El presidente Rodrigo Paz utilizó su discurso por los 201 años de la independencia para anunciar el envío de nuevas leyes de Inversiones, Hidrocarburos, Minería y Asociaciones Público-Privadas (APP), como parte de una hoja de ruta de seis medidas para su gestión. El proyecto de Ley de Inversiones tiene fecha comprometida: el 11 de agosto llegará a la Asamblea Legislativa Plurinacional. El de Minería, en cambio, quedó para ser entregado «en los próximos meses».
El mandatario sostuvo que Bolivia, pese a ser el país con mayor riqueza mineral de la región, exportó apenas $us 6.000 millones el año pasado. La cifra está muy por debajo de los $us 50.000 millones anuales que mueve Perú o los $us 65.000 millones de Chile. Para Paz, la clave no está en elegir entre Estado o sector privado, sino en combinar ambas fórmulas, como hacen los vecinos.
Ese salto de escala, sin embargo, contrasta con las cifras que maneja el propio Gobierno en el terreno. El ministro de Minería y Metalurgia, Marco Antonio Calderón de la Barca, informó que las inversiones en curso en el sector suman aproximadamente $us 300 millones. Están repartidos en proyectos individuales de entre $us 20 millones y $us 50 millones, orientados sobre todo a la explotación de complejos de plomo, plata y zinc.
La diferencia entre la ambición presidencial y la ejecución actual no es menor. Mientras Paz plantea competir con economías que mueven decenas de miles de millones de dólares al año, la cartera de Minería trabaja hoy con montos que son una fracción mínima de esa meta. El salto depende, en última instancia, de que la Asamblea Legislativa trate y apruebe tanto la Ley de Minería como la de Inversiones y que esto convenza a los inversionistas.
