El gobierno de Rodrigo Paz llegó al poder en noviembre de 2025 con la promesa de un giro económico y una batería de reformas estructurales. Nueve meses después, encaró el ajuste más doloroso —el de los combustibles— y anunció, una y otra vez, las leyes que debían reordenar los sectores estratégicos del país. Pero esas leyes no aparecen. Entre el anuncio y la decisión se abrió un paréntesis que empieza a fijar la percepción sobre la gestión, justo cuando el Ejecutivo perdió a su principal aliado en el Congreso.
Para leer este momento, Animal Político, de La Razón, invitó a dos pensadores que lo observan desde ángulos distintos. Carlos Saavedra, comunicador y especialista en comunicación política, piensa el problema en clave de relato, articulación y conducción. Daniel Valverde, abogado y exdiputado nacional, lo mira desde la institucionalidad, la Asamblea y la calidad de las decisiones. Ambas miradas se complementan con cada una alumbrando con luz distinta el mismo cuerpo. Así, donde uno diagnostica una falla de narrativa, el otro resalta una ausencia de decisión.
Una obertura demasiado larga
La secuencia es conocida. El gobierno encaró primero el ajuste de los combustibles; no sin problemas, como el episodio de la llamada “gasolina basura”. Presentó luego el Decreto Supremo 5503, que desató conflictos y terminó abrogado. Corrió la misma suerte con la Ley 1720, sobre tierras. Desde entonces, el Ejecutivo repite el anuncio de un paquete de leyes para reformar hidrocarburos, minería, litio e inversiones, bajo la consigna de desmontar lo que el propio presidente llama el “Estado tranca”. El punto más alto de ese anuncio fue el Gran Encuentro Nacional del 9 de mayo, en Cochabamba. Han pasado los meses y las leyes siguen sin llegar. El oficialismo enmarca esa demora como parte de un desmontaje mayor: 2026 sería, en su discurso, el año de “ordenar la casa”. Atribuye buena parte de los obstáculos a la herencia del ciclo anterior.
Saavedra lee ese atasco como un problema de tiempo histórico mal comprendido. “Estamos en una transición pantanosa”, resume, y advierte que los ciclos del país “no transitan de un polo al otro”. Bajo esa lente, el primer traspié fue de método más que de rumbo. “El 5503 fue una experiencia fallida porque intentó ser una medida de shock en una sociedad que clamaba cambio, pero que tampoco quería una ruptura brusca”.
Orden de prioridades
Valverde es más frontal y sitúa el error en el orden de las prioridades. “El gobierno ha hecho las cosas al revés”, sostiene. Para el exdiputado, la escena se reduce a una fórmula. “Es un gobierno de anuncios y reanuncios, y más anuncios, pero no de decisiones”. El caso del paquete de mayo es, para él, revelador de esa distancia entre la palabra y el acto. “Ahora nos enteramos de que ni siquiera estaban terminadas para esa época”, dice sobre las normas que se presentaron como listas. Y ahí ubica el desgaste de fondo. “El valor de la palabra es muy importante. En el caso de la primera autoridad, la palabra debe estar acompañada de precisión. Y eso no se ve”.
Su balance del periodo es que “estos ocho meses de gestión han sido un desperdicio. Se ha comido un poquito más del 15% de su periodo y no hay ruta”.
La ruptura y la aritmética del poder
En julio ocurrió lo que se venía anticipando durante semanas: Samuel Doria Medina puso fin a la alianza de Unidad con el gobierno. Su bancada anunció que pasaba a ejercer una oposición “constructiva” en la Asamblea. El movimiento no es menor en un Ejecutivo que necesita aprobar leyes y todavía reclama la sanción del Presupuesto General del Estado 2026.
Valverde interpreta la salida a partir del estilo del propio Doria Medina, al que describe como un crítico sin rodeos. “Al contrario del presidente, es bastante preciso: no da muchas vueltas ni decora las palabras”. Y sintetiza en una frase el reproche que, dice, comparten varios aliados: se trata de “un gobierno que de verdad pareciera no escuchar, muy ensimismado”. Para el exdiputado, ahí anida el problema mayor, porque a la sordera se le suma la parálisis. “No escuchar es muy complicado. Y peor todavía no tomar decisiones”, sentencia.
Fraccionamiento
Valverde advierte los riesgos que emergen. Para él, la gran tarea inicial era “garantizar gobernabilidad y gobernanza”, y esa omisión tiene consecuencias directas sobre el trámite legislativo. “Se le puede caer también cualquier paquete que llegue a la Asamblea Legislativa, porque no tiene acuerdos”. A eso suma un dato de aritmética interna que agrava el panorama oficialista. El PDC, dice, “está dividido, si no en dos, en tres fracciones”. La conclusión es un pronóstico: “vamos a tener un gobierno aún más débil” en su capacidad de decidir en el Legislativo.
Saavedra matiza el alcance del quiebre sin restarle gravedad. No cree que se trate de un punto final, entre otras cosas porque nunca hubo un punto de partida sólido. “No creo que haya una ruptura final, porque tampoco nunca hubo un acuerdo final. Es como querer divorciarte sin casarte”, dice. Recuerda que la salida de Doria Medina no cierra el capítulo: “No se termina de salir Lupo ni otra gente de Unidad Nacional”. El problema, para él, es más estructural que coyuntural, y remite a lo que llama la “política líquida”, donde no existen bancadas que “obedezcan monolíticamente a un liderazgo”. De ahí que su prescripción sea de perfil antes que de nombres: el gobierno “necesita grandes constructores de consensos”.
El fantasma de la corrupción
La corrupción fue el segundo de los dos argumentos con los que Doria Medina justificó su alejamiento, y es el terreno donde las dos lecturas se endurecen. El telón de fondo es conocido: el caso de la “gasolina basura” marcó los primeros meses, y sobre él se montó la percepción de un gobierno permisivo.
Valverde no concede matices. “El gobierno ni siquiera ha logrado controlar la corrupción, sino que más bien tiende a incrementarse”, afirma. El nudo, para él, está en el modo de conformar el equipo. “Es un grave error no conformar un gobierno con (representantes de) la mayoría de la gente… y priorizar a personas que no tienen ni la trayectoria, ni el conocimiento, ni la experticia”. De ahí su conclusión más provocadora, la de un “círculo inmediato al presidente que no es meritocrático”. La percepción que se genera, sostiene, es que “mientras más tiempo pasa, este gobierno se parece más al de Arce Catacora”. El exdiputado recuerda que Doria Medina afirmó haber entregado al gobierno datos de casos de corrupción sin que se actuara. Remata sobre la cuestión con un dato de clima: es un malestar sobre el que la población “se manifiesta permanentemente en las redes sociales”.
Saavedra sube la discusión un peldaño y la convierte en condición de posibilidad de todo lo demás. Para él, el daño mayor de la crisis es de otra naturaleza. “Lo que más termina lastimando es la crisis moral”. Y describe un fenómeno que trasciende al Ejecutivo: “donde tocas hay corrupción”. La consecuencia, en su lectura, es que ninguna reforma prospera sin sanear primero ese terreno. “La base de la agenda de transformaciones tiene que ser moral, porque si no hay transformación moral, cualquier otro cambio se va a ver siempre bajo la sospecha”. El comunicólogo lo enmarca en una lección reciente: tres cosas, dice, hundieron al MAS pese a su hegemonía: el abuso de poder, la lucha fratricida interna y esa misma crisis moral. Sugiere que el nuevo ciclo no debería repetirlas.
El enigma del 50-50
Pocas consignas resumen mejor la distancia entre la campaña y la gestión que el 50-50: la promesa de una distribución más equilibrada de recursos y competencias entre el gobierno central y las regiones. Nació como bandera electoral y nunca se tradujo en un diseño. En ese vacío, gobernadores y alcaldes empezaron a llenar el contenido por su cuenta, con una declaración conjunta el 16 de julio y la mirada puesta en las señales que el Ejecutivo pueda dar en agosto.
Para Saavedra, más allá de la definición pendiente, su preocupación es de gobernabilidad territorial. Sostiene que “el trípode de la gobernabilidad” se apoya en tres pactos —el social, el político-legislativo y el regional— y que este último es hoy el más urgente. Antes que una fórmula acabada, reclama un gesto inmediato. “Se debe cerrar un pacto económico de subsistencia para gobernadores y alcaldes” que evite que la asfixia financiera de las regiones abra otro frente.
Valverde coincide en el diagnóstico y lo lleva al terreno técnico. “El 50-50 fue un eslogan de campaña, y ni el presidente ni la estructura de gobierno tienen hasta ahora un diseño” de cómo alcanzarlo, señala. Por eso, agrega, “se mantiene como un misterio”. El exdiputado introduce un matiz constructivo al ponderar la actitud de las regiones, que a su juicio le tienden un cable al gobierno. “Me parece bien que los gobernadores tomen iniciativas… están siendo empáticos con el gobierno”. La propuesta que articularon, sugiere, debería servir de referencia para que el 5 de agosto haya, por una vez, un anuncio con contenido y no un reanuncio más.
La brújula ausente
Al final de la conversación, las dos lentes convergen en un mismo punto, y es quizá el más preocupante: el vacío no es solo del gobierno. “Nadie tiene iniciativa estratégica”, sentencia Saavedra. “No se tiene un bloque opositor que la tenga, y tampoco el gobierno ha logrado imponer una narrativa”. El país, en su lectura, atraviesa “un momento de plena transición, sin conducción”. Es también Saavedra quien introduce un contrapeso que equilibra hacia el oficialismo: recuerda que, tras el bloqueo de más de cincuenta días, “el gobierno, con una factura muy cara, terminó logrando cerrar el conflicto en paz”. Sobrevivir, sin embargo, no es conducir.
La diferencia entre ambos aparece en el tono con que miran lo que viene. Saavedra deja una puerta abierta y la ata a una fecha. Agosto, dice, será determinante. “O marca la idea de que hay una agenda de transformaciones, o va a empezar a sedimentarse la percepción de que las transformaciones se demoran demasiado”. Y advierte cuál sería el costo de seguir igual: que se consolide la impresión de que al gobierno “le falta decisión, le falta timing”.
Valverde cierra en una nota más grave. Describe un Ejecutivo que “no está cohesionado”, donde “no hay ni siquiera un gabinete que hable el mismo idioma”. Ve un Ejecutivo que “se está guiando básicamente por procurar titulares de prensa” en lugar de encarar los temas de fondo. A ese cuadro añade una omisión que considera central: la reforma de la justicia. “Una de las prioridades de la campaña” que, como el resto, “tampoco se ha hecho”.
Sin consensos no habrá avances
El país, insiste, “no está para cosas simples”, sino que necesita reorganizarse sobre la base de un gran acuerdo nacional que aborde de fondo lo económico, lo institucional y hasta la convivencia entre bolivianos. Su salida, por eso, no es de gestión, sino de estatura política: que el gobierno aproveche el simbolismo del 6 de agosto para “abrazar también a los bolivianos en su conjunto, con un discurso mucho más integrador”. La alternativa, en su lectura, ya está escrita. “Si sigue la misma lógica, la tendencia va a ser siempre al descenso”.
Entre la puerta condicional de Saavedra y la advertencia congresal de Valverde queda, por ahora, la misma imagen: una orquesta que continúa sosteniendo los acordes de la obertura una y otra vez, sin pasar al desarrollo de la obra. Al fondo, corre el metrónomo de unas reservas de gas que se agotan inexorablemente, inversiones que no llegan y una economía que languidece.
