La Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía (CBHE) cifró en aproximadamente $us 340 millones los recursos que el Estado adeuda a empresas operadoras de hidrocarburos por concepto de retribuciones acumuladas durante casi tres años.
La vocera de la organización, Zulema Espejo, explicó que el retraso afecta directamente la capacidad de las compañías para reinvertir en sus operaciones y desarrollar nuevas actividades en el país.
“Estamos hablando de aproximadamente 3 años y un monto de 340 millones de dólares. Y creo que aquí es importante porque no solamente es un número porque está afectando a las empresas operadoras para hacer sus reinversiones”, señaló Espejo a ERBOL.
Según explicó, los recursos corresponden a la denominada retribución al titular, mecanismo mediante el cual los ingresos generados por la producción de hidrocarburos son distribuidos entre el Estado, YPFB y las empresas operadoras, una vez que el producto es entregado y comercializado.
Sin embargo, la parte correspondiente a los operadores no estaría siendo desembolsada de manera completa y oportuna.
“Esa parte que le correspondería al operador, no está llegando de forma completa. Y lamentablemente no está llegando de forma completa no hace un mes, estamos hablando de años”, enfatizó la representante de la CBHE.
Espejo señaló que las dificultades financieras no se limitan a las empresas operadoras, sino que también repercuten en las compañías proveedoras de servicios vinculadas a la actividad hidrocarburífera.
La representante afirmó además que la paralización o reducción de actividades provocó la salida de aproximadamente 6.000 trabajadores especializados hacia otros países o sectores de la economía, lo que representa una pérdida de capacidades técnicas para la industria nacional.
La CBHE considera que la regularización de los pagos debe estar acompañada por medidas destinadas a recuperar la confianza de los inversionistas y establecer nuevas condiciones para el desarrollo de la actividad hidrocarburífera.
En ese sentido, Espejo planteó la necesidad de trabajar en un nuevo marco normativo que permita adecuar las condiciones económicas y comerciales del sector a la realidad geológica de Bolivia.
La representante de la organización también describió un escenario crítico para la industria petrolera y energética. Alertó que las reservas de gas no están siendo repuestas al mismo ritmo del consumo y que, hasta ahora, no existe un nuevo megacampo que permita garantizar la sostenibilidad de la producción.
A ello sumó el riesgo de que Bolivia deba recurrir a la importación de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en el corto plazo.
Espejo calificó ese escenario como “absolutamente real” debido al ritmo de consumo y al agotamiento de las reservas actuales. Explicó que la reposición de reservas no puede concretarse de manera inmediata, ya que el desarrollo de una nueva operación hidrocarburífera puede requerir entre cuatro y cinco años.
