El vocero presidencial José Luis Gálvez afirmó este domingo que el Gobierno respetará la independencia del Ministerio Público y descartó cualquier intento de influir en la investigación contra el argentino Fernando Cerimedo.
En entrevista con radio Panamericana, Gálvez sostuvo que el Ejecutivo coincide con la posición expresada por el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, quien advirtió a autoridades que pretendan obstaculizar las pesquisas relacionadas con Cerimedo.
“Nosotros estamos totalmente alineados con los principios que corresponden a hacer justicia”, afirmó el vocero.
Gálvez remarcó que ninguna autoridad gubernamental ni institución estatal debe intervenir, sugerir o ejercer influencia sobre los fiscales que investigan el caso.
“Nadie, ninguna persona del Gobierno ni de ninguna instancia debe interferir, hacer alguna injerencia, alguna sugerencia, alguna influencia en la investigación que debe llevarse a cabo”, sostuvo.
La posición del Ejecutivo se conoce después de que Mariaca lanzara una dura advertencia dirigida a altos funcionarios del Gobierno y otras instituciones públicas, en medio de cuestionamientos sobre una eventual interferencia en las investigaciones.
“Para esos altos funcionarios del Ejecutivo o de cualquier institución pública del Estado, que de alguna u otra manera quieran trancar esta investigación, quieran hacer seguimiento a mis fiscales de materia en Santa Cruz y en Bolivia, que se atengan a las consecuencias”, afirmó Mariaca en conferencia de prensa.
Y agregó: “Nada nos va a parar para investigar este hecho”.
Gálvez sostuvo que el Gobierno espera que la investigación permita establecer la verdad a partir de documentos, pruebas y elementos objetivos.
“Esperamos una buena investigación, esperamos que den con la verdad, esperamos que vean todas las pruebas, los documentos”, señaló.
Según el vocero, el objetivo debe ser diferenciar las acusaciones que carecen de sustento de aquellas que puedan estar respaldadas por evidencia. “El pueblo boliviano debe saber la verdad”, afirmó.
La investigación contra Cerimedo abarca distintos hechos y cobró mayor relevancia después del ataque armado contra Nadia Beller, quien acusó al argentino de estar detrás del hecho. El proceso también derivó en una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.
En paralelo, surgieron cuestionamientos sobre la cercanía de Cerimedo con el presidente Rodrigo Paz y su eventual influencia dentro del Órgano Ejecutivo.
Gálvez reconoció que existen fotografías y registros de la presencia del argentino junto a autoridades, pero señaló que esos elementos no demuestran por sí mismos que haya ejercido funciones dentro del Estado.
“No demuestra que realmente él haya estado tomando decisiones, que haya tenido una función especial en el asunto de ser parte del Estado”, sostuvo.
El vocero reiteró que Cerimedo no consolidó un contrato formal de asesoría o consultoría con el Gobierno.
“El señor Cerimedo nunca consolidó un contrato de asesoría, consultoría, no tiene una relación formal con el Estado”, afirmó.
A su criterio, las participaciones de Cerimedo estuvieron vinculadas con colaboraciones puntuales derivadas de su experiencia y contactos internacionales.
Gálvez consideró, además, que cualquier pronunciamiento de autoridades sobre el fondo de las acusaciones podría ser interpretado como una forma de interferencia.
Por ello, insistió en que corresponde dejar que las instancias judiciales determinen las responsabilidades que correspondan.
La posición oficial busca marcar distancia frente a las denuncias de una eventual influencia de Cerimedo en decisiones gubernamentales y, al mismo tiempo, respaldar el trabajo de los fiscales que llevan adelante la investigación.
