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El Gobierno reduce gastos para crear nuevos ítems en educación, salud, FF.AA. y la Policía

En el Presupuesto General del Estado (PGE) Reformulado 2026, el Gobierno redujo los gastos burocráticos y de su estructura administrativa para administrar de forma más eficiente los recursos públicos.

Esta medida permitió incrementar la inversión en 3.000 nuevos ítems para educación, 2.355 para salud y 1.512 para las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, con el fin de reforzar los servicios de seguridad. En total, se trata de 6.867 nuevos ítems destinados a fortalecer los servicios públicos esenciales que recibe la población.

Destacó que la incorporación de nuevos ítems en educación equivale a más de 84.000 horas de carga horaria, lo que permitirá reducir el déficit de horas de enseñanza, especialmente en las unidades educativas del área rural.

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza Yáñez, destacó que el esfuerzo de racionalización del gasto no recayó sobre los sectores que prestan servicios a la ciudadanía, sino que cerca del 80% del presupuesto salarial del Gobierno Central corresponde precisamente a educación, salud, Policía y Fuerzas Armadas.

Reducción histórica del déficit fiscal

“Mientras el Gobierno Central reduce sus gastos corrientes, el dinero se va a alcaldías, gobernaciones y también a salud, educación y defensa”, precisó Espinoza al explicar que la reducción del déficit fiscal se realizará sin afectar el gasto social y priorizando los sectores estratégicos para el desarrollo del país.

Asimismo, afirmó que el Gobierno está implementando una reducción histórica del déficit fiscal superior a seis puntos del Producto Interno Bruto (PIB), sin recurrir a nuevos impuestos, sin afectar los bonos sociales y sin disminuir la inversión en los servicios esenciales que demanda la población.

El déficit fiscal es la diferencia negativa entre los ingresos y los gastos de un gobierno durante un periodo determinado, generalmente una gestión anual. Se produce cuando el gasto público supera los ingresos. En el caso de Bolivia, el actual Gobierno proyecta un déficit fiscal del 9,2% para la gestión 2026.

“El ajuste fiscal que estamos planteando es el más grande de la historia reciente de Bolivia, pero al mismo tiempo generamos más ítems en salud, más ítems en educación y más ítems en defensa”, enfatizó la autoridad.

Con estas medidas, el PGE Reformulado 2026 consolida una política fiscal orientada a mejorar la eficiencia del Estado, reducir el gasto administrativo y destinar mayores recursos a las áreas que tienen un impacto directo en la calidad de vida de las familias bolivianas. De esta forma, el Gobierno nacional reafirma su compromiso con una administración responsable de las finanzas públicas y con la protección de los servicios esenciales.

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