Antonio Gramsci escribió en una de sus obras, cuadernos de la cárcel, durante su encierro en el régimen de Mussolini, esta interesante frase; “lo viejo muere y lo nuevo no puede nacer”. Lo que se describe es una situación de crisis, de transición, de cambio. Es decir, el agotamiento de una forma de hacer política a otra que aún no tiene la fuerza suficiente para sustituirlo. Transitar desde una forma de gobernar en estos 20 años a una nueva administración como alternativa institucional pero que aún no logra posicionarse.
Las crisis sociales y políticas muy pocas veces terminan cuando también cesan las medidas de presión. Sus secuelas suelen extenderse en el tiempo, que alcanzan inclusive a transformar las relaciones entre los actores políticos, reduciendo los márgenes de confianza institucional y ahondando las fisuras existentes en el tejido social.
Rene Zabaleta, sostenía precisamente que las crisis son momentos únicos para el conocimiento ya que hace a que una sociedad pueda verse a sí misma sin las apariencias que habitualmente esconden sus contradicciones. Desde este punto de vista, los 53 días de bloqueos no representan necesariamente la raíz de la crisis, sino la expresión notoria de tensiones que se han acumulado durante tiempos prolongados.
Hay opiniones que señalan y atribuyen que estos conflictos sociales fueron promovidos por sectores sociales afines al evismo. Sin embargo, también existen posiciones que manifiestan como insuficientes esas afirmaciones para entender los verdaderos motivos por los cuales se logró mantener una movilización por casi dos meses, que genero serios problemas no solo a un gobierno que recién comenzó su gestión, sino también a diferentes sectores que hacen a la producción, construcción, servicios médicos, turismo, gastronomía, etc.
En realidad, esta crisis no nació necesariamente con las movilizaciones o con los bloqueos, estos en si se constituyeron como el escenario en donde se materializaron aún más los conflictos políticos, económicos, y sociales que en el tiempo ya se habían acumulado. Otro hecho no menor que alimento estos conflictos fue aquella fractura del pacto político que llevo a Paz y a Lara al gobierno.
Una parte relevante del movimiento indígena-popular, después de un periodo marcado por el desgaste interno del Movimiento al Socialismo (MAS), conflictos entre sus principales liderazgos y una creciente percepción de distanciamiento moral y político, decidió respaldar una nueva alternativa representada por la fórmula Paz-Lara. La expectativa de estos sectores consistió en preservar los avances sociales alcanzados durante las últimas décadas, corregir errores acumulados y promover una transición política que evitara nuevas exclusiones.
No obstante, el distanciamiento progresivo con el vicepresidente Lara, el alejamiento con sectores considerados fundamentales para la victoria electoral y la percepción de incumplimiento de compromisos asumidos en la campaña electoral generaron una ruptura del vínculo político con una parte significativa de la base social que había acompañado este proyecto.
Paralelamente, las demandas económicas fueron adquiriendo una dimensión política cada vez más evidente. Los planteamientos formulados por diversos sectores sociales entre enero y abril no fueron comprendidos únicamente como solicitudes vinculadas a salarios o a políticas públicas, sino como expresión de una percepción más profunda de abandono y falta de reconocimiento.
Vale la pena resaltar que, en contextos de alta sensibilidad social, los conflictos económicos pueden transformarse rápidamente en cuestionamientos políticos cuando los actores involucrados sienten que sus demandas no encuentran canales efectivos de respuesta.
La cultura política en Bolivia, refleja que, la conflictividad social se encuentra vinculada con una memoria histórica marcada por disputas, exclusiones y tensiones acumuladas. Las experiencias pasadas están aún presentes en el imaginario colectivo que pueden encenderse cuando ciertos acontecimientos se presentan como detonantes. Es así que, entender la intensidad del conflicto demanda considerar no solo situaciones inmediatas, sino también episodios históricos que han supeditado las relaciones entre organizaciones sociales, sectores de la sociedad y el estado.
La estrategia que pareció utilizar el gobierno como respuesta a los conflictos sociales fue el de desgaste y el de resistencia. La expectativa parecía centrarse en que el agotamiento de la movilización permitiera resolver una situación que la conducción política no lograba encauzar mediante acuerdos sostenibles. Aunque el diálogo fue mencionado de manera constante como una alternativa institucional, su desarrollo fue lento, fragmentado y limitado. Pero muchas veces condicionado y sin respuestas sinceras, concretas desde los sectores movilizados.
Al mismo tiempo, en razón al desborde e incremento de puntos de bloqueo, se aumentaron las detenciones, los operativos policiales y el discurso desde el gobierno que incorporó conceptos como narcoterrorismo, sedición y vandalismo dentro del debate público. Mientras el Gobierno defendía la necesidad de garantizar el orden constitucional, los sectores movilizados denunciaban una política de criminalización y una ausencia de voluntad real para construir una salida negociada. Situación no evidente toda vez que desde el gobierno en diferentes momentos convoco a los sectores movilizados para encontrar acuerdos y consensos.
Rodrigo Paz, si bien supo mantenerse en el poder durante la crisis, sin embargo, esta permanencia no equivalía necesariamente a una conducción política efectiva. Antonio Gramsci planteaba que la hegemonía no se limita al ejercicio del poder, sino que también involucra la capacidad de construir dirección intelectual y moral sobre la sociedad.
Desde esta perspectiva, aunque el gobierno logró superar el momento más crítico, la petición de su dimisión, el costo político y económico fue altamente significativo. La investidura del primer hombre del país, Rodrigo Paz, se vio disminuida por la percepción de improvisación y por las frecuentes rectificaciones realizadas por miembros de su propio gabinete ministerial, situación que debilitó la imagen de cohesión y liderazgo esperada de la máxima autoridad del Estado.
De manera paralela, los principales efectos del conflicto recayeron sobre la población. La discusión respecto a la aplicación de medidas excepcionales, el discurso frontal desde el gobierno, la participación de las fuerzas policiales y militares en tareas de desbloqueo, así como las denuncias de detenciones consideradas por un sector como “arbitrarias, ilegales” sirvieron para armar libretos que cuestionaron el uso de la fuerza estatal frente a la protesta social.
No obstante, el análisis del conflicto no puede concentrarse exclusivamente en las acciones del gobierno. El movimiento popular también enfrenta desafíos internos que requieren una evaluación crítica. Sería desacertado interpretar los 53 días de movilización como una derrota definitiva de dicho movimiento, ya que su debilitamiento comenzó mucho tiempo atrás, cuando el 2016 a través de un referendo, la población al gobierno de ese entonces le dijo no a la reelección presidencial. Este fue el punto de inflexión y el inicio del fin de un modelo de gobierno irreverente a los mandatos constitucionales y electorales.
La ruptura entre Evo Morales y Luis Arce produjo divisiones dentro de las organizaciones sociales, debilitó estructuras de liderazgo y afectó al instrumento político que durante aproximadamente dos décadas articuló la relación entre el Estado y amplios sectores populares. A ello se añadieron cuestionamientos relacionados con prácticas de corrupción, pérdida de credibilidad de determinados dirigentes y disputas internas que terminaron generando la percepción de que la confrontación respondía principalmente a una lucha por espacios de poder.
Los procesos electorales profundizaron esta situación. La exclusión del evismo de determinados escenarios de participación política mediante decisiones institucionales, el llamado al voto nulo promovido por Evo Morales frente a la candidatura de Andrónico Rodríguez y la reducida representación parlamentaria contribuyeron a fortalecer la percepción de una creciente pérdida de espacios de representación. En ese marco, sectores sociales importantes experimentaron una sensación de marginalización política y ausencia de canales efectivos para expresar sus demandas.
A pesar de ello, la movilización reveló una realidad que no debe ser ignorada, que el movimiento popular mantiene una latente pero disminuida capacidad organizativa y de convocatoria. Durante 53 días logró sostener una protesta de alcance nacional, demostrando que conserva aún una fuerza social pero disminuida. La paradoja reside en que dicha capacidad apareció precisamente en un momento caracterizado por una profunda debilidad en sus mecanismos de conducción política. La principal limitación estuvo relacionada con la ausencia de un liderazgo estratégico capaz de articular objetivos comunes.
Existieron múltiples voces y posiciones internas, pero ninguna logró consolidar una dirección compartida. Las desconfianzas entre diferentes corrientes dificultaron la construcción de una estrategia de largo plazo, mientras nuevos liderazgos enfrentaron dificultades para tomar decisiones capaces de trascender las demandas inmediatas.
En este escenario, la exigencia de renuncia presidencial terminó desplazando la posibilidad de transformar los avances obtenidos durante la movilización en una acumulación política más amplia. Si bien, por un lado, ciertos sectores de la sociedad civil sostienen que después de 53 días de movilizaciones se derroto al movimiento popular. Desde la otra vereda afirman que, el conflicto evidenció la necesidad de una profunda reflexión interna sobre sus formas de organización, liderazgo y proyección política.
Al final de las movilizaciones, ninguno de los actores involucrados pareció haber obtenido una victoria definitiva. El Gobierno si bien zanjo esta crisis social, sin embargo, enfrenta dificultades para consolidar una base social y de respaldo estable. Un movimiento popular con una capacidad de movilización disminuida, con problemas de conducción, una oposición que no alcanza aun a situarse como una evidente alternativa, y la población distante, desconfiada de sus instituciones y representantes.
En consecuencia, si bien la crisis social de 53 días no ha resuelto las tensiones estructurales del país. Lo que si ocurrió es que se hicieron más visibles y evidentes los problemas que ya estaban presentes.
El desafío es latente. Trabajar en una comunidad política en donde para sentirse reconocido no sea necesario recurrir al bloqueo o a la confrontación. Es imperativo una nueva forma de pensar. Construir nuevos ciclos es posible cuando la clase política entienda que el reconocimiento mutuo, la inclusión, y el dialogo no son concesiones circunstanciales o de tiempos perentorios, sino pilares indispensables para una convivencia democrática.
* Marcelo Américo Réspedes Cuellar
Abogado – Politólogo
