Rodrigo Paz abre su segundo año de mandato con el tipo de cambio estable y un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que ordena su hoja de ruta. Pesa en su contra una suma de escándalos y denuncias, con diversas encuestas reflejando un respaldo ciudadano en declive. La fotografía del presente revela un gobierno sin las bases políticas e institucionales debilitadas para sostener lo que viene.
E segundo año tiene una prueba central: empezar a entregar resultados en la economía. Eso implica cumplir las condiciones del acuerdo con el Fondo, entre ellas el corte de la subvención a la gasolina y, en parte, al gas, sin dejar desamparados a los sectores populares frente al alza de precios. Y deberá hacerlo con instituciones interinas, un Poder Judicial bajo sospecha y un escenario en el que ningún actor político, tampoco el gobierno, muestra fuerza.
Ese es el diagnóstico de Gustavo Pedraza, abogado con estudios de postgrado en Harvard y excandidato vicepresidencial de Comunidad Ciudadana junto a Carlos Mesa en 2019 y 2020. En esta entrevista en exclusiva con Animal Político, de La Razón, Pedraza recorre la herencia del ciclo masista, los avances, las tareas pendientes, la crisis de la justicia, la conflictividad social y el reordenamiento que, a su juicio, exige la política exterior tras el cambio de correlación de fuerzas en Estados Unidos.
Una herencia pesada y un gobierno solitario
Pedraza ubica el origen de la situación en el final del ciclo del MAS. «La conclusión del ciclo masista prácticamente dejó al Estado descompuesto. Dejó la economía destrozada y la política completamente caótica», afirma. Afrontar una crisis de esa magnitud, que a su juicio abarca la economía, la política, las instituciones, el narcotráfico y la corrupción, requería un gobierno fuerte y una alianza sólida. Eso, sostiene, no ocurrió.
Por eso, según el analista, el presidente Paz abordó esos problemas «de una manera solitaria y débil». Intentó reformas económicas con un decreto, pero la política de la calle, heredada y empoderada desde la época del MAS, «prácticamente le cierra el paso y lo hace volver para atrás». Los 53 días de bloqueo de la segunda movilización, dice, muestran que la presión callejera tradicional subsiste.
Pasó la ‘luna de miel’
El gobierno, agrega, se debilitó rápido en el terreno político: «no articula, no cohesiona, no se fortalece». Pedraza recuerda que, cuando contaba con 65% de aprobación, era el momento de tomar las medidas drásticas en la economía, y no lo hizo. Hoy el escenario es otro: «Ha perdido una buena parte del apoyo político y social y todavía tiene que tomar decisiones drásticas, porque esas son las condiciones del acuerdo con el Fondo Monetario».
En crisis de este tipo, explica, la historia y la literatura política muestran que la inmediatez y la eficacia son decisivas, y que los resultados deben verse pronto. «No ha habido en este caso ninguno de estos dos elementos. Por lo tanto, se ha perdido fuerza para hacer cambios drásticos», señala.
Economía: lo logrado y lo que falta
Pedraza reconoce avances. El gobierno logró estabilidad en el tipo de cambio y trazó, con cierto retraso, una hoja de ruta con el FMI. Ese acuerdo permitió alinear las acciones en el campo económico, «lo que, hay que reconocer, le ha hecho bien», y se refleja en la estabilidad cambiaria y en la recuperación progresiva de los ahorros en dólares.
Sin embargo, considera que aún no se han sentado las bases fundamentales. Menciona la nueva ley de inversiones para atraer capitales, el problema de las empresas públicas deficitarias y la ausencia de «un marco jurídico que vaya a transformar la economía y que progresivamente haya un crecimiento». «Esas son las tareas pendientes», resume.
El año que viene, el gobierno tendrá que cumplir las condiciones del acuerdo con el Fondo. Eso implica, según Pedraza, cortar la subvención a la gasolina y, en parte, al gas, con efecto sobre la generación eléctrica y el precio de la electricidad. El presupuesto de 2027 incorpora recursos para mantener el subsidio a la gasolina, lo que interpreta como señal de que el gobierno piensa en una mayor gradualidad ante la pérdida de apoyo. Duda, sin embargo, de que el Fondo lo acepte: «Creo que la principal condición es levantar los subsidios, no solamente al diésel, sino también al gas y a la gasolina; ahí tendrá que medir el gobierno».
Presiones inflacionarias
Los precios ya se movieron. En los últimos 6 meses, tras retirar el subsidio al diésel, «básicamente todo el sistema de la economía productiva ha incrementado sus costos, y esto se refleja en los precios de los alimentos en los mercados». Y añade: «obviamente se va a notar mucho más el próximo año, cuando se levante algún otro subsidio».
Por eso reclama una red de protección. «No puede la subida de precios dejar desamparada y empujar a la extrema pobreza a la población boliviana», advierte. Propone programas de generación de empleo en los municipios, financiados con ayuda internacional y articulados con los gobiernos subnacionales, y pide acelerar la asistencia social para los sectores más populares.
Justicia, corrupción e instituciones
Pedraza califica de dramática la situación que dejó la operación contra el narcotráfico de marzo del año pasado, cuyas secuelas «todavía las estamos viviendo». El narcotráfico, explica, no solo recibía protección del sistema judicial, sino que la actividad se organizaba desde las instituciones que debían combatirlo. Los casos del fiscal general, del presidente del Tribunal de Justicia, de fiscales y jueces, afirma, muestran que «el delito, el crimen, estaba en el corazón de la administración judicial». Y añade: «creo que no hay en la historia del país momentos parecidos a los que tenemos ahora».
Siempre se supo que la corrupción era parte del sistema, dice, pero no había certeza de que el órgano judicial que debe luchar contra la delincuencia formara parte del crimen organizado. De ahí su conclusión: «no puede quedarse el Poder Judicial como está». Una reforma profunda, sostiene, es condición para que el Estado recupere la confianza ciudadana.
En corrupción, el panorama tampoco mejora. «La tarea en el campo de la corrupción es gigantesca», afirma, y el gobierno ha entrado «bajo sospecha». Pide señales claras de que «se va a sancionar, se va a investigar, se va a esclarecer». De que se institucionalizará el Estado con autoridades designadas «en base a méritos e idoneidad» en las principales instituciones públicas.
Los interinatos de siempre
Ese último punto es, para Pedraza, el nudo del problema. No hay elección de autoridades como mandan las normas y «todas las autoridades siguen siendo interinas después de un año». Ante la ausencia de una estructura política orgánica y del partido, explica, ingresan al poder los círculos de amistad y los círculos familiares. Con ellos viene la cuestión de que «se patrimonializa el Estado, se confunde la responsabilidad pública con el derecho a administrar el poder».
Cita el caso de Fernando Cerimedo como síntoma de que se articula «una especie de organización al margen de las instituciones». Así, el poder del Estado se maneja desde «un grupo de personas que nadie ha elegido como responsables para tomar decisiones». La salida, plantea, es reconstruir las instituciones «para que esa responsabilidad pública de cada una de las autoridades prevalezca sobre las tentaciones del manejo arbitrario del bien público».
También menciona la descentralización. La promesa electoral del 50-50 sigue en la agenda, pero con la ausencia de recursos será difícil avanzar rápido. Hay, dice, un nudo todavía sin desatar: el MAS había logrado reconcentrar todo y esa herencia sigue muy viva en el Estado central.
Política: sin acuerdo no hay gestión
Para Pedraza, la gestión económica no puede separarse de la política. Considera «absolutamente necesario» que el gobierno articule un acuerdo, no solo en la Asamblea Legislativa, donde deben aprobarse leyes, sino en el campo político en general, para recobrar confianza y afrontar la resistencia social que prevé en los próximos meses. «No veo otra salida para fortalecer la gestión del gobierno», afirma.
Critica la conducción del Legislativo. «No se puede manejar la Asamblea Legislativa de una manera caótica, donde se cuestione, por ejemplo, la elección de la directiva, donde no haya claridad en la agenda legislativa», sostiene. Señala la tensión entre el presidente nato de la Asamblea y el Ejecutivo, del que es parte según la Constitución. La califica de anomalía que debe superarse: «es fundamental». Y agrega que el gobierno necesita mostrarse ante la sociedad «de la manera más clara, como promotor de acuerdo político».
La debilidad de todos
La coyuntura, resume Pedraza, tiene un rasgo dominante. «Una de las características de este momento es la descomposición institucional y la debilidad de todos los actores políticos, absolutamente todos. No hay ningún actor político que tenga fuerza o muestre fuerza».
Los movimientos sociales que entraron con fuerza en enero, dice, perdieron legitimidad, y los líderes sindicales salieron debilitados. Eso explica, a su juicio, la ausencia de resistencia, y anticipa que su recuperación tomará tiempo. La movilización de los maestros por el tema de la descentralización, por ejemplo, no los mostró fuertes ni con legitimidad ante la sociedad. Aun así, «el gobierno cede ante el forcejeo».
Ese estilo, que Pedraza ve en enero, en junio y julio, y de nuevo ahora, no dará resultados en la gestión del Estado. «Tiene que cambiar también ese modo de gestionar los conflictos», sostiene, porque la conflictividad no desaparecerá. «Ese nivel de conflictividad latente, de medio a crítico, va a permanecer durante toda la gestión, porque sabemos todos cómo era la dificultad económica heredada, y sabemos que la solución a la economía no se va a dar en 1 o 2 años». Y precisa: «lo que no tiene que ser una constante es la gestión de los conflictos que el gobierno ha estado demostrando».
Un nuevo mapa internacional
Pedraza cree que la derrota de Donald Trump en las elecciones de medio término tendrá efecto en América Latina y en el mundo. Para Bolivia, afirma, el cambio en la correlación de fuerzas en EEUU «obliga a repensar y ordenar las relaciones internacionales del Estado boliviano».
Si la principal acción del presidente en su primer año fue la alianza inaugural con el Escudo de las Américas, dice, el país debería apuntar hacia otros aliados. No únicamente a mantenerse cerca de Estados Unidos. Propone ordenar las relaciones, nombrar embajadores y establecer una agenda con los estados de las regiones vitales para la economía, en particular para el comercio internacional. Después de un año, opina, es un buen momento: «me parece obligada la redefinición en este campo».
Los resultados electorales en Brasil, la crisis suscitada en Paraguay y lo que ocurre en Europa y en EEUU, concluye, «son insumos que no tienen que ser ignorados para poder ordenar las líneas estratégicas en el relacionamiento internacional de Bolivia».
Una prueba en dos frentes
El balance de Pedraza deja al gobierno ante una doble exigencia. En la economía, cumplir con las condiciones del acuerdo con el Fondo sin dejar desamparados a los sectores populares. En la política, construir los acuerdos y las instituciones que hoy le faltan para sostener esa tarea. Sin lo segundo, advierte, lo primero será muy difícil.
