar combustibles.
Con el nuevo precio del diésel, Bolivia se ha convertido en el segundo país con el precio más alto de la región, solo después de Perú. Eso hace que Bolivia tenga la mayor proporción de gasto en combustible en comparación con el salario mínimo nacional, pues se niveló el precio doméstico al precio internacional sin tomar en cuenta que Bolivia tiene uno de los salarios más bajos de la región.
Frente a este desolador panorama, el gobierno anunció ayudas para familias vulnerables. Se dispuso el pago del Bono Juancito Pinto incrementado en Bs 100. También se prometió que se volverá a pagar el Bono Pepe, pero esta vez por un monto mensual menor de Bs 125, en comparación con los Bs 150 que se ofertaron a principios de año. Todas estas medidas son importantes, pero insuficientes. Con el incremento de ambos bonos no se puede comprar ni medio tanque de gasolina.
La primera subida del precio de la gasolina y las dos subidas del precio del diésel representan una reducción de ingresos para la población de aproximadamente Bs 23.000 millones en un año. A cambio, se entregarán bonos sociales equivalentes a Bs 5.500 millones, lo que deja un saldo neto en favor del Estado de Bs 18.000 millones. Es decir, el ingreso familiar se reducirá cuatro veces más que el aumento por bonos sociales.
La eliminación de la subvención seguramente contribuirá a sanear las cuentas públicas, pero lo hace a costa de desequilibrar las finanzas familiares. Sobre cargar los ajustes sobre la población boliviana no garantiza abastecimiento de combustible pero si garantiza pobreza
