A pesar de los avances relacionados con el subsidio a los combustibles y la escasez de dólares, el primer año de Gobierno de Rodrigo Paz no estuvo exento de conflictos y situaciones que demandan más tiempo para su resolución.
Entre los principales desafíos pendientes están la crisis energética, la falta de leyes estructurales en materia económica y la incertidumbre sobre la exploración y explotación de hidrocarburos y minerales, como el litio.
El economista Fernando Romero señaló que, a su criterio, entre los principales pendientes del Gobierno están la reactivación económica, la generación de empleo formal, la reforma del Estado, la recuperación del sector hidrocarburífero y la reducción del gasto público improductivo.
“La principal advertencia está en la composición de las reservas. En materia fiscal, todavía no existe evidencia de una corrección estructural consolidada: el programa con el FMI proyecta un déficit global de 9,2% del PIB para 2026. Por tanto, hay avances en estabilización, pero la consolidación fiscal sigue pendiente”, detalló Romero en contacto con La Razón.
Crisis
El 27 de febrero de 2026, un avión militar de carga tipo Lockheed C-130H Hércules (matrícula FAB-81), de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), se estrelló tras salirse de la pista del Aeropuerto Internacional de El Alto. La aeronave transportaba 17,1 millones de billetes de la serie B, en cortes de Bs 10, 20 y 50.
El informe conclusivo de la Junta Investigadora de Accidentes Aeronáuticos de la Fuerza Aérea Boliviana identificó una cadena de acontecimientos que provocó el accidente aéreo, en el que fallecieron 22 personas y otras 37 resultaron heridas.
Al momento de la publicación de esta nota, la investigación del caso continúa abierta. No obstante, se registró la aprehensión del piloto de la aeronave, Erick R. Z., acusado de homicidio culposo y lesiones culposas; del copiloto, capitán Jared R. E.; y de Harold K., representante legal de la empresa Crane Currency Malta Limited, encargada de proveer los billetes transportados en el avión.
El hecho se convirtió en la primera crisis a menos de cuatro meses de iniciada su gestión. El segundo conflicto se generaría a principios de marzo, a raíz del caso denominado “gasolina basura”.
Gasolina basura
Tras la eliminación de la subvención a los combustibles, varios sectores del parque automotor del país denunciaron daños en sus vehículos debido a la distribución de gasolina contaminada. Ante esta situación, el Instituto de Investigaciones Químicas de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) realizó un análisis técnico que concluyó que las gasolinas evaluadas incumplían los estándares de calidad.
El estudio, realizado por la casa de estudios superiores a solicitud de Bolivia Verifica, determinó que el carburante distribuido en el país no cumplía los parámetros legales de pureza. Se encontraron niveles de sedimentos gomosos que superaban hasta ocho veces el límite permitido por el Decreto Supremo 4718. Mientras la normativa establece un máximo de 5 mg/100 ml, una de las muestras analizadas alcanzó los 38,8 mg/100 ml.
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) admitió que no cuenta con suficientes laboratorios para fiscalizar adecuadamente el producto importado. Como consecuencia, la estatal desembolsó cerca de 2 millones de dólares para indemnizar a miles de conductores afectados por daños mecánicos.
No obstante, desde la Asamblea Legislativa se anunció la conformación de una comisión especial para investigar el caso. La instancia presentó su informe final el pasado 13 de agosto, en el que identificó a 54 personas como presuntos responsables, entre ellas los expresidentes de YPFB Armin Dorgathen y Yussef Akly, además de la exdirectora de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Margot Ayala.
Este hecho tuvo una incidencia directa en la conducción de ambas instituciones.
Reestructuración de YPFB
En el caso de YPFB, durante 2026, la presidencia de la estatal cambió en tres ocasiones. El primero en dejar el cargo fue Yussef Akly, quien ejerció la presidencia hasta finales de marzo de ese año. Posteriormente, el puesto fue asumido por Claudia Cronenbold, quien permaneció brevemente en funciones hasta el 23 de abril, cuando fue posesionado Sebastián Daroca Oller, actual presidente ejecutivo interino de YPFB.
A esto se sumó la promulgación del Decreto Supremo 5697 por parte de Paz, que determinó la intervención “extraordinaria, transparente y temporal” de la estatal, con el objetivo de fortalecer su gestión y establecer mecanismos de control y supervisión sobre la cadena logística de importación y distribución de carburantes.
Esta sucesión de cambios en la dirección de YPFB reflejó las dificultades del Gobierno para estabilizar la administración de la principal empresa estatal del sector energético. Además, la intervención puso en evidencia la necesidad de corregir las deficiencias en los procesos de importación, almacenamiento y distribución de combustibles.
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Nuevas exploraciones
Pese a la promulgación de decretos supremos vinculados a la eliminación del subsidio a los combustibles, que derivaron en una reducción de las filas en las estaciones de servicio, la provisión futura de estos insumos todavía es incierta.
El pasado 28 de agosto, en un acto oficial junto al ministro de Hidrocarburos y Energías, Marcelo Blanco, y el gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, el presidente Rodrigo Paz inauguró la perforación del pozo Junín-9D.
El vocero presidencial, José Luis Gálvez, destacó este hecho como el inicio de la implementación de una política de reactivación del sector hidrocarburífero.
“El volumen total pareciera pequeño, pero es significativo porque es el inicio de la implementación de una política de reactivación en el sector de hidrocarburos y los bolivianos tenemos que recordar que nosotros tenemos gas, tenemos formas de producir gasolina y diésel”, aseguró.
La reserva prevé alcanzar una producción inicial de 8 millones de pies cúbicos por día, volumen que representaría un incremento aproximado del 10% respecto a la producción actual de YPFB Chaco.
Falta de exploración
El Gobierno no anunció nuevas acciones concretas vinculadas a la exploración de reservas de gas. La falta de nuevas exploraciones podría tener repercusiones en diferentes áreas productivas del país.
Por ejemplo, datos de la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear (AETN) señalan que el 64% de la generación bruta de electricidad en 2025, tanto del Sistema Interconectado Nacional (SIN) como de los sistemas aislados, provino de centrales termoeléctricas, que funcionan mediante la combustión de combustibles fósiles.
Escasez de diésel
Los representantes del sector agropecuario señalaron que la escasez de diésel afectó particularmente el desarrollo de esta actividad, sobre todo durante las temporadas de cosecha, situación que, a su vez, podría derivar en una crisis alimentaria.
La falta de aprobación de políticas vinculadas al sector energético del país se debió, en gran medida, a que la Asamblea Legislativa no dio curso a varias iniciativas impulsadas por el Órgano Ejecutivo, entre ellas los proyectos de ley de Inversiones, Hidrocarburos, Minería, Fomento a las Energías Verdes y Electricidad.
Paro de los 53 días
Otro de los hechos más relevantes durante el primer año de Gobierno de Paz fue el impacto económico generado por el paro de 53 días entre mayo y junio, que profundizó la crisis y afectó a diversos sectores de la economía nacional.
El entonces ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, informó que los casi dos meses de bloqueo de caminos le costaron al país más de Bs 14.000 millones.
“El hecho de estos 53 días de bloqueo nos ha costado más de 14.000 millones de bolivianos en ingresos, pero esto hay que mitigarlo y hay que reducirlo rápidamente, no por eso es necesario volver a la agenda de integración que nosotros teníamos”, explicó la autoridad.
Este conflicto llevó al Gobierno nacional a declarar el estado de excepción el 20 de junio de 2026, medida que fue ampliada el 17 de septiembre por otros 90 días, con vigencia hasta diciembre de ese año. La decisión fue respaldada por sectores empresariales, que argumentaron haber sido los más afectados por las protestas sociales.
Asimismo, pese al acercamiento inicial con el sector privado, el presidente de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb), Oswaldo Barriga, denunció haber sido excluido de la firma de un acuerdo entre la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), la Cámara Nacional de Comercio (CNC) y la Cámara Nacional de Industrias (CNI). Ante esta situación, solicitó al Gobierno trabajar de manera conjunta.
Censura de Espinoza
El 18 de agosto, el área económica sufrió un golpe institucional con la censura al entonces ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, por parte de la Asamblea Legislativa, hecho que derivó en su destitución. Siete días después, el 25 de agosto de 2026, Paz posesionó a Christian Morales Burgos como nuevo titular de esa cartera de Estado.
Uno de los aspectos positivos anunciados por el Gobierno al inicio de su gestión fue el cierre de las empresas estatales que resultaran deficitarias para el país. Sin embargo, ante la falta de recursos económicos para concretar su cierre y cubrir la liquidación de beneficios al personal, las autoridades analizaron la posibilidad de recuperarlas mediante alianzas público-privadas, de modo que el sector privado realice las inversiones necesarias y estas unidades productivas puedan operar en beneficio de la población.
Indicadores
Finalmente, como consecuencia de la eliminación de los subsidios a los carburantes, el Instituto Nacional de Estadística (INE) reportó que, hasta octubre de 2026, la inflación acumulada llegó al 6,03%, acompañada de una variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del 2,07% en octubre.
Con este registro, octubre se ubicó entre los meses con mayor inflación de 2026, por debajo de junio, cuando alcanzó el 2,15%, y mayo, con un 2,13%. Ambos meses estuvieron marcados por los efectos de los 53 días de bloqueo, que incidieron en el comportamiento de los precios de distintos productos y servicios.
