¿En qué momento hemos olvidado las y los bolivianos que es perfectamente posible censurar la elección y el accionar del fiscal general Mariaca, cuestionar a la Fiscalía y a la justicia; y, al mismo tiempo, reclamar independencia de poderes, soberanía, debido proceso y respeto a las autoridades electas? Nada de la percepción que tengamos sobre esas autoridades es incompatible con exigir el funcionamiento de nuestra institucionalidad democrática. Al contrario, es precisamente porque debe funcionar que, al referirnos a este tema, se debe partir del principio ineludible de que las investigaciones, las responsabilidades y las decisiones sobre quienes ejercen cargos públicos se procesen dentro del Estado boliviano y de acuerdo con sus propias normas y su CPE.
Una democracia no se sostiene porque todas sus autoridades sean impolutas, mucho menos vamos a suponerlo en un Estado tan debilitado y corrompido como el que tenemos ahora. Se sostiene también porque incluso cuando una autoridad es cuestionada existen procedimientos para investigarla, instituciones para controlarla y normas para determinar su responsabilidad. Quizá sea justamente ahí donde se encuentra una de las mayores dificultades en la conversación pública en este momento: hemos empezado a confundir la defensa de las instituciones con la defensa de quienes circunstancialmente las ocupan.
Por ello mismo, la reacción de algunos asambleístas de haber pedido la renuncia de Mariaca después de conocerse las restricciones de su visado estadounidense resulta especialmente significativa. Una restricción migratoria no puede constituirse en una sentencia, ni convierte automáticamente a quien la recibe en responsable de un delito, ni debería ser suficiente para que quiénes nos representan pidan la renuncia de una autoridad electa por quienes les precedieron. Si existen denuncias, corresponde investigarlas; si existen pruebas, corresponde presentarlas; si existen responsabilidades, corresponde establecerlas. Resulta paradójico que, mientras algunos asambleístas se apresuraban en juzgar políticamente, se demoraban en hacer aquello que institucionalmente les correspondía: convocarse a fiscalizar e investigar. Es así que, antes de que pudieran hacerlo, las fuerzas policiales ya han intervenido, bajo circunstancias que aún deben esclarecerse más. Ahora les tocará someterse a actuar sobre lo actuado ya.
Por otro lado, sólo revisando las noticias de las últimas semanas es difícil no advertir que un porcentaje creciente de las más recientes acciones del Gobierno se explica más por su relacionamiento con Estados Unidos que por su relación con las y los bolivianos. La cooperación internacional puede ser necesaria, pero no debería convertirse en el principio desde el cual se organiza la política interna.
En la conversación sobre los últimos hechos y sobre cómo se repondrá el descabezado Ministerio Público de nuestro país, no deberíamos asumir que, porque nuestras instituciones tienen problemas o porque quienes las encabezan acumulan señalamientos, corresponde a otros hacer el trabajo que nosotros hemos dejado de hacer. Nunca ha dejado de ser, pues, el momento de volver a discutir qué institucionalidad queremos, qué justicia necesitamos y qué hacemos frente a quienes han abusado de ellas, pero sin que esa conversación termine trasladando hacia afuera las decisiones que nos corresponde tomar país adentro: reconocer nuestras múltiples debilidades y asignaturas pendientes propias, no debería llevarnos a renunciar a nuestra capacidad de resolverlas. Y tampoco debería llevarnos a aceptar, como si fuera natural, que otros nos digan cómo y cuándo hacerlo.
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