El proyecto de perforación exploratoria Domo Oso-X3, ubicado en el área San Telmo Norte de Tarija, podrá continuar sus operaciones después de que la Sala Primera del Tribunal Agroambiental rechazara los recursos que pretendían mantener suspendidos los trabajos.
La resolución ratifica el criterio de que el área prevista para la perforación está fuera de los límites de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía. Sin embargo, establece nuevas obligaciones de vigilancia ambiental para prevenir posibles afectaciones al entorno.
El pronunciamiento declaró infundados los recursos presentados por terceros dentro de la acción ambiental precautoria promovida por la Defensoría del Pueblo en enero de 2026 contra entidades estatales, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y Petrobras Bolivia.
La medida cautelar había dispuesto inicialmente la paralización temporal de las actividades del proyecto, mientras se evaluaban las observaciones ambientales y procedimentales.
Controles ambientales
Entre las nuevas disposiciones figura un sistema permanente y reforzado de monitoreo de la calidad del agua de los ríos Chiquiacá y Soledad. También se deberá vigilar la biodiversidad, los niveles de ruido y las emisiones generadas por las actividades.
El Ministerio de Hidrocarburos, la autoridad ambiental competente y la empresa operadora deberán coordinar las acciones de prevención de riesgos hidrológicos. Además, tendrán que presentar informes semestrales ante el Tribunal Agroambiental sobre el cumplimiento de las medidas.
Con esta decisión se agota la vía ordinaria agroambiental y se habilita la continuidad del proyecto. Según la información difundida sobre la iniciativa, Domo Oso-X3 tendría un potencial de incorporar entre dos y cuatro trillones de pies cúbicos (TCF) de gas natural a las reservas del país.
Cuestionamientos de las comunidades
El proyecto acumula observaciones de comunarios y organizaciones ambientalistas, que cuestionaron los procedimientos de autorización, la consulta a las poblaciones del área de influencia y la situación legal de los terrenos destinados a la perforación.
Durante una audiencia realizada en febrero en Entre Ríos, representantes de los sectores opositores señalaron que el predio tendría hasta cuatro personas que reclaman derechos propietarios y que, según informes del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), no contaría con saneamiento.
También hubo diferencias sobre el alcance de la consulta. Mientras las instituciones estatales señalaron que fueron consultadas entre ocho y diez comunidades, los representantes de los comunarios sostuvieron que debían considerarse al menos 23.
La decisión judicial permite avanzar con la perforación, aunque mantiene obligaciones de seguimiento ambiental cuyo cumplimiento deberá ser reportado periódicamente ante el Tribunal.
