El Gobierno presentó este martes el nuevo Proyecto de Ley de Inversiones, una norma de 103 artículos que plantea la creación de la Agencia Nacional de Inversiones, una entidad encargada de coordinar la promoción, regulación y atracción de capitales públicos y privados en todo el país.
El ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, explicó que la iniciativa constituye la primera de las reformas estructurales que el Ejecutivo remitió a la Asamblea Legislativa y aseguró que busca convertir la inversión en una práctica habitual de la economía boliviana, luego de años en los que el país registró los niveles más bajos de captación de capitales de la región.
Agencia
«Hoy por hoy la inversión es el hecho atípico en Bolivia. Tiene que volverse un elemento normal de nuestra economía», afirmó Espinoza.
El eje principal del proyecto es la creación de la Agencia Nacional de Inversiones, que reunirá a ministerios e instituciones públicas para articular una política única de promoción y atracción de inversiones, tanto del nivel central como de los gobiernos subnacionales.
Según Espinoza, la entidad tendrá tres funciones estratégicas: elaborar un Plan Nacional de Inversiones, definir una Estrategia Nacional de Priorización de Inversiones y diseñar una política permanente de promoción de Bolivia en los mercados internacionales.
«Bolivia ha estado cerrada durante 20 años. Hay mucho interés para traer capitales, pero competimos con otros países y necesitamos una estrategia de promoción», sostuvo.
Inversiones
El ministro precisó que, si la ley es aprobada, la agencia comenzará a funcionar de inmediato y su reglamentación deberá completarse en un plazo máximo de 90 días.
Espinoza señaló que el proyecto descansa sobre tres pilares: normalizar la inversión, otorgar seguridad jurídica y ordenar el sistema de incentivos actualmente disperso en la legislación boliviana.
La propuesta garantiza igualdad entre inversionistas nacionales y extranjeros, incorpora el principio de buena fe entre el Estado y los ciudadanos y busca ofrecer previsibilidad y estabilidad sin modificar la Constitución Política del Estado.
El proyecto también establece evaluaciones permanentes de los incentivos y de las cargas regulatorias para evitar distorsiones que desincentiven la inversión.
Sectores estratégicos para los próximos 30 años
A diferencia de la política tradicional, centrada en hidrocarburos y minería, la nueva ley prioriza sectores considerados de alto potencial para las próximas décadas.
Entre ellos figuran la logística, la inteligencia artificial, la economía digital, la innovación tecnológica, el hidrógeno verde y la energía solar, además de las actividades productivas donde Bolivia ya cuenta con capacidades instaladas.
«La ley no mira veinte años hacia atrás; intenta generar las condiciones para los próximos veinte o treinta años de inversión en Bolivia», afirmó el ministro.
Nacionalizaciones y arbitraje
Otro de los cambios relevantes consiste en limitar la discrecionalidad política para futuras nacionalizaciones. La iniciativa mantiene esa potestad del Estado, pero exige que cualquier expropiación o estatización sea autorizada mediante una Ley de Prioridad Nacional aprobada por el Congreso.
Espinoza explicó que el objetivo es proteger el valor patrimonial de los bienes afectados y evitar decisiones unilaterales del Ejecutivo.
La norma también ratifica la posibilidad de recurrir a arbitrajes internacionales en los casos permitidos por la Constitución y por los tratados suscritos por Bolivia, como los vigentes en la Comunidad Andina y el Mercosur.
Tratamiento legislativo
El titular de Economía informó que el proyecto ya fue socializado con empresarios, gremiales, sectores productivos y organizaciones sociales de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Chuquisaca, aunque aseguró que el debate continuará durante el tratamiento parlamentario.
La iniciativa ingresará primero a la Cámara de Diputados, donde el Gobierno espera un tratamiento «relativamente rápido» para comenzar la implementación de las reformas orientadas a reactivar la inversión y la generación de empleo de calidad.
