El primer vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Agustín Zambrana, exigió al Gobierno la aplicación inmediata del modelo de redistribución de recursos 50/50.
Asimismo, afirmó que las regiones ya no pueden esperar más una reforma que fortalezca su capacidad económica y administrativa.
El dirigente informó que Santa Cruz activó su Consejo Autonómico para impulsar esta propuesta y respaldar una agenda de descentralización con participación de los gobiernos subnacionales.
Agustín Zambrana
“Hemos dado mucho tiempo al Gobierno, cumpla 50/50 (…) ya esperamos demasiado, no podemos esperar más (…) el Estado ya no puede solventar necesidades de regiones”, afirmó.
Zambrana sostuvo que la propuesta no representa un beneficio para los departamentos, sino la devolución de recursos que pertenecen a la población.
“50/50, recursos que deben ser devueltos (…) con 50/50 del IT, municipios tendrán más recursos”, señaló.
50/50
El dirigente también se refirió al encuentro convocado por el presidente Rodrigo Paz con los gobernadores, previsto para el 5 de agosto en Sucre, donde se debatirá la propuesta. Indicó que el movimiento cívico hará seguimiento a ese proceso y exigirá resultados concretos.
“No nos vamos a quedar con la boca cerrada”, advirtió, y pidió que el Gobierno defina responsables, acciones específicas y plazos para la implementación del nuevo esquema de distribución de recursos.
En criterio de Zambrana, la reforma no debe limitarse al aspecto financiero, sino incluir una redistribución de atribuciones entre el nivel central y las entidades territoriales.
Gobierno
“Es eso 50/50, es economía, responsabilidades y competencias”, sostuvo.
Asimismo, consideró que las declaraciones del presidente Paz sobre el tema son una señal positiva, aunque insistió en que el debate debe traducirse en decisiones inmediatas. “Gobierno no da lugar a algo inevitable”, afirmó.
El Gobierno convocó para el 5 de agosto, en Sucre, a gobernadores y posteriormente a alcaldes para avanzar en la discusión del modelo 50/50, una propuesta que busca redefinir la distribución de recursos y competencias entre el nivel central y las entidades territoriales autónomas.
