El incendio tiene una virtud terrible: ilumina durante unas horas lo que durante años preferimos no ver. Estas tragedias no comienzan cuando aparece la primer llamarada. Comienzan mucho antes.
Lo ocurrido exige solidaridad con quienes perdieron patrimonio y años de trabajo. Pero solidaridad no significa amnesia ni debe convertirse en demagogia. Después de apagar el fuego corresponde preguntar: ¿quiénes tenían la obligación de evitar que una actividad privada de concurrencia masiva funcionara bajo condiciones capaces de poner en riesgo a miles de personas?
No se trata de criminalizar a los gremialistas. Hacerlo sería regresar a aquella vieja lógica que buscaba personas peligrosas en vez de analizar conductas y situaciones de riesgo. Pero tampoco podemos convertir al propietario privado en única víctima y al Estado en un espectador inocente.
Pensemos en un ejemplo sencillo.
Una persona sale evidentemente alcoholizado de una fiesta, sube a su vehículo y comienza a conducir zigzagueando. No se interviene porque “sea” una persona peligrosa, sino porque mediante esa conducta concreta ha creado un riesgo real para terceros. Sus reflejos están disminuidos y cualquier peatón puede convertirse en víctima.
Agreguemos otro elemento: un policía observa al conductor, advierte su estado, lo ve zigzaguear y, teniendo autoridad para detenerlo, lo deja continuar.
Si kilómetros después atropella … ¿quién es responsable?
El conductor, naturalmente. Pero la pregunta ya no termina ahí. Debemos preguntarnos también por quien tenía el deber de intervenir y omitió hacerlo.
Ese es el debate que Barrio Lindo debería provocar.
Que una infraestructura sea privada no significa que el riesgo que produce también lo sea. Cuando miles de personas ingresan a un establecimiento, existen instalaciones eléctricas, depósitos, materiales combustibles y posibilidades de propagación hacia terceros. Aparece un interés colectivo: la seguridad.
Comienza la responsabilidad pública.
El municipio no sólo aprueba planos ni autoriza funcionamientos para decorar expedientes. Debe verificar condiciones constructivas, instalaciones eléctricas, sistemas contra incendios, rutas de evacuación y las demás exigencias de seguridad; y luego fiscalizar que esas condiciones se mantengan. Las otras autoridades competentes deben cumplir igualmente las responsabilidades que la normativa les atribuya.
Por eso corresponde hablar de corresponsabilidad diferenciada. El particular responde por el riesgo que crea, incrementa o tolera en su actividad. El Estado, por aquello que autoriza, tolera o deja funcionar cuando tenía el deber jurídico de controlar.
También debemos discutir los seguros. Los establecimientos de concurrencia masiva deberían contar con coberturas adecuadas, no sólo para proteger su propio patrimonio, sino frente a daños causados a terceros. La aseguradora, además, introduce otra instancia interesada en evaluar y reducir riesgos.
Y hay algo difícil de ignorar. Si una organización gremial puede ordenar el cierre colectivo de la feria y sancionar con Bs 20.000 a quien incumpla, entonces posee capacidad real de organización y disciplina. ¿Por qué esa misma capacidad no puede utilizarse para exigir instalaciones certificadas, corredores despejados, sistemas contra incendios, planes de evacuación y seguros?
No necesitamos “mano dura” contra gremialistas. Necesitamos reglas rigurosas contra el riesgo, aplicables por igual al supermercado privado, al mercado municipal o a Barrio Lindo.
Porque la solidaridad comienza después del incendio. La responsabilidad pública y privada debió comenzar mucho antes de que apareciera la primera llama.
