La vicegobernadora de Santa Cruz, Paola Aguirre, afirmó este lunes que la Gobernación se adherirá a las denuncias penales que cuenten con pruebas suficientes contra la anterior administración de Luis Fernando Camacho.
La autoridad aseguró que un diagnóstico interno identificó presuntas irregularidades en distintas reparticiones departamentales.
Aguirre explicó que cualquier ciudadano puede presentar denuncias cuando tenga conocimiento de posibles hechos delictivos y señaló que la Gobernación ya detectó observaciones durante la revisión de la gestión anterior.
Paola Aguirre
“Cualquier ciudadano, conforme establece el Código de Procedimiento Penal, puede iniciar denuncias ante el conocimiento de pruebas que constituyan delitos. En la Gobernación venimos haciendo un trabajo de diagnóstico integral y, evidentemente, se han encontrado algunas irregularidades”, afirmó.
Entre las observaciones mencionó la presunta venta irregular de chatarra y maquinaria, además de hallazgos en el Servicio Departamental de Caminos (Sedcam), casos que, según dijo, ya fueron informados por el gobernador Juan Pablo Velasco.
La autoridad sostuvo que, si las denuncias cuentan con respaldo documental, la institución tiene el deber de participar en los procesos judiciales.
Denuncias
“Si la denuncia tiene sustento y base sólida, la Gobernación no tiene la potestad de adherirse, sino la obligación de hacerlo”, manifestó.
Las declaraciones surgen después de que el activista Peter Beckhauser anunciara dos denuncias contra exsecretarios y exdirectores de la gestión de Camacho. Una de ellas está relacionada con la refacción de los camarotes del estadio Ramón Tahuichi Aguilera, por Bs 36 millones, y otra con presuntas irregularidades en el Servicio de Encauzamiento de Ríos (Searpi). Ambos casos sumarían un perjuicio estimado de Bs 56 millones.
Beckhauser aseguró que la obra del estadio se ejecutó sin un proceso de licitación y sostuvo que Camacho deberá explicar las decisiones adoptadas durante su administración.
Gobernación
Días antes, el gobernador Velasco informó que una investigación interna reveló la presunta sustracción irregular de chatarra, estructuras metálicas y otros bienes en desuso del Sedcam, con un daño económico estimado en más de Bs 1 millón.
La denuncia surgió tras información anónima y dio lugar al inicio de acciones administrativas y penales contra los presuntos responsables.
Con este nuevo escenario, la Gobernación anticipó que colaborará con las investigaciones que impulse el Ministerio Público, mientras la Fiscalía deberá establecer si existen elementos suficientes para abrir procesos contra exautoridades de la administración de Camacho.
