La propuesta de reformar parcialmente la Constitución Política del Estado (CPE) abrió un debate sobre la necesidad de actualizar el diseño institucional de Bolivia y los límites que debe observar un proceso de esa naturaleza.
El proyecto fue presentado por el diputado de la alianza Libre Carlos Alarcón y plantea modificar alrededor de 30 disposiciones vinculadas con el modelo económico y el sistema judicial en la Carta Magna vigente desde el 7 de febrero de 2009.
La iniciativa busca incorporar nuevos artículos para retirar rango constitucional a determinadas reglas, de modo que posteriormente puedan ser modificadas mediante leyes aprobadas por dos tercios de la Asamblea Legislativa.
Entre los cambios planteados están la eliminación de las elecciones judiciales, nuevas reglas para las inversiones nacionales y extranjeras, arbitraje internacional y modificaciones al régimen económico.
Reforma Constitucional
Para Alarcón, la coyuntura política constituye una oportunidad para emprender una reforma.
“Es el mejor momento para reformar la Constitución”, afirmó el diputado en Piedra, Papel y Tinta.
Considera que Bolivia debe superar disposiciones que, a su juicio, obstaculizan la recuperación económica y la transformación de la justicia.
El proyecto, según el documento al que tuvo acceso La Razón, sostiene que la propuesta permitiría cambiar 17 disposiciones relacionadas con el modelo económico y 13 vinculadas con el sistema judicial.
Además, plantea que, una vez aprobada la reforma mediante referendo, la Asamblea tenga un plazo de un año para aprobar las leyes sectoriales que desarrollen el nuevo esquema.
Proyectos
Según se anunció, el presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro, iba a presentar un proyecto de ley de reforma parcial a la CPE, aunque su alcance estaría relacionado a las autonomías regionales.
La alianza Libre también anunció un proyecto de ley cuyo principal tema en abordar es la reforma económica. La eliminación de las elecciones judiciales es uno de los puntos que genera mayor coincidencia entre los analistas, aunque existen diferencias sobre la alternativa.
Vladimir Peña, analista político, considera que el sistema de elección popular de magistrados fracasó y que debe ser reemplazado por un mecanismo que garantice independencia. “La elección popular de magistrados fracasó”, sostuvo.
Sin embargo, advirtió que trasladar la designación a la Asamblea no resolvería el problema si el proceso termina condicionado por acuerdos partidarios.
Susana Bejarano, analista y politóloga, plantea una preocupación similar. A su juicio, el problema de la justicia no se limita al voto ciudadano, sino que involucra la preselección, la carrera judicial, el presupuesto, la formación y la influencia política. “Podríamos pasar de una elección judicial partidizada a una designación judicial directamente partidizada”, afirmó.
Análisis
Por otra parte, el abogado constitucionalista Fabricio Góngora propuso analizar, en el caso de la elección judicial, un sistema mixto que combine una evaluación previa de méritos con una instancia final de elección. “Podría buscarse un sistema mixto que requiera una evaluación pública de fase previa”, explicó.
El objetivo, según el constitucionalista, sería establecer un filtro que permita identificar a los mejores candidatos antes de someterlos a la decisión ciudadana. El proyecto también propone cambios profundos en las reglas constitucionales sobre inversiones y participación estatal en la economía.
Alarcón plantea prohibir la estatización, nacionalización, reversión y expropiación de inversiones, además de permitir arbitrajes nacionales e internacionales.
El diputado sostiene que Bolivia necesita recuperar la confianza de los capitales privados y cerrar la brecha que mantiene con otros países de la región. “Si seguimos en este estado de desastre económico, vamos a enfrentar en los próximos años un colapso energético”, advirtió.
Propuesta económica
Al respecto, Peña considera que la propuesta económica representa el cambio estructural más importante del proyecto. A su juicio, es necesario garantizar seguridad jurídica, pero sin eliminar completamente la capacidad del Estado para intervenir en sectores estratégicos cuando exista interés público.
Bejarano también cuestiona una prohibición constitucional amplia de las facultades estatales. “La expropiación por utilidad pública existe incluso en economías capitalistas”, recordó.
La politóloga considera que la protección de la inversión debe coexistir con la capacidad regulatoria del Estado y evitar que una orientación económica coyuntural quede congelada en la Constitución.
El arbitraje internacional también genera posiciones distintas. Peña considera que podría mejorar la percepción de seguridad jurídica y contribuir a atraer inversiones.
Bejarano, en cambio, advierte que no debe presentarse como una solución automática.
“Bolivia necesita reglas previsibles, pero la seguridad jurídica debe proteger a ambas partes”, sostuvo.
Impedimento
Más allá del debate político, Góngora identificó un impedimento jurídico para iniciar actualmente una reforma constitucional.
El constitucionalista recordó que el Decreto Supremo 5636 declaró el Estado de excepción por 90 días debido a la conmoción interna. La medida concluye el 18 de septiembre de 2026. Mientras permanezca vigente, sostiene, no puede iniciarse formalmente una reforma.
“No existe condiciones materiales objetivas, tanto en el escenario político, institucional, social y económico”, afirmó Góngora.
El abogado recordó que el artículo 140, parágrafo III, de la CPE establece que una reforma constitucional no puede iniciarse durante un Estado de excepción.
Después de ese periodo, una reforma parcial deberá ser impulsada mediante una ley constitucional aprobada por dos tercios de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa. Posteriormente deberá realizarse un referendo nacional, instancia en la que la ciudadanía tendrá la última palabra.
En el caso de una reforma total o de modificaciones que afecten las bases fundamentales del Estado, los derechos, deberes y garantías, o las disposiciones sobre la propia reforma constitucional, corresponde otro procedimiento.
Escenario político
Góngora considera además que el actual escenario político no es favorable para una transformación de esta magnitud.
“No sería un momento adecuado; su solo tratamiento genera un riesgo sin duda de polarización política”, sostuvo.
El proyecto necesitará construir acuerdos en una Asamblea Legislativa fragmentada. Alarcón confía en que hay condiciones para alcanzar los dos tercios y posteriormente someter la propuesta a referendo.
Sin embargo, advirtió que el respaldo legislativo no garantiza el éxito del referendo. “La aritmética legislativa no es la variable decisiva: lo será el voto ciudadano”, sostuvo.
Bejarano también considera que la aprobación popular será un desafío. “La Asamblea está fragmentada. Ninguna fuerza puede aprobar una reforma por sí sola”, señaló.
El debate está abierto y hay una doble discusión: la viabilidad política de alcanzar acuerdos legislativos y la capacidad de convencer a la ciudadanía sobre la necesidad de modificar la CPE.
