Entre siete a ocho mujeres por mes fueron asesinadas en Bolivia. De enero a octubre del 2026 la fiscalía general ha registrado71 feminicidios. Los difundió en su portal como meras estadísticas. Como si eso fuera lo central. El drama es más profundo y golpea a la esencia de la sociedad.
¿Quién está fallando en el Estado plurinacional que tiene un montón de leyes de derechos humanos y un ramillete de instituciones y autoridades que dicen defender los derechos de las mujeres? Y son pagadas para ese trabajo que no se ve.
¿En qué andan los viceministros, defensorías de la niñez, dirección de género, Defensoría del Pueblo, unidades especiales de la Fiscalía, de la Policía, del sistema educativo que cada vez impulsan campañas informativas y sin resultados concretos de disminuir la pandemia de feminicidios?
¿Faltan más leyes, más instituciones, más autoridades o falta más inteligencia, capacidad y voluntad política para afrontar los elevados índices de feminicidios en Bolivia, que cada año que pasa se rompe el récord del anterior año?
Fallamos todos. Si es toda la sociedad y sus autoridades de todos los niveles, de todos los cargos, de todas las instancias para que cada mes entre cinco a seis mujeres sean asesinadas de la forma más brutal. Y no vayan mostrando rostros compungidos acusando al otro de este drama social, desnudando que esta pandemia no se lo está atacando como debe ser: con valentía, honestidad, integridad y apuntando al fondo del asunto. No meras reacciones ante una muerte.
Somos una sociedad enferma con alta dosis de violencia en las relaciones sociales, políticas, económicas.
Las 71 mujeres asesinadas, violadas, estranguladas, acribilladas, maniatadas, ahogadas, torturadas es tan grave en esta sociedad que ya va viendo que todo es normal. Ni se inmuta, ni reacciona, ni se conmueve. Una sociedad y sus autoridades que solo les gusta la foto, mientras muchas veces conviven con los asesinos, violadores, pedófilos, narcos, corruptos y tantos sátrapas que saben que sus fechorías y delitos no serán sancionados.
“Una joven de 19 años ha sido asesinada a golpes por su pareja, un hombre de 25 años que ya ha sido detenido, en El Alto”.
“En Aymaya fue encontrado el cuerpo de Zenaida O.C., de 27 años, profesora de educación física. La autopsia de ley estableció como causa de muerte un traumatismo craneoencefálico abierto”.
“Una mujer de 31 años fue encontrada sin vida en el maletero de un vehículo estacionado cerca del cerro de La Coronilla”.
Algunos de los casos de los 71 feminicidios que enlutan a Bolivia, cuya ley principal de lucha contra la violencia hacia la mujer, Ley 348, ha sido rebasada o no la están cumpliendo en su dimensión múltiple que ordena un montón de responsabilidades a todos los órganos del Estado y a la sociedad en su conjunto, pero en el momento de la verdad, ni esta ley ni el resto de la legislación en materia de derechos humanos es prioritaria para las autoridades pasajeras. Como ejemplo, las unidades de las alcaldías y gobernaciones encargadas de estas tareas son insuficientes y no están las más capacitadas y las que tengan trayectoria en la militancia por los derechos humanos.
Con todo el paquete de leyes, decretos, programas Bolivia debería contar con un plan ambicioso y realista para afrontar esta pandemia de los feminicidios, pero que en el momento de la ejecución siempre emergen los celos institucionales, las pugnas partidarias y los prejuicios raciales. Con lo cual, las disfunciones sociales y los desequilibrios en las familias que van desde aspectos económicos, falta de fuentes labores, de oportunidades reales, de parejas o convivientes que repiten el circuito de las discusiones hasta llegar a los golpes mortales, de la falta de preparación hacia los niños y jóvenes de los problemas que deberán afrontar en la realidad de todos los días.
Este es el fondo del problema, no solo son datos fríos que cada mes nos ofrece la Fiscalía, pero que, sin embargo, ahí radica también una de las aristas de esta dolorosa y vergonzosa realidad social, familiar. Porque la justicia es cómplice para que la mayoría de los feminicidas están libres e impunes.
De ese total de casos, solo once tienen sentencias, el resto o está detenido o están a buen resguardo. La cruda realidad sigue mostrándonos sus facetas más crueles, más dolorosas: la impunidad del feminicida y la injusticia que se va afincando corroyendo las esperanzas de las familias y alimentando la indignación.
Cada vez que existe un hecho o una mujer sin vida es encontrada en un cuarto, en un lote baldío, en un auto, en el rio ahí vemos a los fiscales con su show de que están investigando, de una viceministra llorosa y apenada, de los policías que hacen gala de sus vehículos, de sus armas; de feministas que protagonizan ruidosas marchas, lanzan carajazos y luego a sus cómodas oficinas, y los familiares de la víctima que lloran a raudales, teniendo tras ellos un ejército de camarógrafos que deben enfocar hasta la última gota de sangre y periodistas que quieren informar cómo fue la atroz muerte de la víctima. Claro todo esto es pasajero, luego todo volverá a su cauce, hasta que aparezca una nueva víctima y se repite el guion.
A dos meses que acabe el 2026 esta realidad debería golpearnos a todos, pero de forma sincera, porque siempre una muerte violenta se puede evitar, porque se trata de que el Estado hoy desportillado por la lluvia de hechos de corrupción, por autoridades intermedias y de mandos medios a nivel nacional, municipal y departamental del sector no están a la altura del drama de los feminicidios. Por eso esta pandemia de los feminicidios.
Se trata de que cada uno de los habitantes de este país asumamos un rol protagónico en el activismo y la defensa de los derechos humanos. Indignarnos y reaccionar.
