El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, llamó a los países de las Américas a fortalecer la cooperación regional para enfrentar al crimen organizado transnacional y advirtió que estas estructuras ya no solo representan un problema de seguridad pública, sino una amenaza estratégica para la democracia y la estabilidad de los Estados.
Durante su intervención en la XVII Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas (CMDA), que se desarrolla en Perú, afirmó que las organizaciones criminales han ampliado su capacidad de influencia hasta afectar el funcionamiento de las instituciones y desafiar a los gobiernos.
«Entre esas amenazas, el crimen organizado transnacional ocupa hoy un lugar central. Ya no hablamos únicamente de organizaciones dedicadas al tráfico ilícito. Hablamos de estructuras capaces de capturar instituciones, controlar territorios, infiltrar economías, corromper autoridades, lavar activos, financiar violencia y desafiar abiertamente la autoridad constitucional», dijo.
Justiniano señaló que la lucha contra estas organizaciones no puede limitarse a decomisos o acciones aisladas, sino que debe apuntar a desmantelar las redes que sostienen las economías ilícitas.
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«La droga es la manifestación visible del problema. La amenaza estructural es la organización criminal que financia, protege, moviliza, reinvierte y reproduce esa economía ilícita», aseguró.
Por ello, planteó que los países del continente impulsen una estrategia conjunta para afectar la capacidad operativa y financiera de estas organizaciones mediante el fortalecimiento de las instituciones, el control de precursores químicos, la recuperación de activos ilícitos y el intercambio de información.
«La respuesta no puede limitarse a incautaciones o resultados aislados. Debe orientarse a desarticular estructuras criminales, afectar sus finanzas, controlar precursores, recuperar activos ilícitos, fortalecer instituciones y cerrar espacios al crimen organizado», indicó.
El ministro alertó que, cuando las organizaciones criminales recurren al terror y a la intimidación para imponer su autoridad, dejan de ser un fenómeno exclusivamente delictivo y se convierten en un riesgo para la defensa de los sistemas democráticos.
Asimismo, afirmó que una organización criminal que pretende reemplazar la autoridad del Estado por la del miedo constituye una amenaza directa contra la libertad, la democracia y la soberanía de los países.
