El Comité pro Santa Cruz llevó al debate dos demandas: avanzar hacia el 50-50 y la autonomía plena, y activar respuestas contra el crimen organizado.
La posición fue expuesta por Agustín Zambrana, vicepresidente de la institución cívica, durante una entrevista en Piedra, Papel y Tinta, de La Razón.
La conversación ocurrió en la antesala de una reunión entre el presidente y los gobernadores, prevista para abordar asuntos vinculados con las regiones.
Zambrana señaló que el encuentro debe cerrar con decisiones concretas, plazos definidos y responsables para ejecutar los acuerdos.
Ruta concreta hacia el 50-50
El dirigente afirmó que las regiones ya no esperan nuevas promesas sobre descentralización, competencias y recursos.
Según explicó, el Comité pro Santa Cruz entregó al Gobierno una propuesta que busca ampliar la capacidad de decisión de municipios, provincias y gobernaciones.
La iniciativa plantea revisar normas que, según la entidad cívica, mantienen competencias concentradas en el nivel central.
También propone crear nuevas reglas para acompañar esas atribuciones con recursos económicos suficientes.
Zambrana sostuvo que la autonomía no puede reducirse a una declaración política sin fechas, responsables ni mecanismos de cumplimiento.
El dirigente vinculó esa discusión con la propuesta del 50-50, que busca una nueva distribución de recursos entre el nivel central y las regiones.
Afirmó que el Gobierno conoce la propuesta y que la clase política recibió el documento elaborado por el movimiento cívico.
“Ya no necesitamos más promesas que sean incumplidas”, declaró durante la entrevista.
La expectativa está puesta, añadió, en que el Ejecutivo explique cómo avanzará la agenda autonómica después de la reunión con los gobernadores.
Autonomía con competencias y recursos
Zambrana describió una ruta con varias etapas para alcanzar una autonomía más amplia.
La primera consiste en revisar decretos que, a criterio del Comité, limitan competencias reconocidas por el marco constitucional.
La segunda plantea aprobar nuevas normas para que las regiones atiendan directamente sus necesidades en educación, salud, caminos y seguridad ciudadana.
Una tercera etapa abriría el debate sobre posibles cambios constitucionales, después de consolidar las reformas normativas iniciales.
El dirigente sostuvo que los municipios conocen mejor sus urgencias y pueden responder con mayor rapidez que la administración central.
También cuestionó la demora estatal para resolver problemas vinculados con combustibles, servicios públicos, carreteras y atención sanitaria.
El Comité no participará en la reunión política, pero evaluará sus resultados y definirá su posición después de conocer los acuerdos.
Violencia en San Matías
El segundo reclamo se concentró en los hechos violentos registrados en San Matías y otras zonas de Santa Cruz.
Zambrana expresó solidaridad con las familias de las víctimas y con los militares que perdieron la vida durante sus labores.
El dirigente pidió evitar que los asesinatos, los ajustes de cuentas y la acción de organizaciones criminales se vuelvan hechos cotidianos.
“No podemos normalizar lo que está sucediendo”, advirtió.
Ver también: Ola de violencia: Militares realizan patrullajes preventivos en San Matías
Reclamo por el Consejo de Seguridad
El Comité recordó que el 2 de mayo se reunió con autoridades nacionales y recibió el compromiso de convocar al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana.
Casi tres meses después, Zambrana afirmó que su institución no conocía resultados, avances ni una fecha para esa convocatoria.
El dirigente exigió explicaciones al Ejecutivo y pidió una política estatal contra el narcotráfico, el sicariato y el crimen organizado. También sostuvo que la respuesta no debe limitarse a reforzar temporalmente la presencia militar después de cada hecho violento.
Zambrana cuestionó que el Gobierno no hubiera informado sobre la reunión prometida del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana.
Pidió que las autoridades expliquen por qué la instancia no fue convocada y qué medidas preventivas se aplicarán.
El dirigente afirmó que el Comité está dispuesto a participar en reuniones institucionales para coordinar soluciones.
Sin embargo, advirtió que la entidad no respaldará encuentros sin decisiones ni resultados verificables.
“Necesitamos que hagan lo que dicen que van a hacer”, afirmó.
La organización cívica pidió una estrategia permanente que combine prevención, inteligencia, control territorial y coordinación entre instituciones.
El reclamo apunta a evitar nuevos episodios violentos y a contener la presencia de redes criminales en las zonas fronterizas.
Zambrana sostuvo que la protección de la población constituye una responsabilidad del Gobierno y cuestionó la ausencia de resultados frente a los hechos recientes.
También reclamó que las autoridades pasen de las reuniones y los compromisos públicos a la ejecución de medidas concretas.
Según el dirigente, la respuesta estatal debe anticiparse a la violencia y no limitarse a contar víctimas después de cada episodio.
Dos demandas y una misma exigencia
La agenda presentada por el Comité pro Santa Cruz reúne autonomía y seguridad bajo una misma demanda de cumplimiento estatal.
Por un lado, los cívicos reclaman una ruta para el 50-50, con competencias, recursos, fechas y responsables.
Por otro, exigen que el Ejecutivo active mecanismos nacionales contra el crimen organizado y responda por el Consejo de Seguridad pendiente.
Zambrana sostuvo que las regiones evaluarán las decisiones que adopten el presidente y los gobernadores.
La reunión será observada por los sectores cívicos, que esperan medidas concretas y no una nueva declaración de intenciones.
El Comité anticipó que ejercerá presión desde las regiones si el Gobierno no presenta una ruta clara para avanzar en la descentralización.
La misma exigencia se extiende a la seguridad: decisiones, responsables y resultados que permitan frenar la expansión de las organizaciones criminales.
El debate queda abierto en dos frentes sensibles: la distribución del poder y los recursos, y la protección de la población frente a la violencia.
