El Gobierno nacional reconoció este martes que el Decreto Supremo 5676, sobre precios del diésel, genera conflictos con los sectores productivos del país, por lo que anunció que podría abrogarse o modificarse.
La posición la expresó el viceministro de Régimen Interior y Policía, Hernán Paredes, durante una visita a la sede de la Federación de Interculturales de Yapacaní, donde explicó los alcances de la disposición y escuchó las preocupaciones de los productores.
El 5676 establece un precio referencial de Bs 18 por litro de diésel para determinados grandes consumidores.
Paredes señaló que informó al gabinete sobre los problemas generados por la aplicación del decreto y aseguró que existe la intención de revisar la normativa porque, a criterio del Gobierno, no cumplió el objetivo para el que fue diseñada.
“El decreto está generando muchos problemas. He informado esto al gabinete y el gabinete quiere ya sea abrogar, derogar o modificar, pero no puede quedar como está porque no ha cumplido su objetivo”, afirmó.
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5676
El viceministro explicó que el propósito inicial del DS 5676 era establecer una diferenciación entre los consumidores de combustible: que los grandes consumidores puedan importar o abastecerse de diésel por cuenta propia, mientras que los pequeños usuarios continúen accediendo al combustible a un precio subvencionado.
Sin embargo, reconoció que la aplicación de la medida generó dificultades y rechazo entre sectores productivos que consideran que el nuevo esquema encarece sus costos y pone en riesgo sus actividades.
La declaración de Paredes recibió ovaciones de representantes de la Federación de Interculturales de Yapacaní, que han expresado su rechazo a la disposición y demandan una solución al conflicto.
Sectores amenazan
La revisión del decreto se produce en un escenario de creciente tensión. Productores y otros sectores vinculados a la actividad económica han advertido con asumir medidas de presión, movilizaciones y bloqueos si no se modifica la política de precios del diésel.
El anuncio oficial abre una posibilidad de diálogo, pero también deja en evidencia la dificultad del Gobierno para implementar una medida que buscaba reducir la presión sobre la subvención de combustibles sin afectar a los sectores que dependen del diésel para producir y transportar sus productos.
Para los productores, el precio del combustible tiene un impacto directo sobre el costo de preparar la tierra, sembrar, cosechar, transportar alimentos y movilizar maquinaria. Por ello, cualquier modificación en el precio puede trasladarse rápidamente a toda la cadena productiva.
Mientras el Gobierno evalúa si abroga, deroga o modifica el DS 5676, los sectores movilizados esperan una respuesta concreta que permita evitar nuevas protestas y, al mismo tiempo, garantice el abastecimiento de diésel sin trasladar mayores costos a los productores.
