En el marco de la conmemoración de medio siglo de uno de los capítulos más oscuros de la historia reciente de América del Sur, el paraninfo de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) se convirtió el pasado viernes 24 de julio en el escenario de un profundo ejercicio de reflexión colectiva. El conversatorio titulado «50 años del Plan Cóndor» reunió a diplomáticos, académicos, autoridades de los derechos humanos y estudiantes universitarios con el objetivo de escudriñar las secuelas de la red de coordinación represiva que asoló a la región durante la década de los 70 y 80, reafirmando al mismo tiempo el compromiso de los Estados contemporáneos con la verdad y la no repetición.
La cita académica e institucional fue impulsada por iniciativa de la Dra. DAEN. Diana Borelli, en un esfuerzo coordinado de forma conjunta entre la carrera de Derecho de la UMSA y la embajada de la República Oriental del Uruguay. La mesa magistral contó con la moderación del vicedecano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Dr. M. Sc. Diego Murillo Bernardis, quien celebró la apertura de las aulas universitarias para el debate de temas que trascienden las fronteras nacionales y apelan de manera directa a la conciencia ética de la sociedad civil. Junto a él, el embajador uruguayo, Dr. Fernando Marr Merello, encabezó una comitiva de importantes expositores encargados de desmenuzar las facetas históricas, jurídicas y políticas del fenómeno.
Contextualización histórica: La arquitectura del terror
Uno de los momentos constitutivos del conversatorio estuvo a cargo del docente Dr. Gonzalo Trigoso, quien ofreció una valiosa contextualización pedagógica e histórica orientada a esclarecer los orígenes del Plan Cóndor para las nuevas generaciones y los asistentes menos familiarizados con la materia. Trigoso rememoró cómo a finales de noviembre de 1975, en Santiago de Chile, se formalizó una red secreta de inteligencia y cooperación militar entre las dictaduras de Chile, Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay, a las que posteriormente se sumarían Brasil, Perú y Ecuador.
El docente explicó que el Plan Cóndor no constituyó un acuerdo militar público ni un tratado diplomático convencional, sino una articulación clandestina destinada a institucionalizar el terrorismo de Estado a escala transnacional. Mediante el intercambio sistemático de información de inteligencia y la concesión de impunidad fronteriza, las fuerzas de seguridad represivas de la época operaron sin límites geográficos. Esta coordinación permitió el seguimiento, secuestro, tortura, traslado ilegal y desaparición forzada de cientos de opositores políticos, activistas, dirigentes sindicales y exiliados que intentaban buscar refugio en países vecinos, dinamitando los principios más elementales del derecho internacional y del asilo político.
El impacto en la República Oriental del Uruguay
Durante su intervención, el embajador de la República Oriental del Uruguay, Dr. Fernando Marr Merello, aportó cifras que estremecieron al auditorio y que ponen de manifiesto la magnitud del impacto que tuvo esta red clandestina en el pueblo uruguayo. El diplomático recalcó de forma tajante un dato doloroso e ineludible: «El 48% de las víctimas del Plan Cóndor fueron ciudadanos uruguayos».
Las palabras del embajador permitieron dimensionar cómo la geografía del terror afectó con singular dureza a los disidentes uruguayos. Marr Merello hizo hincapié en que el examen del pasado responde a un imperativo moral donde la diplomacia contemporánea debe reparar las heridas del pasado mediante la transparencia informativa y el diálogo abierto entre las naciones del Cono Sur.
Ética, memoria y resistencia democrática
El plano de las garantías institucionales y la función social del recuerdo fue abordado con especial énfasis durante la segunda mitad de la jornada. En un mensaje de video pregrabado para esta ocasión, el Defensor del Pueblo, Pedro Francisco Callisaya Ayo, remarcó la importancia de incorporar la historia reciente en la formación cívica de la ciudadanía. La autoridad argumentó que «actos de memoria como este forman parte de la responsabilidad democrática y el compromiso ético» de las autoridades y la sociedad en su conjunto.
Asimismo, se planteó con rigor que el reconocimiento de la verdad es un derecho inalienable de las víctimas y de las familias que sufrieron el impacto de la violencia transnacional. Bajo esta premisa, la mesa concluyó que la verdad es una condición indispensable de la justicia. De igual manera debemos entender que no puede existir una reconciliación social genuina ni un juzgamiento adecuado de los responsables sobre la base de secretos de Estado o archivos ocultos.
Igualmente, se entiende el concepto de la memoria no como una mirada estática hacia el pasado, sino como una herramienta política activa para el presente. Se enfatizó que la memoria es también un acto de resistencia en el mundo actual. En este sentido, coincidimos en que mantener viva la memoria histórica es una forma de fortalecer la democracia.
Finalmente, quienes hicieron uso de la palabra subrayaron el imperativo ético de que la cooperación entre Estados no debe ser nunca más un instrumento para la muerte, sino un marco normativo enfocado de manera exclusiva en la integración pacífica, la solidaridad entre los pueblos y la defensa irrestricta de la vida y la dignidad humana.
La paradoja de la integración regional
La jornada contó igualmente con una punzante reflexión del periodista y analista Ricardo Bajo, quien propuso un contrapunto crítico sobre la naturaleza geopolítica de la Operación Cóndor y su macabro paralelismo con los ideales de unidad continental. Bajo subrayó con crudeza el trasfondo analítico de la tragedia: «Se consiguió unir a los países del Cono Sur como soñaba Simón Bolívar, pero no para hacer el bien, sino el mal».
El empleo de recursos estatales, infraestructura diplomática e inteligencia militar para la represión transnacional demostró la capacidad de eficiencia cuando las élites gobernantes compartían la doctrina de la seguridad nacional, configurando una verdadera integración del terror que costó la vida a miles de latinoamericanos.
El evento concluyó en el paraninfo con un cerrado aplauso de la audiencia, dejando en claro que, a 50 años de la puesta en marcha de aquella red siniestra, el compromiso de la academia y las instituciones democráticas sigue siendo mantener encendida la luz de la verdad como la única vía posible hacia la reconciliación y la paz regional.
