La defensa del expresidente Evo Morales sostiene que el exmandatario actuó en cumplimiento de su deber constitucional de preservar la unidad de Bolivia durante el operativo policial ejecutado en abril de 2009 en el Hotel Las Américas, en Santa Cruz, dentro del denominado caso Terrorismo.
El abogado Marcelo Galván afirmó que ese contexto debe considerarse en el análisis del proceso de responsabilidades contra Morales, a raíz de la intervención que terminó con la muerte de tres extranjeros y la detención de otros dos.
“Lo que hizo el expresidente Evo Morales fue cumplir con su obligación de resguardar la unidad de la patria. En ese periodo no se debe olvidar que se promovía la desmembración del país desde la denominada Media Luna”, declaró el jurista.
La Fiscalía General del Estado admitió la proposición acusatoria contra Morales y el exvicepresidente Álvaro García Linera, y remitió los antecedentes al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para que asuma jurisdicción. El fiscal general interino, Armando Urioste, indicó que el proceso está relacionado con presuntos delitos de lesa humanidad.
“Estamos dando cumplimiento a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Al tratarse de violaciones de derechos humanos, el Estado tiene la obligación de sustanciar el proceso”, explicó Urioste durante una conferencia de prensa en Trinidad.
La defensa de Morales pidió que se tome en cuenta la situación política y social de abril de 2009, cuando el operativo en el Hotel Las Américas acabó con la vida de Árpád Magyarosi y Michael Dwyer, además de la detención de Elöd Tóásó y Mario Tadic.
Posteriormente, Tóásó y Tadic acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que determinó la responsabilidad del Estado boliviano por vulneraciones de garantías fundamentales. Ante el incumplimiento de las recomendaciones de reparación, el caso fue elevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
La proposición acusatoria contra Morales y García Linera fue impulsada por legisladores de la alianza Libre, vinculada al expresidente Jorge Quiroga.
Galván cuestionó esa iniciativa y sostuvo que carece de fundamento jurídico. “Se pretende promover una acusación sin sustento jurídico. Insistimos en que la actuación de Morales estuvo orientada de manera exclusiva a preservar la integridad nacional”, afirmó.
