La Procuraduría General del Estado identificó al menos cinco irregularidades en el proceso de contratación de una planta de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y un daño económico de $us 24.387.000.
Entre la irregularidades destacan: cambios en los criterios de evaluación después de la apertura de propuestas, asignación de puntajes sin respaldo y una adjudicación que habría favorecido a una empresa en particular.
El procurador general del Estado, Hugo César León La Faye, informó que YLB y la Procuraduría trabajaron de manera conjunta para establecer las posibles responsabilidades y cuantificar el daño económico ocasionado al Estado.
La Procuraduría General del Estado identificó cinco hechos que, según su evaluación, podrían configurar delitos dentro de un proceso de contratación ejecutado por Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), cuyo proyecto no llegó a operar y representa un costo superior a los $us 24,3 millones.
También revise: Coseep evaluará una por una a las empresas públicas tras diagnóstico de OFEP
Irregularidades
León La Faye explicó que la entidad entregó el viernes un informe elaborado junto con YLB para establecer las irregularidades que rodean el proceso.
“Hubo toda una serie de hechos que han permitido que personas que estaban cumpliendo funciones para el Estado puedan haberse apropiado, desviado o malversado recursos económicos ingentes”, afirmó.
Entre los principales hallazgos, la Procuraduría detectó inconsistencias en la evaluación del Formulario A6, relacionado con el equipo mínimo comprometido para la ejecución de la obra. Según León, el equipo ofertado nunca llegó a completarse.
El segundo hecho corresponde a una modificación de los criterios de evaluación después de la apertura de las propuestas.
“Se abren las propuestas y ahí, en ese momento, se modifican los criterios de evaluación”, señaló el procurador.
También identificó la asignación de puntajes sin respaldo en los rangos establecidos en la convocatoria. “Son asignaciones de puntajes absolutamente determinadas por funcionarios en base a criterios totalmente subjetivos”, cuestionó.
Más datos
A ello se suma que el proceso comenzó y avanzó sin certificación presupuestaria que acreditara la disponibilidad de recursos estatales para financiar el proyecto. Para la Procuraduría, esta situación también generó un perjuicio económico al Estado.
El quinto elemento corresponde a una presunta adjudicación predeterminada. León sostuvo que el conjunto de hechos se relaciona con las funciones que desempeñaban distintos servidores dentro de la empresa estatal y que podrían adecuarse a tipos penales contemplados en la legislación vigente.
El informe lo presentará YLB ante el Ministerio Público para que esa instancia determine la apertura de una investigación y las acciones que correspondan. La Procuraduría espera que el proceso permita establecer responsabilidades y, eventualmente, activar medidas cautelares sobre los bienes de las personas investigadas.
Diferencia de $us 874.251
Respecto al daño económico, el procurador explicó que existe una diferencia de $us 874.251 entre la propuesta adjudicada a la empresa Gerimex y la oferta de otra compañía que fue descartada durante el proceso.
“Se ha adjudicado a una empresa, que es la que ha ganado, Gerimex, y se ha descartado de manera arbitraria a otra empresa. La diferencia entre una y otra es de 874 mil 251 dólares americanos”, detalló.
“El daño económico no es solamente por la diferencia del precio de adjudicación, sino por el costo total de un proyecto que no está rindiendo los frutos necesarios ni está permitiendo que el Estado boliviano los recupere”, aseveró.
Sin embargo, León aclaró que la Procuraduría no limita el posible daño económico a esa diferencia entre propuestas, debido a que el proyecto completo supera los $us 24,387 millones y actualmente no genera los resultados esperados.
