Un operativo conjunto de la Policía y el Ministerio Público derivó en el secuestro de documentación en la vivienda donde residía Gabriela Delgadillo Salazar, exgerente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
El allanamiento se realizó en un condominio de la zona norte y forma parte de la investigación por presunta usurpación de funciones, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.
Caso
El fiscal Daniel Ortuño informó que el material recolectado será sometido a análisis pericial para determinar si existen contratos u otros documentos suscritos por la exautoridad durante el periodo en que habría ejercido funciones de manera irregular dentro de la estatal petrolera. Las pesquisas buscan establecer responsabilidades penales y el posible alcance de las decisiones adoptadas.
La intervención fue ejecutada por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) en coordinación con la Fiscalía, en el marco de un proceso que involucra a tres personas. Según el Ministerio Público, uno de los implicados ya fue imputado formalmente, mientras que otro será convocado a declarar en los próximos días.
Delgadillo Salazar cumple detención preventiva por 90 días en el penal de Palmasola, mientras continúan las diligencias investigativas. Las autoridades no descartan nuevas actuaciones ni la ampliación de cargos, dependiendo de los resultados del análisis de la documentación incautada.
El caso se centra en determinar si la exejecutiva asumió atribuciones sin respaldo legal en YPFB entre 2024 y 2025 y si durante ese periodo se firmaron contratos o se adoptaron decisiones administrativas con efectos económicos para la empresa estatal.
La Fiscalía prevé avanzar con la revisión de los documentos en las próximas semanas para definir los siguientes pasos del proceso.
Delgadillo, por su parte, calificó su detención como política, injusta e ilegal, pues asegura que presentó toda la documentación pertinente, pero el juez del caso rechazó las pruebas.
