La Policía intervino la noche de este miércoles oficinas de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM), en La Paz, tras denuncias por presuntos cobros irregulares a funcionarios a cambio de mantener sus puestos de trabajo.
Durante el operativo, los efectivos secuestraron documentación, teléfonos celulares y computadoras, además de arrestar a dos trabajadores de la institución.
La diputada Cecilia Vargas se presentó en las dependencias para fiscalizar el caso y afirmó que recibió denuncias anónimas sobre supuestas exigencias económicas que alcanzarían a un sueldo completo o medio salario.
“Bueno, hemos recibido denuncias respecto a cobros para conservar los puestos. Habrían sido cobros de un sueldo entero, de medio sueldo, han sido llamadas anónimas, mensajes anónimos, y en ese sentido me ha personado acá para fiscalizar”, dijo a los medios.
La legisladora señaló que la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) inició las actuaciones investigativas y que existen testigos y funcionarios que prestan declaraciones sobre los hechos denunciados.
“Esto es totalmente irregular, es algo corrupto dentro de la función pública, y por eso se va a hacer la investigación mediante la FELCC con los procedimientos que correspondan”, sostuvo.
Vargas evitó revelar los nombres de las personas presuntamente involucradas para no perjudicar las investigaciones.
Sin embargo, anunció que continuará con las labores de fiscalización desde la Asamblea Legislativa y pidió a las autoridades ampliar las pesquisas a todos los posibles responsables.
“Yo voy a fiscalizar el caso como corresponde, y bueno, seguramente tendrán que declarar, las autoridades tendrán que declarar quienes están acá y hay nombres, no los puedo emitir para no entorpecer la investigación”, afirmó.
La diputada explicó que las presuntas víctimas serían funcionarios de cargos intermedios y de base. Según su testimonio, las exigencias económicas estarían relacionadas con la renovación de contratos o la continuidad laboral, aunque todavía debe establecerse quiénes habrían ordenado o ejecutado los cobros.
“Estos cobros de altas autoridades… Bueno, las escalas salariales están variando, ¿no? Entonces puede que una persona que gana 8 mil, otra que gana 10 mil, otra que gana 15 mil, les quieran cobrar para renovar contratos o para que continúen en sus puestos”, manifestó.
La legisladora también denunció presuntas restricciones para grabar o filmar dentro de las dependencias y pidió que el caso no se limite a las primeras actuaciones policiales.
“Vamos a fiscalizar para que esto no se detenga en las primeras horas de un posible arresto, sino que continúe la investigación con todo lo necesario, porque, reitero, estas prácticas son un gran daño para Bolivia”, remarcó.
Durante la intervención también participaron representantes de las áreas de transparencia del Viceministerio de Transparencia y del Ministerio de Salud.
Por su parte, el Ministerio de Salud informó que presentó la denuncia correspondiente tras conocer los presuntos cobros y aseguró que no encubrirá a ninguna autoridad ni funcionario que resulte involucrado.
Además, comprometió proteger la identidad de los denunciantes y resguardar su estabilidad laboral frente a posibles represalias.
Las investigaciones deberán establecer la existencia de los cobros denunciados, identificar a los posibles responsables y determinar las responsabilidades que correspondan.
