La Procuraduría General del Estado (PGE) informó este miércoles sobre las acciones legales que impulsa en Bolivia y ante el sistema interamericano por el caso Hotel Las Américas, relacionado con el operativo policial del 16 de abril de 2009, en Santa Cruz.
En el ámbito nacional, la institución formalizó su adhesión a la denuncia presentada por tres personas afectadas ante el Ministerio Público. Además, solicitó ampliar la investigación por el presunto delito de asesinato contra el expresidente Evo Morales y el exvicepresidente Álvaro García Linera, a quienes señaló como presuntos autores intelectuales del operativo.
La solicitud se sustenta, según la Procuraduría, en declaraciones públicas de García Linera sobre la instrucción del procedimiento policial. La entidad también pidió el arraigo y la activación de un sello rojo contra Morales, con el propósito de asegurar su comparecencia ante la Justicia boliviana.
Como parte de las actuaciones investigativas, la Fiscalía realizó una inspección técnica ocular en las instalaciones del hotel, con participación de la Procuraduría. La entidad aclaró que su intervención consiste en hacer seguimiento al proceso y no sustituye las atribuciones investigativas del Ministerio Público.
En el ámbito internacional, la PGE señaló que ejerce la defensa jurídica del Estado boliviano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La audiencia prevista inicialmente para septiembre de 2026, en Montevideo, Uruguay, fue postergada por el tribunal y está pendiente de una nueva programación.
Paralelamente, la Procuraduría coordina acciones para atender las cuatro recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Estas contemplan la reparación integral de las personas afectadas por detenciones prolongadas, arrestos domiciliarios y exilio; además de medidas relacionadas con atención médica y situación migratoria.
También incluyen el seguimiento a la investigación penal para esclarecer los hechos en un plazo razonable y la incorporación de contenidos de derechos humanos en los programas de capacitación de la Fiscalía, la Policía y otras instituciones.
La PGE indicó que realizó las actuaciones que considera correspondientes en las instancias nacionales e internacionales y rechazó las versiones que, a su juicio, distorsionan su trabajo. Asimismo, reafirmó que su intervención busca garantizar el debido proceso y la defensa de los intereses del Estado.
El caso se refiere al operativo policial ejecutado en el Hotel Las Américas, donde murieron Eduardo Rózsa Flores, Árpád Magyarosi y Michael Dwyer, mientras que Mario Tadic y Elöd Tóásó fueron detenidos.
La CIDH atribuyó al Estado boliviano responsabilidad por vulneraciones de derechos humanos en estos hechos y remitió el caso a la Corte IDH.
