El Gobierno de Estados Unidos anunció restricciones de visado contra autoridades, exautoridades y ciudadanos bolivianos, entre ellos fiscales, jueces, un magistrado constitucional y el fiscal general del Estado, Roger Mariaca.
El Departamento de Estado informó que 13 ciudadanos bolivianos que tenían visas vigentes fueron afectados por la revocación de sus documentos y los de sus familiares. Además, otros nueve ciudadanos que actualmente no cuentan con visa quedaron, en general, impedidos de obtener una.
La medida forma parte de una política aplicada también en Colombia, Ecuador y Perú contra personas a las que el Gobierno estadounidense acusa de socavar gobiernos democráticamente elegidos mediante actos de corrupción o narcotráfico.
Entre los bolivianos cuyas visas fueron revocadas figuran:
- Martín Daniel Irusta Flores, fiscal superior.
- Albania Chane Caballero Saavedra, jueza de Instrucción Anticorrupción y de Violencia contra la Mujer Primera de Santa Cruz.
- Alberto Zeballos Flores, fiscal departamental de Santa Cruz.
- Rosario Ximena Flores Paniagua, jueza de Instrucción en lo Penal de Santa Cruz.
- Iván Manolo Lima Magne, exministro de Justicia y Transparencia Institucional.
- Álvaro Mauricio Nava Morales Carrasco, fiscal superior y exfiscal departamental de Chuquisaca.
- Israel Ramiro Campero Méndez, magistrado constitucional.
- Alberto Samuel Soto de la Vía, expresidente ejecutivo interino de la Aduana Nacional.
- Iván Ramiro Campero Villalba, exmagistrado suplente del Tribunal Supremo de Justicia.
- Rodrigo Aldo Vedia Espinoza, juez de La Guardia.
- Frans William Cabrera Quispe, coronel inspector general de la Policía y exdirector nacional de la Felcn.
- José Luis Iriarte Cussi, empresario privado.
En el caso de Irusta Flores, registros del Órgano Electoral Plurinacional también lo identifican como candidato habilitado para las elecciones generales de 2025.
El fiscal general Roger Mariaca fue incluido de manera separada bajo la sección 7031(c) de la legislación estadounidense.
El Gobierno de Estados Unidos sostiene que Mariaca incurrió en “corrupción significativa” y lo acusa de haber solicitado y aceptado sobornos para facilitar actividades de narcotráfico y ayudar a delincuentes violentos a evadir la justicia.
Estas afirmaciones corresponden al Gobierno estadounidense y no constituyen una determinación judicial de culpabilidad.
La designación establece que Mariaca y sus familiares directos quedan, en general, impedidos de ingresar a Estados Unidos. El fiscal general fue elegido en 2024 para un mandato de seis años.
El Departamento de Estado explicó que las restricciones se aplican bajo la sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que permite limitar el ingreso de personas cuya presencia pueda tener consecuencias adversas para la política exterior estadounidense.
La medida incorpora un nuevo elemento a la relación bilateral entre Bolivia y Estados Unidos, debido a que alcanza a autoridades judiciales en funciones, exautoridades de alto nivel y al fiscal general del Estado.
