El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, exhortó a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) a priorizar la aprobación de una ley destinada a fortalecer la prevención y atención integral de niñas, niños y adolescentes en situación de calle o en riesgo de llegar a ella.
El pedido fue formulado durante la presentación del informe defensorial “Derechos a la Intemperie: Cumplimiento estatal de la protección integral a niñas, niños y adolescentes en situación de calle en Bolivia”, documento que identifica deficiencias en la atención estatal a esta población.
Callisaya demandó que el “Proyecto de Ley de Prevención y Atención Intersectorial de Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Calle y en Riesgo de Situación de Calle” sea tratado como una respuesta estructural frente a esta problemática.
“No podemos aceptar que niñas, niños y adolescentes permanezcan invisibles para el Estado”, afirmó el Defensor del Pueblo.
Sostuvo que la situación de calle no debe convertirse en una barrera para el ejercicio de derechos fundamentales. “La situación de calle no puede determinar un acceso desigual a la salud, educación, identidad y protección”, remarcó.
En ese sentido, señaló que el Estado debe garantizar una atención integral y permanente, independientemente de las condiciones sociales o familiares de los menores.
Coordinación entre instituciones
La Defensoría también planteó la necesidad de una acción coordinada entre diferentes niveles e instituciones del Estado.
Callisaya exhortó al Órgano Ejecutivo, la ALP, las nueve gobernaciones, los gobiernos municipales y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) a establecer mecanismos conjuntos para atender a niñas, niños y adolescentes en situación de calle.
El objetivo es evitar que la respuesta estatal se limite a acciones aisladas y garantizar el acceso efectivo a servicios básicos y mecanismos de protección.
El informe defensorial identifica problemas relacionados con el acceso a servicios de salud, educación, documentación de identidad y protección integral. Estas dificultades, según la institución, afectan el ejercicio de derechos de una población que se encuentra en condiciones de especial vulnerabilidad.
Recomendaciones internacionales
El planteamiento de la Defensoría también recoge las recomendaciones formuladas en 2023 por el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, que instó a Bolivia a fortalecer sus políticas de protección integral para niñas, niños y adolescentes.
La investigación defensorial fue realizada entre mayo y junio de 2025, a partir de información solicitada a distintas instituciones públicas sobre las medidas implementadas desde 2021.
Con base en esos datos, la Defensoría evaluó el cumplimiento de las obligaciones estatales y las condiciones de atención para esta población.
Callisaya sostuvo que la problemática requiere una respuesta que involucre a las distintas instituciones responsables de garantizar los derechos de la niñez y adolescencia.
La aprobación del proyecto de ley, planteó, permitiría establecer un marco de prevención y atención intersectorial que articule las acciones estatales y fortalezca las políticas destinadas a evitar que más menores lleguen a una situación de calle.
Para la Defensoría, la prioridad debe ser que la condición de vulnerabilidad no determine el acceso de niñas, niños y adolescentes a sus derechos fundamentales.
