Los presidentes de las cámaras de Diputados y Senadores, Roberto Castro y Diego Ávila, plantearon que el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, se aparte temporalmente del cargo mientras se esclarecen los señalamientos de corrupción difundidos por el Gobierno de Estados Unidos.
Ávila informó que ambas cámaras solicitaron al Ministerio de Relaciones Exteriores gestionar, por canales diplomáticos, la información oficial y los antecedentes que sustentan las acusaciones contra Mariaca y otras autoridades bolivianas.
“Una denuncia no es una sentencia y ningún ciudadano puede ser condenado sin pruebas”, afirmó el presidente del Senado, quien consideró necesario conocer el alcance de los señalamientos y contar con la documentación correspondiente antes de asumir determinaciones.
El legislador también informó que se solicitó al vicepresidente Edmand Lara convocar con carácter de urgencia a una sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional para abordar el caso y analizar los mecanismos institucionales de investigación previstos por la Constitución y las leyes.
Sin embargo, Ávila sostuvo que, mientras se esclarecen los hechos, Mariaca debería apartarse del ejercicio de sus funciones.
“Consideramos que es necesario que, mientras se esclarezcan los hechos denunciados, el fiscal general del Estado se aparte del ejercicio de sus funciones conforme a lo establecido en los mecanismos previstos por ley”, afirmó.
Según el titular del Senado, esa medida permitiría que cualquier investigación se desarrolle con independencia y sin posibles interferencias, además de garantizar el debido proceso.
“Esta medida debe permitir que las investigaciones se desarrollen con plena independencia, sin interferencias ni privilegios, garantizando la búsqueda de la verdad material y el respeto al debido proceso”, señaló.
A su turno, Castro centró su intervención en la necesidad de preservar la confianza de la población en el sistema de justicia y remarcó que los señalamientos contra la máxima autoridad del Ministerio Público requieren una respuesta institucional.
“Cuando los señalamientos alcanzan a la máxima autoridad del Ministerio Público, la ciudadanía tiene derecho a que se esclarezcan los hechos y a conocer los resultados”, afirmó.
El presidente de Diputados aclaró que la Asamblea no pretende establecer culpabilidades ni sustituir las atribuciones de fiscales o jueces. Explicó que, una vez que Cancillería obtenga la información solicitada, esta deberá ser remitida a las instancias competentes para determinar las acciones correspondientes.
“No estamos anunciando culpabilidades ni sustituyendo a fiscales o jueces. Estamos pidiendo que los hechos sean examinados a fondo, que se preserven los elementos de prueba disponibles y que toda decisión tenga un sustento legal”, sostuvo.
Castro afirmó además que, si las acusaciones son demostradas, deberán establecerse las responsabilidades correspondientes; pero si carecen de sustento, también deberá aclararse públicamente.
“Si se comprueban delitos, deben establecerse las responsabilidades y aplicarse las sanciones previstas por ley”, afirmó. “Si los señalamientos no tienen sustento, corresponde aclararlo igual mente ante el país”.
Ambas cámaras esperan ahora la información oficial solicitada a través de Cancillería y la convocatoria a la sesión de la Asamblea Legislativa para definir las acciones institucionales que correspondan.
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