Las principales compañías mineras que operan en Bolivia identifican oportunidades de inversión, pero advierten que la falta de seguridad jurídica, la burocracia y las limitaciones del actual marco normativo frenan el desarrollo minero.
El vicepresidente ejecutivo de New Pacific Metals, Hianny Romero; el vicepresidente corporativo de Minera San Cristóbal, Javier Diez de Medina; y la gerente general de la Asociación Nacional de Minería Mediana (ANMM), Ilse Beltrán, coinciden en que Bolivia atraviesa una oportunidad para recuperar su protagonismo en la minería internacional, impulsada por la creciente demanda mundial de minerales. Sin embargo, sostienen que el país necesita ofrecer reglas claras, estabilidad regulatoria y garantías para las inversiones de largo plazo.
Desde New Pacific Metals (NPM), Romero señaló que la compañía mantiene su apuesta por Bolivia mediante sus proyectos Silver Sand, en Potosí, y Carangas, en Oruro, que en conjunto contemplan inversiones referenciales cercanas a los $us 700 millones, sujetas a las condiciones necesarias para su desarrollo.
El ejecutivo explicó que Silver Sand cuenta con un contrato administrativo minero por adecuación, pero enfrenta retrasos por la presencia de minería ilegal y conflictos que dificultan el proceso de socialización con las comunidades. No obstante, espera superar estos obstáculos el próximo año.
En el caso de Carangas, indicó que el proyecto necesita la aprobación de dos leyes en la Asamblea Legislativa: la Ley de Necesidad de Estado y el Contrato Administrativo Minero. La empresa espera que ambas normas reciban aprobación a inicios de 2027.
“Nuestro objetivo es que ambos proyectos puedan materializarse progresivamente, conforme se consoliden las condiciones legales, técnicas, ambientales y financieras necesarias”, afirmó Romero a este medio de prensa.
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San Cristóbal
Por su parte, la empresa Minera San Cristóbal apuesta por ampliar la vida útil de sus operaciones y avanzar hacia nuevas etapas productivas. Javier Diez de Medina informó que la compañía concluyó el estudio de factibilidad de su proyecto de óxidos, que prevé ingresar en producción hasta 2030 y requiere una inversión de aproximadamente $us 650 millones.
A este monto se suma una inversión de $us 57 millones en una campaña de exploración que permitió extender por 17 años adicionales la producción de sulfuros de plomo-plata y zinc-plata.
“Esas son buenas noticias para el país, la región y las comunidades aledañas a nuestra operación debido a los importantes recursos que serán movilizados como consecuencia de la ampliación de la vida útil de la mina”, manifestó el ejecutivo a La Razón.
La compañía considera que Bolivia necesita actualizar su legislación para atraer nuevos operadores, recuperar su capacidad exploratoria y desarrollar yacimientos que permitan ampliar la producción minera.
Diez de Medina señaló que la Ley 535, vigente desde 2014, requiere una evaluación después de más de una década de aplicación. A su criterio, su orientación estatista limitó el interés de capitales nacionales y extranjeros para establecer nuevos proyectos.
No se trata de otorgar privilegios para las empresas mineras. Se trata de contar con condiciones razonables y reglas claras para que las inversiones puedan desarrollarse, producir y generar beneficios para el país”, afirmó el ejecutivo.
Medianos
Desde la representación de la minería mediana, Ilse Beltrán identificó oportunidades de inversión adicionales por más de $us 1.000 millones entre los proyectos y las operaciones de las empresas afiliadas a la ANMM.
Explicó que las compañías que actualmente trabajan en Bolivia son las que podrían concretar inversiones en el corto plazo mediante ampliaciones, nuevos proyectos, exploración y modernización de sus procesos productivos.
“El interés por invertir existe, pero las decisiones dependen de que Bolivia ofrezca seguridad jurídica, competitividad tributaria y previsibilidad”, remarcó.
La ejecutiva también advirtió que desde la aprobación de la actual Ley Minera, en 2014, el país no incorporó nuevas operaciones mineras de importancia a la producción. Esta situación, sumada al posible descenso de la capacidad productiva de algunos yacimientos, plantea la necesidad de acelerar las inversiones.
Beltrán destacó que la minería representa el 67% de las exportaciones bolivianas y que, hasta septiembre de 2026, las ventas externas del sector superan los $us 6.000 millones, con un crecimiento del 83% respecto al mismo periodo de 2025. Además, estimó que el país podría cerrar el año con exportaciones mineras superiores a los $us 9.000 millones.
Código y seguridad
Los representantes consideran que el nuevo marco normativo debe establecer condiciones que permitan desarrollar proyectos de largo plazo, reducir tiempos administrativos y garantizar respeto a derechos mineros.
“La seguridad jurídica no depende únicamente de contar con normas, sino también de su aplicación efectiva, del cumplimiento de las decisiones de las autoridades y de una coordinación institucional oportuna”, dijo Romero.
Diez de Medina planteó actualizar el régimen tributario, agilizar la aprobación de licencias y contratos, mejorar infraestructura logística y habilitar mecanismos de arbitraje internacional para resolver controversias sobre inversiones de gran magnitud.
Otro punto de coincidencia es la necesidad de articular el trabajo del Estado, las empresas privadas y las cooperativas mineras nacionales, con responsabilidades claramente definidas.
Romero considera que el Estado debe garantizar la seguridad jurídica, establecer reglas equitativas y fiscalizar la actividad; mientras que las privadas pueden aportar capital, tecnología, empleo formal y estándares internacionales. Las cooperativas, por su parte, necesitan avanzar en su formalización y tecnificación.
Diez de Medina planteó que el Estado se concentré en garantizar los derechos, combatir la ilegalidad y desarrollar infraestructura y que las empresas privadas impulsen proyectos de gran escala.
Chile y Perú se consolidan como líderes en la región
La producción minera entre Perú y Chile representa uno de los ejes económicos más potentes del mundo, concentrando juntos cerca del 35% de la producción global de cobre.
La minería aporta cerca del 10% del PIB en Chile y del 9% del PIB en Perú, representando además casi el 60% de las exportaciones de cada nación; según datos de la Corporación de Estudios para Latinoamérica (Cieplan).
Chile y Perú mantienen el liderazgo indiscutible de las exportaciones mineras en Sudamérica, mientras que Argentina, Bolivia y otros países vecinos aceleran sus reformas y nuevos proyectos para cerrar la brecha y captar capitales de la transición energética.
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, reafirma en cada discurso que el país posee una de las mayores riquezas minerales del mundo, pero genera “apenas una fracción” de los ingresos que obtienen países vecinos por esa actividad.
Bloque
Hace poco, el Mandatario propuso la creación de una alianza estratégica y un bloque minero que integre a Bolivia, Perú y Chile para aprovechar la que considera la mayor concentración minera del mundo.
«Chile en minería mueve al año 65 mil millones de dólares. Perú, la otra frontera, mueve 50 mil millones de dólares. Y Bolivia, que es el país más rico de los tres, en la parte andina, movemos sólo 6 mil millones de dólares. Y hacemos de eso un debate político, en vez de generar un debate de crecimiento y desarrollo», lamentó el mandatario en el XVI Encuentro Empresarial Iberoamericano, en Madrid.
Las máximas autoridades mineras de Argentina, Chile, Perú y Bolivia suscribieron en agosto de esta gestión una declaración conjunta sobre minerales estratégicos, con el objetivo de fortalecer la cooperación regional y posicionar a Sudamérica como un socio confiable para el abastecimiento mundial de recursos esenciales para la transición energética, la electromovilidad y el desarrollo de la inteligencia artificial.
El acuerdo apunta a promover el desarrollo sostenible de los recursos minerales e impulsar la cooperación técnica.
