La Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Ley 070/2025-2026 de libre transitabilidad y protección del pueblo boliviano, que establece medidas frente a los bloqueos de rutas y responsabilidades para autoridades que no atiendan conflictos dentro de sus competencias.
La propuesta fue remitida al pleno de la Cámara de Diputados, instancia que deberá analizarla y definir su tratamiento. El proyecto plantea la creación del delito de “obstrucción grave a las rutas públicas” y establece sanciones diferenciadas de acuerdo con la gravedad de los hechos.
“Se ha creado el tipo penal de obstrucción grave a las rutas públicas, donde se ha creado un tipo penal que prohíbe de toda manera el bloqueo”, informó el presidente de la comisión, diputado Manolo Rojas.
Según el legislador, quienes incurran en este delito podrían enfrentar penas de entre tres y 10 años de cárcel, de acuerdo con las circunstancias de cada caso.
El proyecto también contempla responsabilidades para las autoridades que, teniendo competencia sobre un conflicto, no adopten las acciones correspondientes. El diputado Omar Muriel explicó que los funcionarios notificados tendrán un plazo de 15 días hábiles para atender el problema o derivarlo a la instancia competente.
En caso de incumplimiento, se plantea aplicar una agravante de dos tercios sobre el delito de incumplimiento de deberes, lo que podría elevar la pena hasta seis años y dos meses.
La propuesta establece que el derecho a la protesta pacífica se mantiene vigente, siempre que su ejercicio no afecte los derechos de terceros.
Rojas explicó que el texto fue elaborado a partir de la unificación de 10 proyectos de ley. Durante su análisis, la comisión revisó 72 notas con observaciones y respaldos a la iniciativa.
El proyecto establece que los procedimientos operativos para la aplicación de la futura norma serán definidos mediante decreto supremo, en caso de que complete el trámite legislativo y sea promulgado.
