El nuevo Proyecto de Ley de Inversiones establece reglas para futuros procesos de expropiación o nacionalización y plantea mecanismos de arbitraje internacional, según explicó el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza.
La propuesta busca evitar que decisiones de este tipo sean asumidas de manera unilateral por autoridades del Órgano Ejecutivo y que los eventuales beneficios políticos recaigan en una gestión, mientras los costos sean asumidos posteriormente por el Estado.
“Los beneficios políticos se tomaban en ese momento y luego, a partir de la dilación de los procesos de arbitraje o los juicios que hemos enfrentado como país, los costos recién los estamos empezando a percibir hoy día”, afirmó Espinoza.
Ley de Inversiones
El ministro señaló que Bolivia comenzó a enfrentar actualmente las consecuencias económicas de procesos iniciados en anteriores gestiones. En ese contexto, sostuvo que el proyecto no pretende eliminar la potestad estatal para disponer expropiaciones o nacionalizaciones.
“Sin resignar la potestad normativa que tiene cualquier gobierno de llevar adelante una expropiación o una nacionalización, establecemos reglas claras para que esto pueda llevarse adelante”, explicó.
Uno de los mecanismos planteados consiste en establecer una Ley de Prioridad Nacional para este tipo de decisiones.
“Ninguna autoridad del Poder Ejecutivo, hacia adelante, podrá tomar una decisión unilateral. Tendrá que consultarle al Congreso y será el Congreso el que defina si ese tipo de acciones valen la pena o no”, señaló Espinoza.
Valor patrimonial
El proyecto también incorpora el reconocimiento del valor patrimonial de los bienes que sean objeto de una eventual expropiación o nacionalización.
“Reconociendo, y este es otro elemento fundamental, el valor patrimonial de lo que se expropia o se nacionaliza”, remarcó.
Según el ministro, la medida pretende que tanto los posibles beneficios como los costos de una decisión de esta naturaleza sean asumidos como parte de una política de Estado.
“Esto tiene que ser realmente una decisión del Estado boliviano, no de la autoridad de turno en ese momento”, afirmó.
Arbitraje
Otro de los componentes del proyecto es la posibilidad de recurrir a mecanismos de arbitraje internacional para determinadas controversias relacionadas con inversiones.
Espinoza aclaró que esta posibilidad tiene límites establecidos por la Constitución Política del Estado, particularmente para determinados sectores y tipos de contratos.
“La Constitución es clara, establece restricciones a arbitrajes internacionales en determinados sectores y bajo determinados tipos de contrato”, explicó.
Sin embargo, sostuvo que esas restricciones no abarcan todas las actividades económicas y que existe un margen para recurrir a instancias internacionales en otros ámbitos.
Organismos
“Todo lo demás permite arbitrajes internacionales y, de hecho, Bolivia forma parte de varios tratados internacionales, Mercosur, CAN, que tienen, a su vez, espacios de arbitraje”, afirmó.
El ministro destacó que la participación de Bolivia en esos organismos internacionales implica el reconocimiento de los mecanismos de solución de controversias contemplados en sus respectivos acuerdos.
“Bolivia, al ser parte de estos espacios, reconoce estos ámbitos de arbitraje y, por lo tanto, es posible hablar de arbitraje internacional en el ámbito boliviano”, sostuvo.
Espinoza enfatizó que la propuesta no contempla una modificación de la Constitución para incorporar estos mecanismos.
“Insisto, sin modificar la Constitución”, remarcó al explicar el alcance de las disposiciones previstas en el proyecto de ley.
La iniciativa forma parte de la propuesta gubernamental para establecer un nuevo marco jurídico para las inversiones, con reglas destinadas a generar mayor previsibilidad para los capitales nacionales y extranjeros.
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