El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Carlos Alberto Goitia, denunció la existencia de un supuesto “sicariato político” dirigido contra autoridades electorales mediante procesos y recursos judiciales.
Goitia cuestionó que algunos sectores recurran a amparos, acciones populares y otros mecanismos constitucionales con el objetivo de promover procesos contra vocales nacionales y departamentales.
“Hay sicarios políticos que lo que quieren es matar a los vocales nacionales y departamentales con amparos, juicios de acciones populares y ese tipo de elementos”, afirmó en entrevista con Pio XII.
El vocal sostuvo que, en algunos casos, estos recursos partirían de denuncias que calificó de “ridículas”, pero que son admitidas por salas y jueces constitucionales.
También denunció que determinadas acciones judiciales buscarían la anulación de partidos políticos en función de intereses económicos particulares.
Goitia expresó su preocupación por la participación de autoridades de la jurisdicción constitucional en este tipo de decisiones y calificó esas actuaciones como “malsanas”.
A su criterio, es necesario reforzar la independencia del Órgano Electoral y establecer con mayor claridad los límites entre sus competencias y las de la jurisdicción constitucional.
La relación entre ambas jurisdicciones generó controversias en anteriores procesos electorales. Algunas salas constitucionales emitieron decisiones sobre la situación jurídica de organizaciones políticas y sobre asuntos vinculados a procesos electorales.
En otro episodio, decisiones de la jurisdicción constitucional llegaron a afectar parcialmente el desarrollo de las elecciones judiciales.
Las declaraciones de Goitia se produjeron en Cochabamba, donde autoridades electorales se reunieron para trabajar en la elaboración de una nueva normativa destinada a regular los procesos electorales del país.
El encuentro busca proyectar cambios al marco electoral y abordar aspectos relacionados con la institucionalidad y el funcionamiento del Órgano Electoral.
En ese contexto, Goitia planteó que la futura normativa también debe contribuir a preservar la independencia de las autoridades electorales frente a acciones externas que puedan interferir en sus decisiones.
