No son solo su porte, su mirada o sus ademanes en los debates del Congreso de los Diputados, aun sin ser un gran orador. Son los efluvios de superioridad con que Pedro Sánchez se adueña del centro de la escena, incluso cuando está contra las cuerdas o pierde la precaria estabilidad parlamentaria con la que gobierna España desde 2023. Una actitud que contrasta con la escasa gracia, acaso también ingenio, de Alberto Núñez Feijóo, secretario general del Partido Popular y principal aspirante a sucederlo en La Moncloa.
Puede que no destaque por sus dotes intelectuales, pero sí como un consumado guionista de la narrativa política. A fuerza de giros inesperados y apuestas de alto riesgo, se ha convertido en uno de los grandes supervivientes políticos de Europa. La hemeroteca guarda episodios reveladores. En mayo de 2023 sorprendió convocando elecciones anticipadas para el inédito 23 de julio, en pleno verano. Aunque no ganó, consiguió gobernar. Menos de un año después, en abril de 2024, anunció cinco días de reflexión para decidir si dimitía, tras abrirse una investigación judicial contra su esposa por presunto tráfico de influencias y corrupción. La maniobra, desconcertante pero eficaz, desató una oleada de solidaridad que recompuso temporalmente su liderazgo.
Los escándalos de corrupción que cercan a su entorno y la crisis migratoria de Ceuta, desatada en agosto, parecían descartar cualquier convocatoria electoral. Pero Sánchez encontró en el malestar por el desahucio de Maricarmen, una anciana desalojada de su vivienda en un barrio acomodado de Madrid, la ansiada ocasión para alterar el curso de los acontecimientos, convocar elecciones e intentar repetir la hazaña de 2023.
Nunca sabremos cuál habría sido el resultado electoral sin el accidente ferroviario de Urda, en Toledo, el pasado 28 de octubre, que dejó 69 víctimas mortales y trastocó la campaña. Ni siquiera pudo Sánchez capitalizar la derrota de Trump del 3 de noviembre, su gran némesis geopolítica. Sin embargo, su estrategia de humanización —besos a su esposa en los mítines y una estampa desenfadada de vaqueros en las entrevistas televisivas— comenzaba a surtir efecto. La imagen del líder sin escrúpulos cedía terreno, mientras se movilizaba al electorado de izquierdas y se estrechaba la ventaja inicial de la derecha.
El triple salto mortal sin red de la convocatoria exigía una apuesta extraordinaria. Sánchez necesitaba llevar al PSOE hasta los 125 o 130 diputados y confiar en que las formaciones a su izquierda y nacionalistas conservaran representación suficiente para recomponer la mayoría parlamentaria. Una empresa casi imposible cuando las encuestas sitúan a la derecha en torno a los 190 o 200 escaños, con el PP alrededor de los 130 y Vox disparado hasta los 60 o 70, el doble de lo obtenido en 2023. Pero acaso la apuesta encerraba otra salida, menos ambiciosa y no por ello menos decisiva. Si no retenía La Moncloa, todavía podía imponerse al PP, conservar el control del PSOE y aguardar desde la oposición. El problema es que una derrota podría dejarlo no solo fuera del Gobierno, sino también sin el control de su partido y cercado por los procesos judiciales que afectan a su entorno, incluido el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Llegados a ese punto, ya no sería descabellado hablar de una implosión del PSOE tal como hoy lo conocemos.
He ahí por qué convertir la indignación por el desahucio y fallecimiento de Maricarmen en bandera moral, erigiéndose en adalid de quienes buscan vivienda frente a fondos buitre, especuladores y grandes propietarios, se ha convertido para Sánchez en un juego de vida o muerte. Como lo es sacar pecho por el «éxito» económico del crecimiento por encima de la media de la zona euro, cifras récord de turismo, empleo y recaudación, y el tirón de la demanda agregada, que permite exhibir la revalorización de pensiones y subsidios estatales como frutos de su gestión.
Hay, sin embargo, una contradicción con la que ningún partido parece dispuesto a incomodar a los electores. Buena parte de ese «éxito» reposa sobre una economía atrapada en el hiperturismo, factor primigenio de la crisis de vivienda. Un modelo que enfrenta por el mismo espacio residencial a turistas con elevada capacidad adquisitiva, inmigrantes que llegan para atender esa demanda —sin cuya fuerza de trabajo los costes se dispararían— y residentes locales. En los estratos inferiores quedan aprisionados quienes trabajan en actividades de bajo valor añadido o perciben salarios medios o bajos. Aunque se atribuya al turismo un 13 % del PIB español, el impacto real podría superar el 20 % si se incluye todo el arrastre sobre la cadena productiva.
Son magnitudes que hacen tentador para los gobiernos, incluidos los autonómicos, entregarse al turismo. La demanda externa llega y gasta de inmediato, mientras que apostar por la industria, la innovación o la diversificación productiva exige planificación, inversión, riesgos y años de espera. Pero los réditos turísticos conducen a callejones sin salida y generan externalidades negativas, desde las tensiones migratorias hasta el agravamiento de la crisis de la vivienda.
No hay entonces que forzar demasiado las costuras para entender que el desahucio de Maricarmen fue un grave error. No es lo mismo desalojar a una mujer de 60 años que a una de 87, cuya salud se deterioró hasta su fallecimiento, el pasado 7 de octubre. Pero tampoco es menor la otra tragedia. Que alguien pudiera permanecer siete décadas en una vivienda como arrendataria, incluso contra la voluntad del propietario, revela hasta qué punto el derecho de propiedad inmobiliaria en España lleva tiempo vaciado de contenido. El titular conserva formalmente la propiedad, pero tiene cercenadas sus facultades de uso, disfrute y disposición. Ello sin contar con el extendido fenómeno de las ocupaciones ilegales.
Hay tragedias que el poder puede convertir en bandera moral; otras lo obligarían a mirarse en el espejo. La paradoja es que el Gobierno pretende erigirse en protector de quienes padecen una crisis de vivienda alimentada por el mismo modelo económico que impulsa y exhibe como credencial de gestión. Pero la supervivencia política rara vez se detiene ante escrúpulos o contradicciones. Si la realidad incomoda, siempre queda la posibilidad de escenificar otra, señalar culpables o reacondicionar el repertorio de la lucha de clases para hacer de la indignación una nueva reserva de poder. Al final, lo que está en juego no es solo la continuidad en La Moncloa, sino la propia supervivencia de Sánchez. Lo contrario podría terminar devorando a su autor.
